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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en una investigación de carácter criminal contra el conglomerado empresarial que lidera el expresidente de EE. UU., Donald Trump.
La pesquisa de la oficina del fiscal general sobre la Organización Trump, que han estado en curso desde 2019, también continuará como investigación civil, aunque ahora se abre sobre ella y de forma paralela una investigación con un componente criminal.
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“Hemos informado a la Organización Trump de que nuestra investigación sobre su conglomerado ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente los negocios de Trump por su supuesta actividad criminal, junto con el fiscal del distrito de Manhattan”, confirmó a CNN el portavoz de James, Fabien Levy. La organización es el holding de cientos de entidades de Trump, desde hoteles hasta campos de golf.
Esta nueva vertiente de la investigación se centra en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.
Como parte de la investigación, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., obtuvo el valor de ocho años de las declaraciones de impuestos de Trump, entre otros registros financieros, según informó el New York Times. Trump siempre se negó a entrar información financiera, tanto así que llevó el caso hasta la Corte Suprema. El exmandatario alegó que la investigación de Vance equivalía a acoso político.
Cabe recordar que en septiembre de 2020 el New York Times reveló que Trump solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año en que ganó las elecciones presidenciales. “No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, escribe el diario estadounidense. El expresidente tachó el informe del Times como “información falsa”.
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La notificación de James a la organización trae un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.
Trump también enfrenta una investigación criminal en Georgia, donde un fiscal de distrito está investigando sus intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales en ese estado. En enero, pocos días antes de la insurrección, The Washington Post reveló una llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que se escucha al expresidente presionar al funcionario para “encontrar” los votos necesario para irse a la delantera en la carrera por la presidencia. Esto es un delito criminal en ese estado.
“Todo lo que quiero hacer es esto. Sólo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado”, dijo Trump. Por esta razón, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, abrió una investigación que podría terminar con una acción criminal contra el expresidente.
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La Organización Trump reforzó su equipo legal con la contratación a principios de abril de un veterano abogado penalista, Ronald Fischetti, de 84 años.
Con información de Afp y Efe*