El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por las amenazas de muerte denunciadas por los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. En un comunicado, la entidad condenó la intimidación por parte de grupos narcoterroristas y organizaciones armadas, señalando que estos actos amenazan la estabilidad democrática de toda la región.
“Estos incidentes, tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia. Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, señaló el Departamento de Estado.
La campaña de la senadora Paloma Valencia fue la primera en denunciar la circulación de mensajes intimidatorios en redes sociales, donde se utilizaba su imagen junto a símbolos fúnebres. Luego, el candidato Abelardo de la Espriella también dijo que estaba siendo blanco del mismo tipo de ataques.
Estas denuncias elevaron la alerta desde Washington, que vinculó estas tácticas con las épocas más violentas de la historia del país. La administración de Donald Trump instó así al Gobierno de Colombia a reforzar los esquemas de protección para los candidatos.
“Las autoridades colombianas deben investigar plenamente estas amenazas. Es nuestra firme expectativa que actúen de manera rápida y decisiva. Hacemos un llamado al gobierno para que mantenga medidas de protección sólidas para que todos los candidatos puedan hacer campaña libre y segura”, manifestó el Departamento de Estado.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta COP 1.000 millones por información que permita evitar atentados contra los aspirantes a la Casa de Nariño. El despliegue de la fuerza pública también se ha intensificado, disponiendo de más de 100 agentes de protección y vehículos blindados exclusivos para las candidaturas presidenciales.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Estado está brindando garantías de seguridad “sin sesgos políticos” para todas las candidaturas. El procurador general, Gregorio Eljach, y la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, han coincidido en que la transparencia de los comicios de mayo depende de que los candidatos puedan hacer política sin temor a represalias.
El Departamento de Estado concluyó su comunicado apuntando que está “trabajando de cerca con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad y garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un entorno transparente y seguro”.
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