España viene por sus galeones

Canto I: Invocación a la musa

El plan de reconquista está en marcha. Se llama “Proyecto Arqueonauta”, es patrocinado por el Ministerio de Cultura de España y avanza en la localización y recuperación de no menos de 3.000 galeones que reposan en los mares del mundo desde la época de la Colonia, la mayoría en el Caribe, específicamente en el Caribe colombiano.

Se creó tras el pleito internacional generado por el hallazgo de las fragatas Juno y La Galga a manos de la firma cazatesoros Sea Hunter, reportado ante los tribunales de almirantazgo de los Estados Unidos en busca de la mitad del botín. Pero España respondió con documentación histórica de un grupo científico y alegatos de un bufete de abogados especializados hasta lograr en el año 2000 que un tribunal de Virginia le reconociera todos los derechos sobre esas naves.

De ahí surgió el equipo de historiadores, arqueólogos submarinos, cartógrafos, geógrafos e ingenieros navales, hoy parte de los “arqueonautas” que completan diez años dedicados a levantar el inventario de embarcaciones españolas de las que el Archivo General de Indias, en Sevilla, guarda pistas de su desaparición a lo largo de las rutas marítimas que la Corona Española utilizaba para transportar las riquezas encontradas en América entre los siglos XV y XIX.

Los apoyan el Museo Naval de Madrid, el Instituto Histórico de la Armada y el Archivo General de Simancas. De cada galeón levantan un perfil, desde su construcción naval hasta las circunstancias del naufragio, incluyendo la historia de las personas y las cargas de a bordo. ¿Por qué son noticia ahora? Fueron ellos quienes sustentaron la defensa técnica española en la demanda que la firma cazatesoros Odyssey Marine Exploration interpuso ante un tribunal de la Florida para reclamar la mitad de la riqueza que transportaba la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida frente a Portugal en 1804.

Greg Stemm, el fundador de la empresa, dice vivir inspirado por La Odisea de Homero. Claro que su caso no es propiamente una parodia de Odiseo, rey de Ítaca, de regreso a su patria en una balsa cargada con un odre de vino, otro de agua y un zurrón de cuero repleto de víveres y golosinas. Se trata del hombre de 52 años que, con la ayuda de su robot Zeus rescató en 2007 en una operación secreta cerca del Estrecho de Gibraltar el mayor tesoro colonial sumergido hasta ahora descubierto: 17 toneladas de monedas de oro y plata. Su odisea fue descalificada por el gobierno de España a través del abogado norteamericano James Goold, quien recibirá de parte del Ministerio de Cultura español unos diez millones de dólares.

Canto II: Se celebra la asamblea

El 22 de diciembre pasado, en un fallo conocido en su totalidad por El Espectador, el juez Steven Merryday decidió que el tesoro y los restos de Las Mercedes son propiedad única de España. ¿Qué tiene que ver esto con Colombia? Mucho. La ministra de Cultura de ese país, Ángeles González-Sinde, acaba de anunciar que la decisión es “vital” porque con el documento en la mano su país recorrerá el mundo defendiendo sus derechos sobre cualquier naufragio con bandera española. Fue respaldada por la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, luego de discutir el tema en el Consejo de Ministros. El Espectador solicitó entrevista con la ministra, pero hasta el momento no la ha concedido.

Según Rafael Azuar, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España —uno de los expertos enviados por el Ministerio de Cultura a Tampa para el caso Las Mercedes—, los censos indican que en todo el mundo puede haber entre 3.000 y 7.000 barcos coloniales de su país en el fondo del mar. Como se calcula que en el Caribe colombiano reposan no menos de 1.100 galeones, el 90 por ciento españoles, es cuestión de tiempo que casos como el del galeón San José o el de las cuatro carabelas de Juan de la Cosa —hundidas en el Golfo de Urabá en 1504— sean cobijados por los mismos efectos.

Lo ha advertido este diario desde hace dos años y causó un debate en el Senado sin que el Gobierno colombiano defina una política concreta. La respuesta ha sido el silencio. Esta vez, a través de una fuente que pidió reserva para su nombre, manifestó que aunque a finales del año pasado el presidente Álvaro Uribe consideró los galeones tema de Estado y reformó la Comisión de Especies Náufragas —incluyendo en ella al canciller Jaime Bermúdez y al empresario Fabio Echeverri Correa—, decidió no participar en el litigio de Las Mercedes a pesar de que como parte civil hay descendientes colombianos de tripulantes. Reclaman el resarcimiento de su honor familiar y la devolución de la fortuna que sus seres queridos habían enviado hacia Cádiz, España, hace más de dos siglos.

