Fervor por las armas

Cuando de armas de fuego se trata, no hay nada simple en Estados Unidos. Desde que se instauró la Segunda Enmienda de la Constitución, en 1791, los padres de la independencia consagraron el derecho de todos los americanos a poseer y portar armas para su defensa propia. Hoy, ese principio se convirtió en una parte imprescindible de la identidad estadounidense, que ni legisladores, jueces o ciudadanos están dispuestos a discutir.

Ni siquiera tras la matanza del viernes en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut, en donde un hombre de 24 años armado hasta los dientes —tenía tres armas semiautomáticas, dos pistolas y un rifle de asalto tipo M4 que compró de forma legal, pues en ese Estado como en la mayoría del país no se necesita un permiso especial para hacerlo— mató a 27 personas indefensas, 20 de ellas niños menores de diez años.

En medio de la masacre, la peor que vive Estados Unidos en los últimos años, el presidente Barack Obama aseguró, con lágrimas en los ojos, que tomaría decisiones para evitar futuras tragedias. Pero todo hace pensar que, como ha sucedido en otras oportunidades, no podrá hacer mucho. La Constitución y la ley respaldan a los defensores a ultranza del porte de armas, pues restringir la posesión de un rifle o una pistola significa cercenar la libertad que tiene un individuo de defender su integridad física y la de los suyos.

Todos los intentos de los gobiernos —federales y locales— por regular el tema han sido interpretados como un ataque al espíritu de la nación. El Tribunal Supremo siempre ha fallado a favor del porte de armas.

Pero de la mano de ese discurso sobre libertad se mueven también poderosos intereses económicos y políticos. La Asociación Nacional del Rifle (NRA), la más grande organización defensora de la Segunda Enmienda, es una de las más influyentes en Estados Unidos: cuenta con 6 millones de afiliados y un presupuesto anual de 200 millones de dólares para trabajo legislativo en aras de evitar todo tipo de controles a la industria de las armas. Sólo en la campaña presidencial de 2008, la NRA invirtió más de 40 millones de dólares. Por eso, ni republicanos ni demócratas se arriesgan a retar a esta organización, que ha contado entre sus miembros con ocho expresidentes: Ulises Grant, George Bush padre, John F. Kennedy, Theodore Roosevelt y Ronald Reagan, entre otros.

Gracias al fuerte lobby que hacen, hoy los requisitos para adquirir un arma son más laxos —se estima que existen cerca de 300 millones de armas en manos de civiles— e, incluso, es legal en varios Estados exhibir armas de fuego en lugares públicos o cargarlas en la guantera del carro.

Ni los antecedentes, ni las estadísticas de la ONU —que indican que la tasa de homicidios por armas de fuego en Estados Unidos es 15 veces mayor a la sumatoria de otros 22 países desarrollados— logran tocar la Segunda Enmienda. Tampoco lo harán los últimos datos que señalan a 2012 como uno de los años más violentos, con nueve matanzas. Según datos del periódico The Washington Post, desde 1982 se han registrado 61 masacres con armas de fuego en 30 Estados del país y once de las 20 peores masacres cometidas en el mundo tuvieron lugar en Estados Unidos.

Adam Gopnik, periodista de la revista New Yorker, escribió tras la matanza de julio en un teatro de Denver (Colorado) en donde murieron 12 personas: “Muchos países han sufrido una o dos matanzas como ésta: Canadá, Noruega, Inglaterra. Y lo que sucede es que la gente reacciona, hace algo para evitarlas y lo logra, como ha sucedido en Australia en los últimos años. El único país del mundo en el que las masacres de este tipo son habituales, predecibles y recurrentes, es Estados Unidos”.

En su primer gobierno, Obama sugirió algunas iniciativas sobre el control de armas, pero ninguna prosperó, según dijo, porque los republicanos en el Congreso bloquean cualquier iniciativa. Una encuesta del PEW Center señala que más del 70% de los republicanos respalda el derecho a llevar armas de fuego. Lo que no se entiende es que los demócratas, que en teoría favorecen regulaciones más fuertes, tampoco se atrevan a poner el tema en la agenda.

Según abogados, el Congreso de EE.UU. puede proponer una enmienda constitucional con los votos de dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes y ésta debe ser ratificada por las tres cuartas partes de los Estados para que tengan efecto. Algo que, explican analistas, tiene nulas posibilidades.

Cuando se le preguntó al vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, tras la matanza de 20 niños en la escuela Sandy Hook, sobre una reforma que restrinja la venta de armamento en el país, sólo respondió: “No creo que hoy sea el día para discutir de política”. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, le respondió que lo que el país necesita es que Obama “envíe un proyecto de ley al Congreso para solucionar el problema. Eso debe terminar”.

Pero de nuevo alzaron sus voces los defensores del porte de armas. “Rechazamos la utilización indebida de las armas de fuego”, le dijo a la prensa Alan Gottlieb, fundador de la Fundación Segunda Enmienda (FSE). “Hay un lado bueno de las armas que no se puede olvidar (...) Todos estos crímenes completamente locos ocurrieron en lugares donde está prohibido tener armas”, aclaró.

En medio del debate, y como ocurre después de cada matanza, la sociedad estadounidense llora a sus víctimas, mientras se pregunta ¿qué otra tragedia hace falta para controlar ese fervor por las armas? En unos días, todo volverá a la normalidad en un país que lleva más de tres siglos protegiendo el derecho sagrado a la defensa.

