28 Aug 2020 - 12:00 p. m.

Gobierno de Maduro se aprovecha de la pandemia para aumentar la represión en Venezuela: HRW

Las fuerzas de seguridad venezolanas han incrementado las detenciones arbitrarias y los hostigamientos durante la emergencia sanitaria, así como también censuran a quienes compartan contenido crítico al gobierno a través de sus redes sociales.

Redacción Mundo

Internacional

Las autoridades venezolanas han aprovechado las medidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población, señaló este viernes un informe de la ONG Human Rights Watch.

“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El gobierno de Nicolás Maduro decretó el estado de excepción para combatir el COVID-19 a mediados de marzo de 2020, siendo uno de los últimos países en hacerlo. Para evitar la propagación del virus, la administración chavista dispuso medidas como la restricción a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas.

Sin embargo, el decreto venía con trampas. La orden ejecutiva autoriza emitida el 13 de marzo dio a las fuerzas de seguridad venezolanas el poder para realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existen una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto. Estas medidas, de acuerdo con HRW, son las que han permitido que Maduro abuse de su poder dentro del país, siguiendo el mismo patrón de los abusos sistemáticos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad que se han documentado desde 2014.

De hecho, el presidente venezolano ha prorrogado el estado de excepción ya cinco veces, superando el límite de 60 días que establece la Constitución venezolana. Esta prórroga se hizo sin la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que no aprobó las medidas, aunque la ley exige tal aprobación.

Y es durante estos meses, de acuerdo con HRW, que las fuerzas de seguridad venezolanas han aplicado una estrategia de represión contra los críticos del gobierno venezolano. Periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos han sido detenidos de forma arbitraria y procesados penalmente, denuncia el informe de la ONG internacional.

“El estado de alarma con relación al coronavirus ha sido un pretexto magnifico para que el régimen de Maduro haga lo que mejor sabe hacer que es reprimir”, cuenta Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de HRW para las Américas. “Es cierto que estas son medidas que se han visto en el pasado, pero vemos con preocupación que se han intensificado las detenciones en los últimos meses, con relación a los meses anteriores a la pandemia”, agrega.

A partir de un análisis de casos reportados por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación venezolanos, HRW identificó 162 casos de personas que habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio. La organización no gubernamental venezolana Foro Penal, por su parte, informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio.

“En algunos de los casos reportados los detenidos sufrieron abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados”, documentó Human Rights Watch en el informe. “Agentes de las fuerzas de seguridad también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video”, agrega el reporte.

La ONG estadounidense señala a las Fuerzas Armadas, la policía, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), como los principales culpables de los hostigamientos durante la cuarentena, sobre todo a opositores políticos, manifestantes y periodistas. También lo hace con los denominados “colectivos”, quienes de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, han controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en zonas populares.

“Organizaciones locales han documentado que agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron en forma arbitraria a quienes no usaban mascarillas o estaban reunidos en grupos en la calle, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles presuntamente por haber incumplido medidas de cuarentena”, reporta HRW en el informe publicado este viernes.

Persecuciones virtuales

En numerosos casos reportados desde el inicio del estado de excepción, las personas que compartieron o publicaron información en redes sociales cuestionando a funcionarios públicos o criticando políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir.

“En la Venezuela de hoy no es posible siquiera compartir un mensaje privado via WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, explica José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Este fue el caso de la bioanalista Andrea Sayago, quien luego de enviar un video por WhatsApp a varios compañeros, en el que pedía que tomarán todas las medidas para evitar contagiarse, fue hostigada al punto de que fue obligada a renunciar del Hospital Pedro Emilio Carrillo en la ciudad de Valera, estado Trujillo. Los directores del centro de salud consideraban que sus mensajes constituían actos de terrorismo.

Pero luego de su renuncia, y tras varios hostigamientos por parte de las fuerzas de autoridad, Sayago fue detenida sólo después de que la esposa del gobernador del estado Trujillo, Jacqueline Peñaloza de Range, perteneciente al partido de Maduro, pidiera que fuera castigada. En una audiencia judicial que tuvo lugar el 6 de abril, se acusó a Sayago de uso indebido de información privilegiada a cargo de un funcionario público y se le otorgó el arresto domiciliario.

Sayago y sus abogados no han tenido acceso al expediente debido a las restricciones adoptadas por la pandemia, algo que no parece ser un caso particular, sino que obedece a un patrón de obstaculización de las diligencias judiciales. Por cuenta de la pandemia, los tribunales están funcionando con un cronograma limitado, lo que ha generado demoras en la tramitación de liberaciones y en el acceso a expedientes por parte de los abogados defensores.

“Vemos cómo se usa el coronavirus como excusa para que los acusados y sus abogados no puedan tener acceso a los expedientes, para hacer allanamientos sin órdenes judiciales y para que no se pueda tener contacto con los juzgados. Esto lo que termina logrando es que se prolonguen las detenciones y los procesos penales arbitrarios”, explica Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de HRW para las Américas.

El informe de la ONG internacional reafirma en que nada de lo que está ocurriendo en Venezuela es nuevo. Muchas de estas tácticas siguen el mismo patrón que los abusos sistemáticos perpetrados por el gobierno contra opositores desde 2014. Por ello, HRW insiste en que esta emergencia sanitaria no debe servir de pretexto para violentar derechos fundamentales.

“Toda restricción de otros derechos debe estar prevista en la ley y debe resultar necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia”, concluye el informe.

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