La Casa Blanca afirmó este lunes que no se negó a cumplir la orden de un juez al enviar a El Salvador a decenas de venezolanos a los que acusa de ser criminales.
Así lo sostuvo la portavoz del presidente, Karoline Leavitt, tras la polémica decisión.
“La Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, carente de fundamento legal, se emitió después de que terroristas extranjeros de TdA [Tren de Aragua] ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense", señaló en su cuenta de X.
El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que 238 supuestos miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua habían llegado a su país, tras ser enviados por Estados Unidos para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad.
El anuncio se hizo pocas horas después de que un juez federal en Washington D. C. impidiera temporalmente al presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cinco ciudadanos venezolanos.
“La orden escrita y las acciones de la Administración no se contradicen. Además, como ha dejado claro reiteradamente la Corte Suprema, los tribunales federales generalmente carecen de jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales en virtud del Artículo II para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada”, agregó Leavitt este lunes.
Y remató: “Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense".
La decisión de Washington sobre los venezolanos produjo el rechazo de Miraflores: “Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana”, dijo el gobierno en un comunicado oficial.
La Ley de Enemigos Extranjeros
La ley está diseñada para usarse principalmente en tiempos de guerra; sin embargo, en Estados Unidos solo el Congreso tiene la autoridad para declarar una guerra.
Según la norma, las personas podrían ser deportadas sin una audiencia judicial o una entrevista de asilo, y sus casos serían regidos por la autoridad de tiempos de guerra en lugar de por la ley de inmigración.
Organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron la aplicación de la medida. El juez James Boasberg falló a su favor y emitió una orden de restricción temporal que impide la deportación de los venezolanos durante 14 días, mientras se programa una audiencia sobre el caso.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo ha sido utilizada tres veces en la historia de EE. UU.: durante la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial para detener a unos 120.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés.
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