Este martes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión virtual extraordinaria para “abordar la situación en Nicaragua”, a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, que pidieron la cita para detener la detención de opositores en ese país, que ya asciende a 15: cuatro candidatos presidenciales y once exaliados de Ortega.
El gobierno nicaragüense tacha los reclamos internacionales para que cese el encarcelamiento de opositores como una “injerencia en asuntos internos”.
“Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos de América y el hecho de que, directamente o a través de sus respectivas ONG, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias, con el objetivo de derrocar al gobierno de Ortega”, señaló un comunicado. ¿Quiénes son los perseguidos por Daniel Ortega?
La detención de opositores comenzó el pasado 28 de mayo. El gobierno de Ortega y Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta, no solamente ha ido tras sus rivales en las próximas elecciones del 7 de noviembre, sino que ha detenido a exguerrilleros que lucharon con él contra la dictadura de Anastasio Somoza y que se convirtieron en voces muy críticas del orteguismo.
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Solo el domingo detuvo a Hugo Torres, Dora María Téllez, Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil; el sábado el turno fue para Tamara Rivas, todos miembros de Unamos, formada por exsandinistas y exaliados de Ortega. Antes, el turno había sido para cuatro candidatos presidenciales: Cristina Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Violeta Granera y José Pallais Arana y José Aguerri también fueron enviados a prisión. Todos fueron detenidos de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz” y son señalados de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Hugo Torres. Exguerrillero sandinista, arriesgó su vida en 1974 para liberar de la cárcel al actual presidente del país y verdugo suyo, Daniel Ortega, a quien señaló de encabezar ahora “una nueva dictadura”. “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos”, dijo el general de brigada en retiro y exjefe de inteligencia militar en un video que grabó antes de su arresto.
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El 27 de diciembre de 1974 Torres participó en un comando sandinista que asaltó a la residencia de uno de los ministros del dictador Anastasio Somoza Debayle, que permitió la liberación de un grupo de reos políticos, entre ellos Ortega, que llevaba siete años en prisión.
“Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura", indicó Torres, que es vicepresidente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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José Adán Aguerri. Economista de 59 años, conocido empresario en Nicaragua y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) durante once años.
José Pallais. Exvicecanciller del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional y durante las protestas contra Ortega de 2018 fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo que buscaba una solución al conflicto.
Violeta Granera. Socióloga, quien aspiró a la Vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016. Granera, de 68 años, “es hija de Ramiro Granera Padilla, un senador liberal durante el gobierno de los Somoza, asesinado por un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) poco antes del derrocamiento de la dictadura”, según su biografía.
Támara Dávila. Hija del fallecido coronel retirado sandinista Irvin Dávila, activista y miembro de la Unidad Azul y Blanco, fue detenida en su vivienda cuando estaba con su hija de cuatro años.
Dora María Téllez. Fue compañera de lucha del presidente Ortega, participó el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al entonces presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado hace casi 42 años. Fue ministra de Salud durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) y se distanció del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1995, cuando un grupo de disidentes, entre ellos el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez Mercado, actualmente retirado de la política, fundaron el MRS.
Ana Margarita Vigil. Es hija del fallecido Miguel Ernesto Vigil, que fue ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos durante la primera Administración sandinista. Suyen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos).
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También están presos los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz –detenido en el aeropuerto de Managua tras un viaje por EE. UU.–, Félix Madariaga –analista director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cerrado a finales de 2018 junto con otras organizaciones críticas con el gobierno– y Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana Chamorro, un economista de 50 años, exmiembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo tras las manifestaciones de 2018.