Hubo dos reuniones de la Comisión de Especies Náufragas, la última el 14 de noviembre, y a sabiendas de que era inminente el fallo en los Estados Unidos, el Gobierno ni siquiera presentó una nota de protesta ante el tribunal o ante el Departamento de Estado, como se lo solicitó en repetidas ocasiones a la ministra de Cultura, Paula Moreno, el vocero de los familiares en Colombia, el historiador náutico Daniel de Narváez. “La Comisión —dijo la fuente gubernamental— se concentró en la elaboración de un proyecto de ley que reglamentará la defensa, protección o intervención de los naufragios considerados patrimonio cultural de la Nación”.

Según De Narváez, la ley es necesaria, pero “es gravísimo que una potencia mundial en antigüedades náufragas como es la nuestra no haya hecho nada mientras la legislación internacional se consolida en favor de España”. Además, las multinacionales cazatesoros no paran de explorar los mares en busca de nuevos hallazgos. El año pasado El Espectador denunció que al menos cuatro de estas empresas mantienen interés y procesan información de naufragios para actuar incluso sin consultar al Gobierno colombiano o al español. Por el momento el Gobierno, a través de la Dirección Marítima de la Armada, tiene suspendidos los permisos de exploración submarina.

Canto III: En el país de los lotófagos

El documento del 22 de diciembre deja todo en manos de España y niega los derechos de Perú —que sí había reclamado porque la mayoría de las 594 mil monedas rescatadas por Odyssey fueron acuñadas allí— bajo la premisa de que para entonces no existía como país independiente sino como Virreinato. Una pequeña parte de las monedas habían sido acuñadas en la Casa de Moneda de Bogotá, otra razón de reclamo que aquí no se tuvo en cuenta. Sin embargo, el juez también rechazó las pretensiones de los familiares, como la argentina Carola Daireaux y Kinski —casada con colombiano y descendiente del comandante Diego de Alvear— y el colombiano Rafael Mariano Fernández de Lavalle —descendiente del Primer Conde de Premio Real—, con el argumento de que sus antepasados ya habrían sido indemnizados y que no podrían reclamar ante el gobierno español.

Estos fallos están sentando jurisprudencia sobre la suerte futura de los demás naufragios en momentos en que la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo sobre si deben ser regulados por la Convención del Mar de las Naciones Unidas o por la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático que entró en vigor a principios de 2009, pero que las autoridades de Estados Unidos se han negado a suscribir, al igual que Colombia, porque de entrada favorece los intereses de España: las naves hundidas en la Colonia con su bandera eran naves de Estado y gozan de “inmunidad soberana”, lo que impide a cualquier país o empresa intervenir sus tesoros o reclamar parte de ellos.

La tesis fue reconocida por el juez Merryday: “La inefable verdad de este caso es que La Mercedes es un buque naval español y que su pecio, la carga y todos los restos humanos y pertrechos que naufragaron con él son natural y legalmente patrimonio de España y deberían en recta conciencia y conforme a derecho yacer para siempre sin que nadie los perturbe, salvo que haya consentimiento de España y a pesar de cualquier aspiración privada en contra”. Incluso, condenó “el irrespeto de los muertos en el mar”, en memoria a las 249 víctimas de Las Mercedes.

Por estas razones el caso será llevado por Odyssey a una Corte de Apelaciones, como última instancia antes de que Greg Stemm sea obligado a devolver a España el tesoro por avaluar entre los 500 y los mil millones de dólares, movilizado a Estados Unidos en aviones charter 737 en los que a cada silla iba asegurada con el cinturón de seguridad una caneca plástica repleta de monedas. Stemm dijo en un comunicado estar seguro de que en el fallo definitivo le darán la razón.

Canto IV: Los feroces lestrigones

De Narváez dice que si se ratifica el fallo, “póngale usted la firma que España vendrá a recuperar sus naufragios, con la bendición de Colombia, en el año del Bicentenario de la Independencia”. Ya le pidió al procurador general, Alejandro Ordóñez, y al contralor general, Julio César Turbay, que abran investigaciones para establecer si hay negligencia de parte de los funcionarios obligados a defender los intereses nacionales y los de sus ciudadanos.