Cuando de armas de fuego se trata, no hay nada simple en Estados Unidos. Desde que se instauró la Segunda Enmienda de la Constitución, en 1791, los padres de la independencia consagraron el derecho de todos los americanos a poseer y portar armas para su defensa propia. Hoy, ese principio se convirtió en una parte imprescindible de la identidad estadounidense, que ni legisladores, jueces o ciudadanos están dispuestos a discutir.

Ni siquiera tras la matanza del viernes en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut, en donde un hombre de 24 años armado hasta los dientes —tenía tres armas semiautomáticas, dos pistolas y un rifle de asalto tipo M4 que compró de forma legal, pues en ese Estado como en la mayoría del país no se necesita un permiso especial para hacerlo— mató a 27 personas indefensas, 20 de ellas niños menores de diez años.

En medio de la masacre, la peor que vive Estados Unidos en los últimos años, el presidente Barack Obama aseguró, con lágrimas en los ojos, que tomaría decisiones para evitar futuras tragedias. Pero todo hace pensar que, como ha sucedido en otras oportunidades, no podrá hacer mucho. La Constitución y la ley respaldan a los defensores a ultranza del porte de armas, pues restringir la posesión de un rifle o una pistola significa cercenar la libertad que tiene un individuo de defender su integridad física y la de los suyos.

Todos los intentos de los gobiernos —federales y locales— por regular el tema han sido interpretados como un ataque al espíritu de la nación. El Tribunal Supremo siempre ha fallado a favor del porte de armas.

Pero de la mano de ese discurso sobre libertad se mueven también poderosos intereses económicos y políticos. La Asociación Nacional del Rifle (NRA), la más grande organización defensora de la Segunda Enmienda, es una de las más influyentes en Estados Unidos: cuenta con 6 millones de afiliados y un presupuesto anual de 200 millones de dólares para trabajo legislativo en aras de evitar todo tipo de controles a la industria de las armas. Sólo en la campaña presidencial de 2008, la NRA invirtió más de 40 millones de dólares. Por eso, ni republicanos ni demócratas se arriesgan a retar a esta organización, que ha contado entre sus miembros con ocho expresidentes: Ulises Grant, George Bush padre, John F. Kennedy, Theodore Roosevelt y Ronald Reagan, entre otros.

Gracias al fuerte lobby que hacen, hoy los requisitos para adquirir un arma son más laxos —se estima que existen cerca de 300 millones de armas en manos de civiles— e, incluso, es legal en varios Estados exhibir armas de fuego en lugares públicos o cargarlas en la guantera del carro.

Ni los antecedentes, ni las estadísticas de la ONU —que indican que la tasa de homicidios por armas de fuego en Estados Unidos es 15 veces mayor a la sumatoria de otros 22 países desarrollados— logran tocar la Segunda Enmienda. Tampoco lo harán los últimos datos que señalan a 2012 como uno de los años más violentos, con nueve matanzas. Según datos del periódico The Washington Post, desde 1982 se han registrado 61 masacres con armas de fuego en 30 Estados del país y once de las 20 peores masacres cometidas en el mundo tuvieron lugar en Estados Unidos.

Adam Gopnik, periodista de la revista New Yorker, escribió tras la matanza de julio en un teatro de Denver (Colorado) en donde murieron 12 personas: “Muchos países han sufrido una o dos matanzas como ésta: Canadá, Noruega, Inglaterra. Y lo que sucede es que la gente reacciona, hace algo para evitarlas y lo logra, como ha sucedido en Australia en los últimos años. El único país del mundo en el que las masacres de este tipo son habituales, predecibles y recurrentes, es Estados Unidos”.

En su primer gobierno, Obama sugirió algunas iniciativas sobre el control de armas, pero ninguna prosperó, según dijo, porque los republicanos en el Congreso bloquean cualquier iniciativa. Una encuesta del PEW Center señala que más del 70% de los republicanos respalda el derecho a llevar armas de fuego. Lo que no se entiende es que los demócratas, que en teoría favorecen regulaciones más fuertes, tampoco se atrevan a poner el tema en la agenda.

Según abogados, el Congreso de EE.UU. puede proponer una enmienda constitucional con los votos de dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes y ésta debe ser ratificada por las tres cuartas partes de los Estados para que tengan efecto. Algo que, explican analistas, tiene nulas posibilidades.

Cuando se le preguntó al vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, tras la matanza de 20 niños en la escuela Sandy Hook, sobre una reforma que restrinja la venta de armamento en el país, sólo respondió: “No creo que hoy sea el día para discutir de política”. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, le respondió que lo que el país necesita es que Obama “envíe un proyecto de ley al Congreso para solucionar el problema. Eso debe terminar”.

Pero de nuevo alzaron sus voces los defensores del porte de armas. “Rechazamos la utilización indebida de las armas de fuego”, le dijo a la prensa Alan Gottlieb, fundador de la Fundación Segunda Enmienda (FSE). “Hay un lado bueno de las armas que no se puede olvidar (...) Todos estos crímenes completamente locos ocurrieron en lugares donde está prohibido tener armas”, aclaró.

En medio del debate, y como ocurre después de cada matanza, la sociedad estadounidense llora a sus víctimas, mientras se pregunta ¿qué otra tragedia hace falta para controlar ese fervor por las armas? En unos días, todo volverá a la normalidad en un país que lleva más de tres siglos protegiendo el derecho sagrado a la defensa.