Indígenas contra Alan García
El presidente de Perú, Alan García, se ha visto obligado a bajar el tono de sus declaraciones después de que el Congreso derogara el pasado viernes los controvertidos decretos de la reforma conocida como “la ley de la selva”, que facilitaba la venta de terrenos amazónicos, propiedad de comunidades campesinas y nativas.
Jaime Cordero / Especial de El País, Madrid
Si antes de que ocurriera, García había calificado la eventual derogatoria como “un grave error histórico”, e incluso permitió que el presidente de su Consejo de Ministros calificara la votación del Parlamento como “pura demagogia”, días después el Presidente se mostró abierto a modificar las normas. Su nuevo discurso, más que distinto, fue conciliador. “No dudo que muchos de los parlamentarios que votaron en contra de los decretos legislativos creen sinceramente que así defienden a las comunidades y comuneros. Saludo su buen objetivo, pero creo que hay un mejor camino por el que proteger a los más pobres y es el desarrollo”, aseguró Alan García en un comunicado.
La nueva propuesta del Presidente es que se deje como estaba el requisito del 66% de los votos favorables de los miembros de las comunidades y reducirlo a la mitad más uno para otras formas de asociación o arrendamiento.
García también quiso aclarar que las normas se hicieron pensando en las tierras de la sierra, aunque la selva, cuyos terrenos son mucho menos productivos, fue la desencadenante de los pleitos. El Gobierno simplemente no calculó el malestar que una norma de este tipo podía causar en las 65 comunidades indígenas de la Amazonia.
“La ley está concebida desde una perspectiva muy occidental. No es mala, pero los nativos no la entienden. Para ellos, la plata es algo suntuario y la tierra es lo único que vale. Si no tienen tierra, no tienen nada”, señala una periodista que siguió de cerca el conflicto. Por eso, ante la posibilidad de perderlas, los indígenas iniciaron una revuelta, que puso contra las cuerdas a las autoridades y especialmente a la policía, que volvió a ser superada por las protestas.
El conflicto terminó en manos de un Parlamento que, con varios miembros envueltos en escándalos de corrupción, pasa por su peor momento, y aprovechó la oportunidad para mejorar en algo su imagen.
Pero el caso todavía no está cerrado. Falta que el Presidente promulgue la derogación o la devuelva al Parlamento para que sea nuevamente discutida con las modificaciones propuestas.
Si antes de que ocurriera, García había calificado la eventual derogatoria como “un grave error histórico”, e incluso permitió que el presidente de su Consejo de Ministros calificara la votación del Parlamento como “pura demagogia”, días después el Presidente se mostró abierto a modificar las normas. Su nuevo discurso, más que distinto, fue conciliador. “No dudo que muchos de los parlamentarios que votaron en contra de los decretos legislativos creen sinceramente que así defienden a las comunidades y comuneros. Saludo su buen objetivo, pero creo que hay un mejor camino por el que proteger a los más pobres y es el desarrollo”, aseguró Alan García en un comunicado.
La nueva propuesta del Presidente es que se deje como estaba el requisito del 66% de los votos favorables de los miembros de las comunidades y reducirlo a la mitad más uno para otras formas de asociación o arrendamiento.
García también quiso aclarar que las normas se hicieron pensando en las tierras de la sierra, aunque la selva, cuyos terrenos son mucho menos productivos, fue la desencadenante de los pleitos. El Gobierno simplemente no calculó el malestar que una norma de este tipo podía causar en las 65 comunidades indígenas de la Amazonia.
“La ley está concebida desde una perspectiva muy occidental. No es mala, pero los nativos no la entienden. Para ellos, la plata es algo suntuario y la tierra es lo único que vale. Si no tienen tierra, no tienen nada”, señala una periodista que siguió de cerca el conflicto. Por eso, ante la posibilidad de perderlas, los indígenas iniciaron una revuelta, que puso contra las cuerdas a las autoridades y especialmente a la policía, que volvió a ser superada por las protestas.
El conflicto terminó en manos de un Parlamento que, con varios miembros envueltos en escándalos de corrupción, pasa por su peor momento, y aprovechó la oportunidad para mejorar en algo su imagen.
Pero el caso todavía no está cerrado. Falta que el Presidente promulgue la derogación o la devuelva al Parlamento para que sea nuevamente discutida con las modificaciones propuestas.