“Estado de excepción busca suspender elecciones”: Carlos Vecchio

 

 

Desde el punto de vista jurídico, no hay justificación para un estado de excepción. Esta es una medida excepcional cuando lo que está a la mano no permite resolver el problema. Esto no cumple con lo dispuesto en la Constitución. Desde el punto de vista político, vemos otro show para desviar la atención de la grave crisis interna venezolana. Desde la perspectiva económica y social, lo que genera es un drama para colombianos y venezolanos.

 

En la frontera hay una profunda integración natural, por encima de las diferencias políticas. Las soluciones pasan por profundizar esa integración, no por separar. Aquí los que pagan son los ciudadanos del territorio fronterizo. Entendemos que hay problemas de seguridad y contrabando que deben ser atendidos, pero la única manera es a través de acuerdos y cooperación entre Colombia y Venezuela.

 

 

Los problemas tienen que ver con los controles de precios y la inflación del lado venezolano. También hay que decir que el gobierno de Venezuela le ha permitido a la guerrilla, de cierta forma, convivir en el territorio fronterizo sin ninguna consecuencia. No ha hecho lo necesario para tener junto con Colombia una política que permita frenar no sólo el paramilitarismo sino a las Farc y otros grupos guerrilleros y de crimen organizado que llevan a cabo el contrabando.

 

 

Los colectivos del chavismo. Eso es paramilitarismo financiado por el Gobierno. En las protestas del año pasado, grupos armados de civiles en determinadas zonas de Caracas estaban ahí para intimidar a la población y atacarla. Muchos de los que murieron fue por causa de esos colectivos. Nunca les han puesto límites, más bien han sido auspiciados y protegidos por el Gobierno. Esta es otra muestra de la doble moral y el doble discurso. En realidad, el enemigo está adentro.

 

 

Esta medida busca no sólo desviar la atención de los problemas internos, sino preparar un ensayo para la suspensión de las elecciones del 6 de diciembre, que hoy el Gobierno tiene perdidas. Todas las encuestas dan una ventaja a la oposición de 23 puntos. El estado de excepción que dictan es de 60 días y se puede extender otros 60. Eso nos lleva casi hasta la fecha de las elecciones.

 

 

Táchira es el estado más opositor. En estas elecciones los sondeos indican que el oficialismo no va a sacar un solo diputado en el Táchira. Lo vemos como una revancha contra este estado, que fue donde se iniciaron las protestas en 2014. Allá no sólo destituyeron al alcalde, Daniel Ceballos, que es de nuestra organización, sino que está preso y tiene casa por cárcel. Es una perturbación más sobre un estado opositor. Buscan generar caos para tener excusa de suspender las elecciones. No sería extraño que esto se extienda a todo el país.

 

Una suspensión de elecciones se traduce simplemente en un golpe de Estado. La OEA ha hecho un esfuerzo descomunal por observar el proceso electoral. Hago un llamado a la región: a Colombia, que tiene mucho que decir, y a Unasur, que ha nombrado una comisión para atender la crisis. Ya hay alertas encendidas de cara al proceso electoral: el Gobierno comenzó inhabilitando a diez candidatos y líderes de la oposición para que no participaran en el proceso. También ha usado a la justicia para intervenir a dos partidos opositores. Eso no reune el estándar de un proceso democrático. El Gobierno busca dividir a la oposición. Más que turismo electoral, la OEA y los países de la región deben impulsar una observación electoral muy calificada.

 

 

Hemos presentado candidaturas unitarias. Todos los partidos que formamos parte de la alianza opositora acordamos nombrar un solo candidato. Para facilitar la campaña designamos un comando unitario. Para facilitar la votación utilizaremos una tarjeta unitaria, sin los símbolos de cada partido. Tenemos un proyecto de agenda conjunta. Para este proceso electoral estamos completamente unidos.

 

 

No sólo tienen a Leopoldo, sino a otros dirigentes de nuestra organización, como Daniel Ceballos, Rosmit Mantilla y Alexánder Tirado. Tenemos orden de detención Antonio Rivera y yo, que estamos en el exilio. Y tenemos 200 casos documentados de amenazas contra miembros de nuestra organización y ataques permanentes para desmoralizarnos. A pesar de esto, sacamos el mayor numero de alcaldes en nuestra elección pasada, y ahora vamos con cerca de 50 candidatos. Aquí estamos y vamos a salir mucho más fortalecidos.

 

 

Cuando comenzaron las protestas, la primera detención que se dictó fue la de Leopoldo López; la segunda fue la mía, el 18 de febrero. Fueron a buscarme en el partido político sin orden de allanamiento ni detención, para capturarme el día antes de que Leopoldo se entregara. Pasé 108 días escondido en Venezuela. Desde allí coordiné con el partido una transición y luego decidimos que yo debía asumir un rol internacional y no estar preso, para denunciar lo que está pasando. Eso me llevó a salir de Venezuela. Uno no puede entender que en pleno siglo XXI tenga que dejar su país por causa de su pensamiento político, pero así fue.

