Aunque rondaban los rumores desde hace varios días, una sorpresiva acción por parte del gobierno ecuatoriano, en cabeza de la Agencia de Garantías de Depósitos, tomó este martes posesión de 195 empresas pertenecientes a los hermanos William y Roberto Isaías. Los conocidos ex bancarios, quienes en 1998 dejaron Ecuador tras la quiebra de Filanbanco, son hoy el blanco del gobierno de Rafael Correa, quien aseguró que con esto busca “proteger los bienes del pueblo ecuatoriano”.
Familiares cercanos a Roberto y William Isaías, exiliados en Estados Unidos tras la quiebra del banco (ver recuadro) son dueños de los medios de comunicación: TC-Televisión y TC-Radio; mientras su primo, Álvaro Dassun, es presidente y supuesto dueño de Gamavisión.
Los tres medios de comunicación hacen parte de las incautaciones llevadas a cabo el martes. Esto desató la protesta de sus dueños y directores, quienes alegaron que la medida tenía como objetivo censurar medios de oposición que no refrendaban del todo el proyecto de Correa.
"El Gobierno quiere callar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad", protestó Dassun ayer, frente a las cámaras de los periodistas. La protesta, que se venía presentando desde que corrieran los rumores de la incautación, asuzó los temores de que en Ecuador estuviera sucediendo un episodio similar al ocurrido en mayo de 2007 en Venezuela entre el presidente Hugo Chávez y el canal RCTV, y que condujo a la controvertida cancelación de la licencia.
De hecho, el 5 de julio, el abogado de TC-Televisión, Jaime Damerva, habría comparado la acción con lo ocurrido con Chávez. En ese momento, cuando aún no se efectuaban las incautaciones, Damerva aclaró que el canal era posesión de Estéfano Isaías, hermano de William y Roberto, y quien no estaría involucrado en el proceso que cursa en contra de sus hermanos. Damerva le dijo a EFE, que incluir al canal dentro del paquete de empresas comprometidas en el proceso, no “tiene asidero jurídico” y sería un gran error del Gobierno”.
No obstante estas delcaraciones, el gobierno de Correa procedió a realizar los embargos, que incluyó el despliegue de las fuerzas policiales dentro de las instalaciones de los canales, muchos de los cuales siguieron emitiendo programación pregrabada.
Correa negó que la incautación fuese una jugada política para acallar a la prensa antes del referendo constitucional, que le permitiría buscar la reelección inmediata. Y añadió que “la mala fe, los de siempre, están tratando de desprestigiar al gobierno, (diciendo) que la incautación de los bienes del grupo Isaías se hace en este momento porque el gobierno está declinando en las encuestas y el Sí está perdiendo, y que es una jugada política”, afirmó.
Otros sectores políticos, también lo defendieron. Para el Movimiento Popular Democrático, las acciones “están encaminadas a recuperar los 8.000 millones de dólares del salvataje bancario. Cosa que en los últimos 10 años los gobiernos serviles a la banca y al poder económico del Ecuador, no han hecho”.
Correa explicó ayer que las perdidas de Filanbanco sólo habían podido ser determinadas recintemente, y afirmó que la cifra ascendería a los US$ 661 millones.
Además del ruidoso costo político producido por las incautaciones, el mandatario ecuatoriano perdió también a su Ministro de Economía, Fausto Ortiz, quien renunció ayer. Según versiones periodísticas preliminares, Ortiz habría tomado la decisión, tras asistir a la reunión que determinó el lunes los embargos.
Por Redacción Internacional
