La franquicia de Grand Theft Auto de la compañía Rockstar Games, que este jueves lanza su muy anticipado GTA6, el “videojuego más esperado de la década”, ha tenido tanto éxito comercial como escándalos en parlamentos de todo el mundo. Ya en 1997, tras el lanzamiento de su primer título, el juego fue condenado en la Cámara de los Lores del Reino Unido como una influencia perjudicial para los jóvenes por dinámicas violentas.
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Una década después, tras el estreno del aclamado “GTA San Andreas”, la entonces senadora estadounidense y luego candidata presidencial Hillary Clinton puso contra las cuerdas a Rockstar Games, luego de que se descubriera un minijuego sexual oculto en esta entrega con el que se incumplían las condiciones para su venta a menores de edad.
Entre 2012 y 2021, el juego volvió a la escena política en el estado de Illinois (EE. UU.), donde se buscó prohibirlo argumentando que fomentaban el “aumento en el robo de vehículos en Chicago”. Y el año pasado lo hizo de nuevo, cuando el diputado polaco Witold Tumanowicz se quejó en el parlamento de Polonia por el retraso del videojuego.
Todos esos casos tienen algo en común: ninguna investigación política frenó la saga y, por el contrario, casi siempre le dio más impulso comercial. Pero esta vez GTA ha vuelto a la arena política por dos asuntos que son el pilar de su negocio, y que sí podrían salir más caros: quién hace los juegos y quién los compra.
En octubre del año pasado, Rockstar despidió a 31 empleados en el Reino Unido, varios de ellos del equipo de GTA VI. Según la compañía, los trabajadores compartieron información confidencial en un foro público por lo que era un despido “justificado”, pero el Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB) dijo otra cosa: que ese foro era un servidor privado de la plataforma Discord donde los empleados se organizaban, y que los despidos fueron una represalia por intentar sindicalizarse.
Este movimiento de Rockstar llegó a calificarse como el acto más despiadado de represión sindical en la historia de la industria británica del videojuego y hoy el caso sigue en manos de la justicia. De hecho, esta misma semana, un tribunal laboral en Glasgow escucha los alegatos finales del caso, que ya llegó al Parlamento británico.
Desde hace dos décadas, Rockstar enfrenta denuncias laborales por prácticas como el “crunch”, las horas extras de trabajo obligatorias durante el desarrollo de un videojuego, especialmente en la antesala de su lanzamiento. Algunas denuncias de 2018 documentan hasta cien horas de trabajo a la semana (casi 17 al día, incluyendo los sábados) en el desarrollo de otro juego insignia de la compañía, el Red Dead Redemption 2. Hoy los trabajadores sindicalizados aseguran que esta dinámica sigue “incorporada” en sus contratos, algo que la matriz Take-Two ha negado al decir que retrasó el lanzamiento de GTA6 justamente para evitar que esto se repitiera.
A pesar de los movimientos de la compañía por asfixiar el sindicato, los empleados siguieron adelante y fundaron el sindicato Rockstar Game Workers Union y pidieron a la empresa el reconocimiento voluntario el pasado 30 de junio. Tras meses de conversaciones, la votación también está programada para esta semana. Cerca de 1.600 trabajadores están habilitados para votar y, si gana el sí a favor del sindicato, este se convertiría en el mayor sindicato reconocido del sector en el país.
Sobre la mesa están los salarios y bonos, las horas extra, la flexibilidad laboral, los despidos y las políticas de inteligencia artificial, lo que podría presentar un shock para el futuro de la industria del videojuego.
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¿Qué se compra cuando se compra un videojuego?
El otro frente de lucha contra GTA es el de la propiedad y la pregunta de qué significa realmente comprar un videojuego. Cuando Rockstar abrió las reservas para la nueva entrega el pasado 25 de junio se confirmó que la edición “física” de GTA VI no traería disco, sino una caja con un código de descarga. La versión estándar estaba en USD 79,99 y la Ultimate en USD 99,99.
Strauss Zelnick, director de la compañía dueña de Rockstar, Take-Two, defendió la decisión diciendo que su negocio ya es digital en más de un 90 %. Sin embargo, esto ha molestado a muchos usuarios. Las tiendas digitales suelen usar un lenguaje de compra con botones como “comprar ahora” o “agregar a la biblioteca”, términos que sugieren que se está adquiriendo una propiedad. Sin embargo, jurídicamente casi siempre se trata de un acceso condicionado, pues los usuarios no terminan siendo dueños del juego.
Un ejemplo de esto es The Crew, videojuego desarrollado por Ubisoft, cuyos servidores se apagaron en 2024 y dejaron el juego inservible incluso para quienes tenían la copia física. De ahí nació el movimiento “Stop Killing Games” o “Dejen de matar los juegos” en español, que reunió más de 1,3 millones de firmas en una iniciativa ciudadana europea para evitar que las compañías vuelvan injugables los videojuegos vendidos cuando finaliza su soporte oficial o cierran sus servidores. La lucha, que saltó al Parlamento Europeo, también llegó a Estados Unidos.
El pasado 15 de octubre, el congresista demócrata Ritchie Torres usó una caja de GTA VI para presentar su “Power to the Players Act”, una proyecto de ley que haría que la Comisión Federal de Comercio (FTC) escribir reglas para que al comprar un juego digital se dé propiedad y no una licencia revocable a los usuarios. También busca proteger la posibilidad de transferirlo o revender el juego y exigiría un modo sin conexión antes de que se apaguen los servidores.
“Si lo pagas es tuyo”, resume Torres en su proyecto.
Para convertirse en ley, la idea de Torres tendría que pasar por una comisión, ser aprobada por la Cámara de Representantes y por el Senado y recibir la firma del presidente. El proyecto no está radicado todavía y se espera que se introduzca una vez tome posesión el nuevo Congreso en enero de 2027. Desde ya, analistas advierten que lo difícil será definir qué es una propiedad duradera sin volver técnica o económicamente inviables ciertos juegos en línea.
En Brasil, por otro lado, también avanza un proyecto de la diputada Jandira, inspirado en el movimiento europeo, que busca obligar a las compañías desarrolladoras dar un aviso con 180 días antes de apagar servidores, a ofrecer soporte mínimo de dos años y a dar alternativas como un modo sin conexión, herramientas para servidores comunitarios o reembolso a los jugadores.
Sin embargo, si algo enseña la historia de GTA es que los escándalos y las investigaciones le suelen salir baratos. Y como las cajas de GTA VI sin disco se vendieron bien a pesar de las quejas de los usuarios, facturando casi USD 1.600 millones antes de su lanzamiento, todo parece indicar que los ajustes a la industria vendrían no de la demanda del mercado, sino del resultado de la votación sindical en Rockstar y del fallo del tribunal de Glasgow.
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