Cuando comenzaron las amenazas arancelarias desde Quito contra Colombia, desde el sector comercial binacional creyeron que iba a ser algo pasajero. En enero muchos pensaron en el 30 % inicial como una forma de presión contra el gobierno de Gustavo Petro; una manera de forzar la cooperación en materia de seguridad que necesitaba Daniel Noboa. Sin embargo, después de cuatro meses, el tono, en lo diplomático y lo comercial, no ha hecho sino elevarse, con el caso del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en el trasfondo político. Las medidas arancelarias de Ecuador, con el argumento de la seguridad, se elevaron esta semana a un 100 %, algo insólito en la relación bilateral.
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“Pensábamos que iba a ser un mes o dos meses máximo, pero luego se puso más fuerte. Empeoró la situación. No se esperaba en realidad esto”, cuenta desde Ecuador Jorge Avellán, gerente de Farmacias Santa Martha, una de las cadenas más grandes del país en ese sector.
La tendencia de usar los aranceles como un elemento de negociación está de moda desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos. La diferencia es que este último se echa atrás con el pasar del tiempo. De allí, el término acuñado por el periodista Robert Armstrong, del Financial Times: TACO (Trump Always Chickens Out), que en español significa “Trump siempre se acobarda”.
Si los mercados reaccionan de forma negativa o la presión económica es demasiada, Trump aplaza o suspende las medidas. Sin embargo, Noboa, uno de los principales competidores por ser el mejor aliado del republicano en la región, junto a Javier Milei en Argentina, no ha retrocedido y, por el contrario, ha triplicado la apuesta. Después de que Gustavo Petro reiteró su postura en defensa del exvicepresidente correísta Jorge Glas, a quien llamó “preso político” a pesar de haber sido condenado por la justicia ecuatoriana por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado, Noboa llamó a consultas a su embajador en Bogotá el miércoles. Petro hizo lo propio con su representante en Quito casi al tiempo de que Noboa anunció el aumento de aranceles, que desde marzo se habían aumentado a 50 %.
Cabe recordar que estamos hablando de un comercio bilateral que ronda los USD 3.000 millones anuales, por lo que el choque tiene efectos directos en empresas, empleo y precios. “Allí van básicamente nuestras manufacturas. Entonces uno tiene desde productos como alimentos, medicamentos, todo el tema farma, de productos de aseo, cosméticos. Pero también productos plásticos, productos químicos, vehículos. Entonces es una canasta bastante diversificada. Para algunas empresas esto es un golpe muy duro, para algunas incluso mortal, porque tienen su mercado allí. Y con un arancel del 100 % o una tasa de seguridad del 100 %, pues simplemente es imposible vender”, describe Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX).
Díaz profundiza con el dato de que son por lo menos 2.700 pequeñas y medianas empresas del lado colombiano las que se verían afectadas por esta medida, bajo riesgo incluso de desaparecer si las medidas se prolongan a la par de la disputa entre los gobiernos. También explica cómo, a pesar de que varias empresas pudieron anticipar una escalada de esta magnitud en diciembre, cuando se rumoreaba que esto podía ocurrir, adelantaron sus despachos. Pero 100 % es un nivel en el que el comercio “se va al suelo (...) usted no consigue un mercado alternativo de la noche a la mañana”.
Del otro lado, la situación no es más fácil. Avellán explica cómo su industria tiene un factor adicional. En Ecuador los precios de los medicamentos son regulados por el Estado, lo que hace que compensar la subida arancelaria con los precios al consumidor sea prácticamente imposible. Son los laboratorios quienes asumen los costos. “Todo lo que es consumo que tiene precio liberado, como aceites corporales o toallas sanitarias, todo eso venía de Colombia. Hay compañías que sí trasladaron, es decir, hicieron un incremento de precios porque es complicado sostener el mismo precio con el incremento de los aranceles (...) Los laboratorios están esperando. Justamente he conversado con dos gerentes y ellos están esperando que la medida no pase de junio y luego solicitar la devolución de esos aranceles por medio de abogados”, explica.
La única vía resulta ser esta, la legal. Díaz explica que probablemente productos que se elaboran o se producen en la zona de frontera podrían pasar de forma irregular, pero hasta eso tiene sus límites. “Usted no puede pasar un carro por una trocha”, dice. Sin embargo, esa zona gris en la que los comerciantes puedan saltarse la norma abre un nuevo frente: el provecho que puedan sacar los grupos al margen de la ley. Para Juan Carlos Salvador, economista ecuatoriano, son estas organizaciones las que más provecho están sacando de la guerra comercial. Al tener presencia en la zona fronteriza, son quienes más sacan réditos.
Califica como “un tiro en el pie” que todo esto haya comenzado por argumentos de seguridad por parte del gobierno de Noboa: “Más allá del tema fronterizo, ya hay una condición de inoperancia al combatir la inseguridad en Ecuador. Pese a que hay destellos, hay voluntad, no se traducen en resultados. Entonces, el sector empresarial, los consumidores, las personas, no pueden tomar decisiones con base en una expectativa que ya no tiene resultados”.
Avellán pone esperanzas en que la Comunidad Andina revise la legalidad de estos aranceles, remarcando los acuerdos macro que han firmado ambas naciones, como el Acuerdo de Cartagena (1969), el Programa de Liberación de Bienes (1993), la Zona de Libre Comercio Andina (1993), el Arancel Externo Común (1995) y las normas de origen andinas (1993). Sin embargo, Díaz es poco optimista en términos de un mundo que olvidó “las reglas de juego”, citando como ejemplo cómo Estados Unidos ha pasado por alto las objeciones de la Organización Mundial del Comercio. Explica que, así el Tribunal Andino de Justicia ordene a Ecuador revertir los aranceles, si Noboa decide no hacerlo, no pueden obligarlo.
La arremetida arancelaria, con Glas en el fondo, volvió a sumir a ambos países en una guerra comercial que parecía superada en marzo después de las primeras mesas técnicas de cooperación entre ambos países, que están suspendidas. La Cancillería colombiana también llamó a consultas a su embajadora, María Antonia Velasco, y todo parece quedar en un punto de voluntad entre dos presidentes que, más que nunca, han demostrado que están en las antípodas políticas, a pesar de tener 580 kilómetros de frontera que deberían primar.
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Por Hugo Santiago Caro
