Para el gobierno ecuatoriano, la confesión realizada por el ex viceministro de Seguridad, José Ignacio Chauvín, sólo tiene la intención de perjudicarlo y favorecer a Colombia en medio de la actual crisis diplomática. “Aquí hay una conjunción de intereses que están actuando en vísperas del proceso electoral (del 26 de abril), y evidentemente buscan generar un manto de duda respecto del gobierno”, aseguró el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal.
Sin embargo, cada día las cosas se complican para el gobierno. Editorialistas le piden al presidente Rafael Correa responder a las acusaciones ,y periodistas buscan explicaciones para las evidencias que aparecen cada día sobre la presencia guerrillera en Ecuador.
El jueves la Fiscalía General de Ecuador informó que el ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, quien renunció a su aspiración legislativa por el escándalo, podría ser llamado a declarar sobre sus vínculos con el ex funcionario Ignacio Chauvín, imputado por una supuesta relación con narcotraficantes y quien declaró haber mantenido contactos con las Farc.
En una entrevista con la cadena Ecuavisa, Washington Pesántez, titular de esa dependencia, declaró que el fiscal encargado de investigar el bombardeo de Angostura, donde murió Raúl Reyes, le informó que interrogaría a Larrea. “Va a ser llamado a declarar oportunamente para que explique qué tipos de nexos mantiene con Ignacio Chauvín. Hay muchos cabos sueltos en esta historia”, aseguró.
Por su parte, Larrea afirmó desconocer la relación de Chauvín con Raúl Reyes y el campamento ilegal de las Farc y acusó a la oposición de querer dañar su imagen.
El caso Chauvín también salpicó a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), pues Chauvín trabajó hace algunos años como colaborador de la asociación y ahora es acusado de traficar droga de la guerrilla colombiana. Debido a las acusaciones, Correa finalizó un convenio con Aldhu por el que la organización gozaba de inmunidad y varios privilegios tributarios.
Pesántez dijo que abriría una investigación a esta ONG por la emisión de unos carnés, sin validez oficial, para identificar a refugiados colombianos. Según Pesántez, con esa acción, la Asociación podría haber incurrido en delitos como los de atentado a la seguridad del Estado, tráfico de influencias o arrogación de funciones.
No obstante, el director de la Asociación, el chileno Juan de Dios Parra, negó que la organización tenga vínculos con la Farc. El jueves aseguró: “No estamos apoyando a ningún grupo armado, y mucho menos a quienes violentan los derechos humanos con el secuestro de personas”.
Por Redacción Internacional