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista jurídico, no hay justificación para un estado de excepción. Esta es una medida excepcional cuando lo que está a la mano no permite resolver el problema. Esto no cumple con lo dispuesto en la Constitución. Desde el punto de vista político, vemos otro show para desviar la atención de la grave crisis interna venezolana. Desde la perspectiva económica y social, lo que genera es un drama para colombianos y venezolanos.

 

En la frontera hay una profunda integración natural, por encima de las diferencias políticas. Las soluciones pasan por profundizar esa integración, no por separar. Aquí los que pagan son los ciudadanos del territorio fronterizo. Entendemos que hay problemas de seguridad y contrabando que deben ser atendidos, pero la única manera es a través de acuerdos y cooperación entre Colombia y Venezuela.

 

 

Los problemas tienen que ver con los controles de precios y la inflación del lado venezolano. También hay que decir que el gobierno de Venezuela le ha permitido a la guerrilla, de cierta forma, convivir en el territorio fronterizo sin ninguna consecuencia. No ha hecho lo necesario para tener junto con Colombia una política que permita frenar no sólo el paramilitarismo sino a las Farc y otros grupos guerrilleros y de crimen organizado que llevan a cabo el contrabando.

 

 

Los colectivos del chavismo. Eso es paramilitarismo financiado por el Gobierno. En las protestas del año pasado, grupos armados de civiles en determinadas zonas de Caracas estaban ahí para intimidar a la población y atacarla. Muchos de los que murieron fue por causa de esos colectivos. Nunca les han puesto límites, más bien han sido auspiciados y protegidos por el Gobierno. Esta es otra muestra de la doble moral y el doble discurso. En realidad, el enemigo está adentro.

 

 

Esta medida busca no sólo desviar la atención de los problemas internos, sino preparar un ensayo para la suspensión de las elecciones del 6 de diciembre, que hoy el Gobierno tiene perdidas. Todas las encuestas dan una ventaja a la oposición de 23 puntos. El estado de excepción que dictan es de 60 días y se puede extender otros 60. Eso nos lleva casi hasta la fecha de las elecciones.

 

 

Táchira es el estado más opositor. En estas elecciones los sondeos indican que el oficialismo no va a sacar un solo diputado en el Táchira. Lo vemos como una revancha contra este estado, que fue donde se iniciaron las protestas en 2014. Allá no sólo destituyeron al alcalde, Daniel Ceballos, que es de nuestra organización, sino que está preso y tiene casa por cárcel. Es una perturbación más sobre un estado opositor. Buscan generar caos para tener excusa de suspender las elecciones. No sería extraño que esto se extienda a todo el país.

 

Una suspensión de elecciones se traduce simplemente en un golpe de Estado. La OEA ha hecho un esfuerzo descomunal por observar el proceso electoral. Hago un llamado a la región: a Colombia, que tiene mucho que decir, y a Unasur, que ha nombrado una comisión para atender la crisis. Ya hay alertas encendidas de cara al proceso electoral: el Gobierno comenzó inhabilitando a diez candidatos y líderes de la oposición para que no participaran en el proceso. También ha usado a la justicia para intervenir a dos partidos opositores. Eso no reune el estándar de un proceso democrático. El Gobierno busca dividir a la oposición. Más que turismo electoral, la OEA y los países de la región deben impulsar una observación electoral muy calificada.

 

 

Hemos presentado candidaturas unitarias. Todos los partidos que formamos parte de la alianza opositora acordamos nombrar un solo candidato. Para facilitar la campaña designamos un comando unitario. Para facilitar la votación utilizaremos una tarjeta unitaria, sin los símbolos de cada partido. Tenemos un proyecto de agenda conjunta. Para este proceso electoral estamos completamente unidos.

 

 

No sólo tienen a Leopoldo, sino a otros dirigentes de nuestra organización, como Daniel Ceballos, Rosmit Mantilla y Alexánder Tirado. Tenemos orden de detención Antonio Rivera y yo, que estamos en el exilio. Y tenemos 200 casos documentados de amenazas contra miembros de nuestra organización y ataques permanentes para desmoralizarnos. A pesar de esto, sacamos el mayor numero de alcaldes en nuestra elección pasada, y ahora vamos con cerca de 50 candidatos. Aquí estamos y vamos a salir mucho más fortalecidos.

 

 

Cuando comenzaron las protestas, la primera detención que se dictó fue la de Leopoldo López; la segunda fue la mía, el 18 de febrero. Fueron a buscarme en el partido político sin orden de allanamiento ni detención, para capturarme el día antes de que Leopoldo se entregara. Pasé 108 días escondido en Venezuela. Desde allí coordiné con el partido una transición y luego decidimos que yo debía asumir un rol internacional y no estar preso, para denunciar lo que está pasando. Eso me llevó a salir de Venezuela. Uno no puede entender que en pleno siglo XXI tenga que dejar su país por causa de su pensamiento político, pero así fue.