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En una rueda de prensa celebrada en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Varda, de nacionalidad peruana, explicó que la Coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la CPI es una alianza de 2.500 organizaciones del mundo que abogan por una Corte Penal Internacional justa, efectiva e independiente.
Varda dijo que en Managua se ha reunido con autores y diferentes autoridades que están involucradas en el proceso de adhesión a la CPI, con quiénes discutió cuáles son las objeciones que se han presentado para que la corte tenga vigencia en Nicaragua.
Explicó que el Estatuto de Roma ha sido ratificado por 108 países y en América Latina sólo faltan cuatro: Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Chile. Los fallos de la CPI, aclaró Varda, no tienen efectos retroactivos y la entidad sólo puede conocer de hechos o situaciones a partir del 1 de julio de 2002.
Cuando un Estado decide aceptar la jurisdicción de la Corte, el Estatuto de Roma entra en vigor para él el primer día del mes siguiente a la conclusión de un período de 60 días que se inicia cuando deposita formalmente el instrumento de ratificación en las Naciones Unidas, indicó Varda.
La coalición lleva once años recopilando información sobre cómo algunos países han superado escollos constitucionales para adherirse a la CPI, que tiene sede en La Haya, Holanda, agregó.
Señaló que por eso brinda herramientas que puedan servir a los actores para que adopten las decisiones necesarias, como datos comparativos de cómo otros países latinoamericanos superaron vacíos para adherirse al Estatuto de Roma.
Norwin Solano, abogado del CENIDH, precisó que autoridades de la Cancillería nicaragüense y diputados de la Asamblea Nacional, receptivos a las explicaciones sobre el funcionamiento de la CPI, se han reunido con Varda.
“Esa receptividad es un aliciente de que hay esperanzas en este país de que en algún momento de la historia pueda estar en vigencia la CPI y que Nicaragua sea parte de ese concierto de naciones que están dispuestas a luchar contra la impunidad”, dijo Solano.
El letrado enfatizó que la CPI es una institución fuerte, permanente y objetiva que ventila crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad. “Las condiciones que se han venido generando en el actual contexto político quizás no sean las más propicias, pero creemos que hay suficiente capacidad y personas vinculadas a la Asamblea Nacional convencidas de la necesidad de que la CPI entre en vigencia y que Nicaragua reconozca la jurisdicción de la corte”, sostuvo.
La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia, lamentó que Nicaragua sea uno de los pocos países latinoamericanos que no se ha adherido al Estatuto de Roma.
Autoridades de Nicaragua ponen objeciones para adherirse al Estatuto argumentando escollos legales, ya que la Constitución de este país no establece la cadena perpetua ni la extradición de nacionales.
Varda recordó que la CPI “sí permite la pena perpetua, pero Nicaragua no”. La Constitución del país centroamericano no permite la extradición de nacionales, pero el Estatuto de Roma no habla de extradición, sino que utiliza la figura de la entrega, “que es totalmente distinta”, y resuelve dificultades de tipo constitucional, aclaró.
La coordinadora de la Coalición por la CPI llegó a Managua procedente de El Salvador y con su visita a Nicaragua concluyó su periplo en Centroamérica.
Por Agencia EFE
