La legislatura de Florida aprobó un paquete de leyes destinadas a endurecer la política migratoria del estado. Entre ellas, se encuentra una medida que impone la pena de muerte obligatoria a inmigrantes indocumentados condenados por crímenes capitales.
Impulsada por el gobernador Ron DeSantis y respaldada por legisladores republicanos, forma parte de un conjunto de reformas dirigidas a apoyar las deportaciones masivas promovidas por el presidente Donald Trump.
Sin embargo, a pesar de las advertencias demócratas que encuentran esta ley inconstitucional, fue aprobada en una sesión legislativa especial.
El rol de DeSantis
Ron DeSantis, gobernador de Florida y figura clave dentro del Partido Republicano, además de la pena de muerte obligatoria a inmigrantes indocumentados en casos de asesinato en primer grado, violación de menores y tráfico de drogas, implementó medidas como la eliminación del acceso a matrículas universitarias estatales para estudiantes sin estatus migratorio legal y la creación de un organismo estatal de control migratorio.
También, aseguró fondos para que las autoridades locales cooperen con las agencias federales en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados.
Expertos en derecho han advertido que la imposición obligatoria de la pena de muerte contradice precedentes establecidos por la Corte Suprema de EE. UU., que ha determinado que las sentencias de muerte deben considerar atenuantes y agravantes específicos en cada caso.
Maria DeLiberato, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), calificó en una declaración que la medida como “constitucionalmente inadmisible” y advirtió que “desperdicia los recursos del estado en una batalla legal que seguramente perderá”.
“Florida será un estado más seguro y más fuerte gracias a esta legislación”, declaró DeSantis tras la firma del proyecto.
Entre otros, el Arizona ICE Act
Otra legislatura entra en este debate, como la del Estado de Arizona, que también propuso y pasó el Arizona ICE Act, una medida que obligaría a las autoridades locales a colaborar con el gobierno federal en la aplicación de políticas migratorias a través de ciertos acuerdos.
Este proyecto de ley, impulsado por el republicano Warren Petersen, busca entrenar a oficiales estatales para hacer cumplir las leyes de inmigración federales y retener a detenidos hasta 48 horas para facilitar su deportación.
En contra de esta ley, los demócratas han presentado el Immigrant Trust Act, que prohibiría a las autoridades locales colaborar con las deportaciones, argumentando que la medida pone en riesgo a familias migrantes.
Mientras tanto, la gobernadora Katie Hobbs (demócrata) ha expresado dudas sobre la imposición de este mandato a agencias con recursos limitados y han ocurrido protestas en Arizona que reflejan la creciente oposición a las políticas de deportación del gobierno de Trump.
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