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El Gobierno británico suscitó la polémica al proponer trasladar de los meses de otoño a la primavera, lo que conllevaría un retraso inicial, el histórico discurso anual de la reina Isabel II, en el contexto de un proyecto de ley para ampliar de cuatro a cinco años las legislaturas en el Reino Unido.
Según la iniciativa del Ejecutivo de coalición, el discurso real, preparado por el Gobierno y que detalla los proyectos legislativos previstos para el ejercicio, pasaría a realizarse en mayo o junio -en lugar de en noviembre o diciembre, como hasta ahora-, para hacerlo coincidir mejor con el calendario de las nuevas hipotéticas legislaturas de cinco años, que empezarían en mayo, tras la celebración de elecciones generales.
Tradicionalmente el discurso, que inaugura con pompa el curso parlamentario, se celebra en noviembre, pero en épocas de elecciones eso significa que los gobiernos tienen sólo seis meses para tramitar las leyes que han anunciado antes de la nueva cita con las urnas, en mayo.
El Gobierno argumenta que trasladando el debate a la primavera se evitaría esa situación.
Sin embargo, ha suscitado la polémica al proponer, en el contexto de su proyecto de ley para fijar en cinco años la legislatura, que actualmente debate el Parlamento, que el próximo discurso real se celebre en la primavera del 2012 -saltándose el del 2011-, lo que daría al Ejecutivo casi dos años para tramitar la legislación ya anunciada.
El Partido Laborista, en la oposición, describió el aplazamiento como una excusa del Ejecutivo "para ganar poder", ya que de ese modo tendrá más tiempo para impulsar sus propuestas más controvertidas.
Para defender su posición, el viceprimer ministro, el liberaldemócrata Nick Clegg, aseguró que el retraso sólo se daría en este ejercicio "de transición", para dar tiempo a aprobar la legislación que ahora se debate y mantener la coincidencia con el ritmo de las nuevas legislaturas.
La Cámara de los Comunes debate estos días un proyecto de ley para fijar las legislaturas en cinco años, en lugar de la situación actual, en la que los primeros ministros pueden convocar elecciones antes si lo creen oportuno, lo que suelen hacer cada cuatro años.
Por El Espectador
