Más de 1.500 citas de visas retrasadas en un solo día y la posibilidad de cancelar el documento para miembros del gobierno de Gustavo Petro, familiares y personas afines a la Casa de Nariño. Unos mensajes, de lado y lado, que en cuestión de horas pusieron en vilo las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que tienen más de 200 años de historia. Unas amenazas que, de haberse concretado, habrían resultado en la imposición de aranceles del 25 % sobre los productos colombianos con destino a suelo estadounidense y viceversa, algo que habría resultado perjudicial para la economía nacional, si se tiene en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial. Un capítulo que para muchos no tiene antecedentes, pero que deja claro al menos dos cosas: el repertorio de sanciones que el republicano Donald Trump está dispuesto a utilizar para enfrentar una crisis y la necesidad de abrir caminos de diálogo entre Bogotá y Washington, a nivel diplomático y empresarial, pues aún hay temas pendientes sobre la mesa. Entre ellos, por ejemplo, la certificación del país en la lucha contra las drogas.
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Lo que pasó en los últimos días fue descrito por Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Estados Unidos, como un maremoto del cual, si bien ya pasó el impacto, y se podría decir que se superó el primer golpe, aún se están tratando de entender las consecuencias y los cimientos que quedan en pie para seguir adelante, al menos en el próximo año y medio, en el corto y mediano plazo. Durante un encuentro realizado en Bogotá por la Cámara de Comercio Colombo Americana, agregó: “El Gobierno colombiano debe entender los mensajes de disuasión de Trump”. Más aún si, como lo mencionó su compañero de panel, Juan Cruz, exasesor de seguridad nacional para las Américas durante la primera administración del republicano, lo siguiente que se puede esperar es la descertificación de Colombia: “Hoy podemos dar por cierto que eso sucederá y creo que nos tendremos que preparar para el próximo round”.
Esa decisión, que se conocería en septiembre, traería consigo unas consecuencias económicas impuestas desde el Congreso estadounidense e implicaría cortar, congelar o condicionar más los fondos que se desembolsan para la lucha contra el narcotráfico, incluso los que vienen para el desarrollo alternativo que ha seguido USAID a través de varios programas (que de momento fueron suspendidos). La descertificación, según Pinzón, implicaría quitarle las herramientas a Colombia para ser efectivo en este asunto, y en un momento crítico. El más reciente reporte anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito da cuenta de que la producción de cocaína se disparó en un 53 %, alcanzando el récord de 2.600 toneladas. También se registró la cifra más alta de cultivos de hoja de coca: 253.000 hectáreas, 10 % más de lo que se vio en 2022. “Es posible que venga una descertificación”, agregó Pinzón.
Tan solo ha pasado una semana desde que el magnate tomó posesión como jefe de la Casa Blanca y ya se conoce una nueva cara de la política exterior estadounidense, que en Colombia no tardó mucho en revelarse. Cruz se refirió a ella como una fórmula en la que “todas las herramientas del Estado están disponibles para lograr los objetivos”, una en la que los aranceles son la principal arma: “Ya no se habla de una política de Colombia, México o Venezuela”, sino de una que gira alrededor de cuatro temas principales: migración, narcotráfico, China y comercio. Una en la que, en palabras suyas, “los países deben acomodarse a esas prioridades”. Tras lo sucedido el fin de semana, llegó incluso a pensar en la posibilidad de que el gobierno estadounidense prohibiría la entrada de flores colombianas para San Valentín, en un contexto en el que Colombia es el segundo exportador de flores en el mundo y Estados Unidos es el principal destino de ello, sin olvidar que el sector floricultor genera más de 200.000 empleos formales en el país, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario.
De ahí que el llamado de ambos, tanto de Cruz como de Pinzón, haya sido el de generar una agenda de inversión proactiva, pero también el de tratar de desarrollar un diálogo bipartidista fructífero y el de encontrar aliados que fortalezcan la relación bilateral. La cuestión, según el exembajador, es que el Congreso estadounidense ha cambiado rápidamente y que, aunque hay figuras ligadas de alguna manera al país, como Bernie Moreno, que se posesionó recientemente como senador republicano de Ohio, y Rubén Gallego, que legisla por Arizona, el reto es complejo. Eso quedó demostrado, por ejemplo, en que ambos congresistas con raíces colombianas adoptaron una postura diferente ante la crisis del fin de semana. Mientras que Moreno replicó el mensaje sancionatorio del mandatario, reclamando que “el presidente socialista colombiano falló en entender que Trump no es Joe Biden”, el demócrata escribió en la red social X que “la estrategia de Trump de antagonizar a nuestros aliados no es una política inteligente. Solo pone en peligro décadas de asociación”.
Mientras se desarrolló el encuentro alrededor de Estados Unidos y Colombia, dos aviones aterrizaron en el país con connacionales deportados, uno con 91 personas a bordo y otro con 110. Ellos venían de El Paso, Texas, y de San Diego, California. Casi a la par, el aún canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña se reunieron con el delegado de la administración Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quienes dieron a conocer que esta semana se normalizarán los servicios consulares de Estados Unidos en Bogotá. De ahora en adelante, al menos para Cruz y Pinzón, los esfuerzos deben estar centrados en fortalecer los canales diplomáticos. Esa es una de las grandes tareas que tiene Laura Sarabia, quien próximamente, en medio de varias críticas, se convertirá en la cabeza del Palacio de San Carlos y, como tal, tendrá que lidiar con Trump y Nicolás Maduro, pero también con el pedido de direccionar una política exterior por fuera de las redes sociales.
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