Lo que el historiador colombiano prevé es lo que el “Proyecto Arqueonauta” denomina “fase de agua”: tomar contacto con los países en cuyas aguas estén los galeones que se fueron a pique en batallas contra los ingleses y los piratas o simplemente porque el saqueo de las riquezas del Nuevo Mundo fue tal que la codicia los hundió. Rescatarlos es una operación multimillonaria. Por ejemplo, la búsqueda e intervención del San José, en aguas cercanas a las Islas del Rosario, ha sido presupuestada en 30 ó 40 millones de dólares. En este caso la Corte Suprema de Justicia declaró en 2007, tras 20 años de pleito, que sus bienes culturales son exclusivos de la Nación, pero el tesoro comercial corresponde en mitades al Gobierno nacional y a la firma norteamericana Sea Search Armada, reconocida como descubridora del lugar del naufragio (ver recuadro).

Entre los expertos hay consenso en que muchos ya pudieron haber sido saqueados, como lo denunció a El Espectador el italiano Claudio Bonifacio, pero será decisión de los Estados si extraen los restos o deciden conservarlos en el mar bajo protección. Antes que dejarlos a la mano de los piratas modernos, España decidió crear museos como Cosmo Caixa, inaugurado por el rey Juan Carlos tras el hallazgo de los galeones Nuestra Señora de Guadalupe y Conde de Tolosa. Otro punto que tampoco ha sido clarificado en nuestro país.

Mientras el Gobierno y el Congreso de Colombia definen algo, seguimos a merced de la ambición de los cazatesoros, como lo admitió el año pasado el senador Jairo Clopatofsky. Precisamente el juez Merryday incluye en su fallo una advertencia a multinacionales como Odyssey para que no violen la ley, por encima de los Estados, autoproclamándose “empresas líderes mundiales en la prospección y extracción de pecios”, salvadoras de un patrimonio olvidado, casi altruistas.

Aún así, el “aire propicio” para desplegar velas que la diosa Calipso le dio a Odiseo hoy todavía sopla a favor de aventureros como Greg Stemm, que parecen protegidos por Poseidón y siempre alcanzan de alguna manera “la tierra de la salvación”.

Los secretos del Archivo General de Indias

La clave en todo este misterio está en las bóvedas de un imponente edificio localizado en Sevilla, España: el Archivo General de Indias y sus 40 mil legajos. Se trata del mayor compendio documental sobre los eventos de La Colonia, en el que cazatesoros, investigadores y ahora el gobierno español basan sus operaciones de búsqueda de galeones. El experto italiano Claudio Bonifacio le dijo a este diario que cuenta con mapas y latitudes de decenas de naufragios en aguas colombianas sobre los que formalizó derechos de copy right desde 1999. Hasta hace unos años era relativamente fácil acceder al Archivo, pero ahora el gobierno español ha restringido las consultas sólo a arqueólogos que no sean sospechosos de ser cazatesoros.

“Rescate del San José está en marcha”

Danilo Devis, abogado en Colombia de Sea Search Armada, anunció lo siguiente a El Espectador a propósito del fallo en los Estados Unidos: “Aún a riesgo de perderlo todo, el Gobierno no está dispuesto a acatar la sentencia de la Corte Suprema que decidió sobre la propiedad del galeón San José. La inclusión de Fabio Echeverri en la Comisión de Antigüedades Náufragas es una clara advertencia de lo que se viene encima. Ante la rotunda y reiterada negativa del Gobierno a un rescate conjunto, con reglas convenidas, SSA se propone recuperar por su cuenta el naufragio, con sujeción a lo resuelto por la Corte Suprema y a lo establecido por la Convención de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental. Se trata de una operación de alto costo, muy compleja, cuya planificación se adelanta en Estados Unidos. Eso se complementará con demanda contra Colombia en ese país, por el desacato del Gobierno a la sentencia de la Corte Suprema que reconoció la propiedad de SSA sobre la mitad de los tesoros. En cuanto a que España aplicaría al San José lo resuelto sobre Las Mercedes, no hay que perder de vista que rescatado el naufragio no necesariamente tiene que ser llevado a Estados Unidos. Ese es otro tema en estudio”.