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El pasado 4 de mayo, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, compartió su “extrema preocupación por la brutal respuesta del Esmad en las protestas en Colombia”, y le pidió al presidente Iván Duque desescalar el conflicto, un mensaje que fue replicado en muchos medios y en redes sociales.
Al reclamo de Meeks se sumaron las voces de otros representantes, como Jim McGovern e Ilhan Omar, así como la de la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos, que exigen poner fin a la represión policial en el país. La senadora del Congreso de Florida, la colombiana Annette Taddeo, también urgió al presidente Duque a parar la violencia contra civiles.
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“Las autoridades de cualquier país tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos y pido al presidente Duque que comunique claramente que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable”, manifestó Taddeo. Incluso el republicano Mario Díaz-Balart aseguró que está “profundamente preocupado por la violencia que está ocurriendo en Colombia, incluyendo la trágica pérdida de vidas”.
Pero fue el representante McGovern, quien tiene una relación especial con Colombia y ha pedido priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, quien envió el mensaje más sonoro: “Estas protestas pueden afectar las ayudas por parte de Estados Unidos”.
Lo que McGovern quiso decir es que, si la situación no cambia y se detienen las violaciones a derechos humanos por parte de la Policía, Estados Unidos suspendería el apoyo a la fuerza pública colombiana aplicando la Ley Leahy.
Organizaciones en Estados Unidos como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un comunicado a comienzos de esta semana, en la que señala que el ESMAD “no debe recibir asistencia de Estados Unidos, ya que tiene un historial atroz de cometer graves violaciones de los derechos humanos con impunidad. Cualquier ayuda al ESMAD probablemente sea y deberá seguir siendo considerada una violación de la Ley Leahy, la cual prohíbe la financiación estadounidense a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos. WOLA recomienda firmemente que se suspenda la venta de materiales antidisturbios a Colombia hasta que se demuestre una adhesión más estricta a los procedimientos adecuados para la desescalada y el uso de la fuerza letal y no letal”.
La ley Leahy es un mecanismo que tiene el Congreso para vigilar qué se está haciendo con la asistencia que brinda Washington a otras naciones. Estados Unidos no entregará, según la ley, asistencia logística o militar a unidades en el extranjero si el Departamento de Estado descubre que estas han incurrido en violaciones a los derechos humanos y no se han tomado correctivos. Este mensaje fue el más notorio, pero ¿cuál es su alcance e impacto realmente?
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En primer lugar, que Estados Unidos tome medidas podría tardar meses. Esta no es la primera vez que se escucha que un congresista pide retirar o suspender los fondos enviados a Colombia. En 2020, para no ir lejos, el senador Patrick Leahy, autor de la ley que lleva su nombre, dijo que los recursos para el país peligraban debido al escándalo por el espionaje a periodistas colombianos por parte de unidades militares de inteligencia y contrainteligencia.
Como explica Gimena Sánchez-Garzoli, directora de la oficina para los Andes de la organización de derechos humanos WOLA, “no fue sino hasta meses después del escándalo que se pidieron informes sobre lo que pasó”. Es decir, que una penalización a Colombia, como el retiro y congelación de fondos de ayuda a través de la Ley Leahy, no es de un día para otro.
El castigo para Colombia puede tardar, pero llega. En 2006, recuerda Sánchez-Garzoli, el Congreso estadounidense congeló 100 millones de dólares de ayuda para Colombia en el año fiscal de 2007 por las acusaciones de colaboración del Gobierno colombiano con el paramilitarismo. En particular, dice la directora de WOLA para los Andes, esta decisión se tomó por los hechos ocurridos en San José de Apartadó en 2005, donde el Ejército de Colombia, en compañía de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), masacró a ocho civiles.
“Durante la época del gobierno de Álvaro Uribe hubo una enorme amenaza y retraso para desembolsar la asistencia, no solo por la masacre en San José de Apartadó, sino que también cuando se destapó el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, por lo que también hubo una reducción de los fondos para el país”, dice Sánchez-Garzoli.
En el contexto actual de Colombia, las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía que han resonado en distintos lugares del mundo podrían conducir a que el Congreso estadounidense congele o recorte los fondos para el país en el futuro, de nuevo. Esto, como señala Sánchez-Garzoli, debería ser motivo de preocupación para el presidente Duque.
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“Estados Unidos no va a querer quedar como la nación que deja que estén pasando estas cosas. Está en sus intereses, siempre va actuar porque lo que busca la Ley Leahy no es tanto sancionar, sino asegurar que el país no sea corresponsable de violaciones graves, además de todas las implicaciones morales y éticas”, dice la directora de WOLA para los Andes.
Para que la Ley Leahy se aplique de manera eficaz, ha sido clave la participación activa de organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel local para reportar las violaciones de la fuerza pública. En esta guía para activistas latinoamericanos que realizó el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo de América Latina junto con el Centro de Política Internacional, las organizaciones pueden encontrar cómo denunciar una violación a la Ley Leahy, qué conductas corresponden a una violación de esta ley y qué evidencia necesita para respaldar su denuncia.
La decisión del presidente Duque de militarizar ciudades en medio de las movilizaciones por el Paro Nacional, advierte Sánchez-Garzoli, viene con muchos abusos y problemas, y lleva a una “brecha de desconfianza más grande en muchos sectores de la sociedad”. Que desde Washington se pronuncien sobre la aplicación de la Ley Leahy debería ser interpretado por el presidente Duque como un pedido urgente para la desescalada de la violencia de inmediato y así no poner en peligro los fondos para el país como sucedió durante el gobierno Uribe.
Sin embargo, hay que destacar que la aplicación de esta ley y el congelamiento de los recursos destinados para Colombia se queda corta y no es suficiente como mecanismo de presión política, pues tiene un efecto muy limitado para generar un cambio de conducta en materia de derechos humanos. Como señala Andrés Aponte, magister en ciencia política de la Universidad de los Andes, los intereses de Estados Unidos en la región hacen que la ayuda se siga canalizando continuamente, a pesar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
“Más allá de ser un mecanismo de condicionalidad política que se aplica a países aliados, lo que ya podría sugerir un limitante a su efectividad por no querer acusar a un socio de incurrir en cierto tipo de conductas, existen intereses estratégicos y de seguridad nacional por parte de EE. UU. que hacen que la ayuda se siga canalizando a dichas unidades, inclusive cuando se tiene evidencia de que incurren en prácticas que atentan contra los derechos humanos”, destaca Aponte.
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Aponte también destaca que la misma ayuda estadounidense ha podido agravar la situación de derechos humanos en Colombia, pues existe una correlación “entre la asistencia del país norteamericano y la violación de derechos”. Según estudios, los militares colombianos, ante la ayuda estadounidense, se sienten más respaldados para ejercer acciones más represivas, abusos y violaciones.
Es decir que, aunque la aplicación de la Ley Leahy se presente como mecanismo de presión para detener las violaciones en Colombia, esto es insuficiente y se necesita otra ruta de gobiernos extranjeros para conducir al país a un cambio de conducta frente a los derechos humanos. Las advertencias sobre el recorte de asistencia militar no bastan para resolver los problemas de fondo.