Funcionarios del gobierno Bolsonaro serán investigados por genocidio yanomami
Se buscará esclarecer si violaron sentencias judiciales y cometieron delitos ambientales, entre otros cargos.
La Corte Suprema de Brasil ordenó este lunes que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad de miembros del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) en la práctica de genocidio y de otros crímenes contra la etnia yanomami, dueña de la mayor reserva indígena del país.
La orden fue dictada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, y enviada tanto a la Fiscalía, como al Ministerio Público Militar, al Ministerio de Justicia y a la Policía Federal, informó el máximo tribunal en un comunicado.
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Además de la posible práctica de genocidio, el magistrado ordenó que los diferentes órganos de investigación determinen si los miembros del Gobierno, que no identificó por tratarse de un proceso sigiloso, incurrieron en crímenes como desobediencia de sentencias judiciales, violación de secretos y delitos ambientales relacionados con la vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas.
La decisión fue dictada diez días después de que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarara un “emergencia sanitaria” en la reserva de los yanomamis, la más grande de Brasil, con unos 27.000 indígenas en cerca de 10 millones de hectáreas, ante el “abandono” que sufrieron y por el creciente número de muertos y hospitalizaciones de indígenas por hambre y diferentes enfermedades.
El magistrado citó un informe que recibió de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil sobre la “grave situación humanitaria” que viven los yanomamis por la desnutrición, la propagación de la malaria, los elevados índices de mortalidad y la contaminación de sus ríos por el mercurio usado por los mineros ilegales.
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Barroso afirmó en su decisión que diferentes documentos que analizó “sugieren una situación absoluta de inseguridad para los pueblos indígenas involucrados, así como acciones y omisiones por parte de autoridades federales que la agravaron”.
El magistrado citó posibles actos de desobediencia de decisiones de la Corte Suprema que ordenaron al Gobierno retirar a los cerca de 20.000 mineros que actúan ilegalmente en la reserva, así como de filtraciones de las fechas en que se realizarían las operaciones que permitieron huir a los explotadores artesanales de oro.
En la misma sentencia Barroso reiteró la orden que dictó en 2020 para que el Gobierno use fuerzas militares y policiales para retirar a todos los mineros ilegales que actúan en las reservas de las etnias yanomami, karipuna, uru-eu-wau-wau, kayapó, arariboia, mundurucu y trincheira bacajá.
Tal decisión fue dictada para evitar la propagación de la covid-19 en las reservas indígenas y nunca fue cumplida por el Gobierno Bolsonaro.
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En ese sentido, Barroso estableció un plazo de 30 días para que el Gobierno de Lula, que asumió su tercer mandato el 1 de enero, presente un diagnóstico sobre la situación de las comunidades indígenas y un plan, con cronograma, para cumplir la orden de retirar a los mineros ilegales de las reservas.
Antes de conocerse la decisión del Supremo, el Ministerio Público Federal (MPF) informó este lunes que abrió otra investigación para determinar si las acciones u omisiones del Estado contribuyeron a la crisis humanitaria que viven los yanomamis.
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La Corte Suprema de Brasil ordenó este lunes que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad de miembros del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) en la práctica de genocidio y de otros crímenes contra la etnia yanomami, dueña de la mayor reserva indígena del país.
La orden fue dictada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, y enviada tanto a la Fiscalía, como al Ministerio Público Militar, al Ministerio de Justicia y a la Policía Federal, informó el máximo tribunal en un comunicado.
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Además de la posible práctica de genocidio, el magistrado ordenó que los diferentes órganos de investigación determinen si los miembros del Gobierno, que no identificó por tratarse de un proceso sigiloso, incurrieron en crímenes como desobediencia de sentencias judiciales, violación de secretos y delitos ambientales relacionados con la vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas.
La decisión fue dictada diez días después de que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarara un “emergencia sanitaria” en la reserva de los yanomamis, la más grande de Brasil, con unos 27.000 indígenas en cerca de 10 millones de hectáreas, ante el “abandono” que sufrieron y por el creciente número de muertos y hospitalizaciones de indígenas por hambre y diferentes enfermedades.
El magistrado citó un informe que recibió de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil sobre la “grave situación humanitaria” que viven los yanomamis por la desnutrición, la propagación de la malaria, los elevados índices de mortalidad y la contaminación de sus ríos por el mercurio usado por los mineros ilegales.
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Barroso afirmó en su decisión que diferentes documentos que analizó “sugieren una situación absoluta de inseguridad para los pueblos indígenas involucrados, así como acciones y omisiones por parte de autoridades federales que la agravaron”.
El magistrado citó posibles actos de desobediencia de decisiones de la Corte Suprema que ordenaron al Gobierno retirar a los cerca de 20.000 mineros que actúan ilegalmente en la reserva, así como de filtraciones de las fechas en que se realizarían las operaciones que permitieron huir a los explotadores artesanales de oro.
En la misma sentencia Barroso reiteró la orden que dictó en 2020 para que el Gobierno use fuerzas militares y policiales para retirar a todos los mineros ilegales que actúan en las reservas de las etnias yanomami, karipuna, uru-eu-wau-wau, kayapó, arariboia, mundurucu y trincheira bacajá.
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En ese sentido, Barroso estableció un plazo de 30 días para que el Gobierno de Lula, que asumió su tercer mandato el 1 de enero, presente un diagnóstico sobre la situación de las comunidades indígenas y un plan, con cronograma, para cumplir la orden de retirar a los mineros ilegales de las reservas.
Antes de conocerse la decisión del Supremo, el Ministerio Público Federal (MPF) informó este lunes que abrió otra investigación para determinar si las acciones u omisiones del Estado contribuyeron a la crisis humanitaria que viven los yanomamis.
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