Víctor Mendoza Ariza perdió el apetito tras escuchar la frase: “Es él”. Ocurrió el pasado 30 de octubre en un restaurante de Lima, mientras, con unos amigos, esperaban sus platos. Entonces cinco hombres, vestidos de civil, con cámaras fotográfica y de video se acercaron a su mesa y lo arrestaron por cargos relacionados con traición a la patria.
La situación fue mantenida en reserva hasta la semana pasada, cuando la prensa peruana reveló que Mendoza, suboficial de inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y quien se había desempeñado como agregado militar en la embajada de su país en Santiago, había espiado y vendido información de defensa a Chile.
Las tensas relaciones entre ambas naciones llegaron a su punto más bajo cuando el acusado confesó que había estado vendiendo información secreta desde sus tiempos en Santiago por tarifas entre los US$5.000 y US$8.000. Según el diario Perú 21, entre los documentos que habría comerciado el espía se encuentra el denominado ‘Plan Quiñones’, que contiene la lista de compras de armamento que Perú realizaría hasta el año 2021, cuando se celebre el Bicentenario de su Independencia.
“Las relaciones con Chile están pasando evidentemente por momentos delicados, eso no lo podemos negar. Un país que espía a otro comete un acto gravemente ofensivo”, aseguró José Antonio García Belaunde, canciller peruano, en la rueda de prensa en que anunció el regreso del presidente Alan García desde Singapur, donde asistía al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec), para ponerse al frente de la situación.
El mandatario convocó el lunes a un consejo extraordinario de Seguridad en donde, a puerta cerrada y en la más absoluta de las reservas, analizó con la cúpula militar las consecuencias del escándalo y la respuesta de su gobierno.
Al sur, al otro lado de la frontera, los chilenos descartaron que su gobierno tenga información secreta de Perú. “Esto forma parte de una estrategia que los peruanos han impulsado desde hace tiempo con el fin de sostener su demanda o pretensión de límites marítimos en La Haya”, aseguró Jorge Pizarro, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo de Chile, en referencia a la demanda marítima interpuesta por Lima en 2008.
Mientras el escándalo avanza, Mendoza, el militar a quien todos los medios peruanos tildan de traidor, sigue recluido en una cárcel de máxima seguridad a la espera de ser juzgado. La prensa especula que, en caso de ser procesado por traición a la patria, sería condenado a 15 años de cárcel.
Por Redacción Internacional
