Cuatro familiares de la activista venezolana y experta en temas militares, Rocío San Miguel, acusada de “terrorismo”, fueron excarcelados tras recibir libertad condicional, informaron este martes sus abogados.
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“Se ha confirmado que los cuatro familiares de la doctora San Miguel ya fueron excarcelados”, dijo a la AFP Juan González Taguaruco, del equipo legal que aún no ha tenido acceso a la activista y denuncia su “desaparición forzada”.
La defensa señaló que se trata de su hija, Miranda, y el padre de esta, Víctor Díaz Paruta, y dos hermanos de San Miguel, que recibieron medidas cautelares que consisten en “presentaciones periódicas” en el tribunal que lleva el proceso. No están claros los cargos que les imputan.
La directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto que sirve a Caracas. La acusan de “traición a la patria”, “conspiración” y “terrorismo” por su supuesta vinculación a un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro denunciado por las autoridades.
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Su exesposo, Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, un coronel retirado también arrestado en esta operación, quedará igualmente tras las rejas. Le imputaron “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”.
El caso de San Miguel ha despertado conmoción internacional. Estados Unidos se dijo “profundamente preocupado”, al igual que la oficina de derechos humanos de la ONU y la Unión Europea.
San Miguel, en particular, ha visto sus derechos vulnerados desde hace por lo menos 20 años, cuando participó del referendo revocatorio contra Hugo Chávez.
En 2018, por ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a su favor y de otras mujeres denunciantes. Encontró la responsabilidad del Estado por la “violación de sus derechos a la participación política y libertad de pensamiento y expresión, en relación con el principio de no discriminación”.
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Además, la Corte concluyó que “el Estado es responsable por haber incumplido su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo para tutelar los derechos de las víctimas y, en razón de la terminación arbitraria de su relación laboral, por la violación de su derecho al trabajo”.
A comienzos de febrero, el portal de Control Ciudadano informó que la Corte le “recordó, por cuarta vez, al Estado de Venezuela, que el 31 de mayo de 2019 venció el plazo, de un año, para presentar el informe sobre el cumplimiento de la Sentencia en el caso San Miguel Sosa y otros vs. Venezuela, requerido en el punto resolutivo décimo tercero de la misma, sin que haya sido recibido en la Secretaría de dicha Corte”. Poco menos de dos semanas después, San Miguel fue detenida.
En 2012, además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y de su hija a causa de las amenazas y hostigamientos de los que venían siendo víctimas a raíz del trabajo de Control Ciudadano.
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