El presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró el miércoles el estado de emergencia nacional ante la grave situación derivada de las intensas precipitaciones que, desde finales del año pasado, han provocado la pérdida de 51 vidas y afectado a 378.885 familias, debido a severas inundaciones y deslizamientos de tierra.
Según Arce, esta calamidad natural alcanza una magnitud que no se había registrado “en más de cuatro décadas”, lo que justifica la adopción de medidas excepcionales.
Respuesta gubernamental
Con la declaración de emergencia, el Ejecutivo boliviano tendrá la facultad de realizar adquisiciones directas, gestionar financiamiento internacional y desplegar recursos técnicos, logísticos y económicos en las regiones más damnificadas.
Hasta la fecha, la respuesta estatal ha incluido la movilización de más de 4.000 efectivos militares en las zonas afectadas, la distribución de 234 toneladas de ayuda humanitaria, el despliegue de brigadas médicas itinerantes y la implementación de programas sanitarios de emergencia.
Impacto territorial y daños estructurales
La ferocidad de las lluvias ha golpeado a 209 de los más de 300 municipios del país, dejando un saldo de 2.506 viviendas afectadas y 818 completamente colapsadas.
La crisis se ha extendido por los nueve departamentos del país, con Beni, declarado en “desastre”, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz, que ya han emitido declaraciones de emergencia, como los más afectados.
En La Paz, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos han causado estragos en numerosas viviendas. En la región amazónica, particularmente en la cuenca del río Beni, más de 2.000 familias han tenido que desplazarse en embarcaciones improvisadas, estableciendo campamentos temporales a la vera de las carreteras, aguardando el descenso de las aguas.
La crisis se ha visto agravada por la escasez de agua potable, producto de la contaminación de los pozos comunales, un problema que ha sido abordado por la Secretaría de la Comisión de Pesca Continental para América Latina (FAO-COPESCAL).
Las infraestructuras viales también han sufrido graves afectaciones, con puentes y carreteras estratégicas en La Paz y Cochabamba dañados por la crecida de los ríos y los deslizamientos de tierra.
Financiamiento y coordinación interinstitucional
Con respaldo legislativo, la Cámara de Senadores aprobó recientemente un crédito de 75 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a atender las emergencias provocadas por los desastres naturales, incluyendo las lluvias e inundaciones.
Las autoridades han mantenido activa la alerta roja ante el riesgo de nuevas crecidas, siendo Santa Cruz una de las zonas más afectadas, con calles y viviendas sumergidas bajo el agua.
Para fortalecer la respuesta institucional, el Gobierno ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autonomías el próximo lunes en La Paz, con el fin de coordinar esfuerzos entre gobernantes y autoridades regionales para hacer frente a esta crisis de manera eficaz y conjunta.
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