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¿Hay congresistas proxenetas en Perú? Es la pregunta que medio país se hace desde el 10 de diciembre, cuando tres sicarios a bordo de motos se abalanzaron sobre el taxi en el que viajaba Andrea Vidal Gómez, de 28 años, para dispararle no una ni dos, sino 70 veces. Dos de esas balas le atravesaron la cabeza.
Según las investigaciones fiscales, tal ensañamiento tendría relación con un objetivo: callarla para que no devele detalles de una red de proxenetismo y prostitución en el interior del mismísmo Congreso de la República del Perú, en donde trabajó hasta septiembre de 2024 como asesora en la Oficina Legal y Constitucional, bajo las órdenes de un funcionario de nombre Jorge Torres Saravia.
Vidal murió una semana después, tras una larga agonía en el Hospital Dos de Mayo, en el corazón de Lima, sin poder decir palabra alguna.
Las mismas pesquisas dan cuenta de que Vidal tenía como encargo reclutar a jóvenes mujeres sin experiencia académica ni profesional para que ingresen a trabajar como secretarias o personal administrativo a distintas oficinas del Congreso, con complicidad de los partidos políticos allí representados, para posteriormente ofrecer servicios sexuales a parlamentarios a cambio de que estos voten de determinada manera en sesiones clave.
Testigos entrevistados por distintos medios de comunicación locales, quienes han reservado su identidad, han señalado a Jorge Torres como el organizador de esta práctica delincuencial, que se consumaba con encuentros privados luego de fiestas en apartamentos alquilados vía plataformas como Airbnb. Torres habría despedido a Andrea Vidal y dos trabajadoras más del Congreso por imposición de un alto funcionario, aún desconocido.
Una de las jóvenes involucradas, Isabel Cajo Salvador, quien habría participado en las “fiestas” organizadas por Torres, publicaba contenido en la plataforma para adultos OnlyFans hasta febrero de este año. Inició su carrera en el Parlamento en el área de Administración de Bienes y luego trabajó directamente con Torres, para finalmente moverse a la oficina del congresista Edwin Martínez donde actualmente percibe 7 mil soles (casi 1,900 dólares) al mes, a pesar de no tener ni siquiera el bachillerato completo.
Como es costumbre, la clase política en su conjunto ha intentado desligarse de esta denuncia. El propio Torres rechazó las acusaciones y lamentó la muerte de Vidal. Dijo, además, que él no determinó su despido sino que fue el área de Recursos Humanos del Parlamento, a pesar que un reportaje periodístico del semanario Hildebrandt en sus trece reveló que dos semanas antes del crimen Vidal se reunió con Torres en su despacho, y abandonó el lugar visiblemente afectada.
La crisis ha salpicado al partido Alianza Para el Progreso (APP), que fue el que llevó a Torres al Congreso. Aunque no figura como militante en sus filas, en redes sociales hay varias fotografías suyas participando en actividades proselitistas de esta agrupación, e incluso acompañando a su secretario general, Luis Valdez, excongresista y brazo derecho del líder del partido, César Acuña. Ambos se han desmarcado de Torres.
Acuña, gobernador de la región norteña de La Libertad, tiene una estrecha relación con la presidenta de la República, Dina Boluarte. En múltiples ocasiones la ha defendido de las críticas ciudadanas y uno de sus alfiles, el médico César Vásquez, es actualmente el ministro de Salud del gobierno desde junio del año pasado. Incluso se ha hablado de un cogobierno entre APP y Boluarte, después de que la encuesta de poder de la revista Semana Económica de septiembre diera como resultado que Acuña y Boluarte poseen prácticamente la misma cuota de poder en el Perú.
Mientras se investiga el asesinato de Vidal y la supuesta explotación sexual en dos carpetas fiscales distintas, la Comisión de Fiscalización del Congreso también ha tomado parte del asunto y ha citado a diversos funcionarios para iniciar las indagaciones del caso. Varias bancadas con sitio en el Parlamento han pedido la renuncia del presidente de este poder del Estado, Eduardo Salhuana, quien también es miembro del partido APP, pero él ha descartado que eso ocurra.
La percepción de que existe un Congreso lumpen es evidente. El proxenetismo se une a la larga lista de gravísimos delitos por los que funcionarios o miembros del Parlamento peruano son investigados por la justicia. En las próximas elecciones, la ciudadanía ya no espera buenos representantes; solo que los nuevos no sean peores que los anteriores.
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Por Ricardo Monzón Kcomt | Latianamérica21
