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Tras unos meses intensos de manifestaciones y disputas dentro y fuera del Congreso argentino, comenzó hoy el debate en comisión sobre un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el país, en una primera jornada que contará con 32 interlocutores.
De ese grupo inicial, constituido por expertos de diferentes ámbitos como el legal, el periodístico y cultural, el religioso o el científico, 16 comenzaron a aportar argumentos a favor durante la primera mitad del encuentro y los restantes expusieron sus razones para oponerse al aborto durante el resto de la sesión.
Este plenario de comisiones, presidido por el diputado oficialista Daniel Lipovetsky, tendrá lugar cada martes y jueves hasta finales de mayo y buscará elaborar un proyecto que pasará a debatirse oficialmente en la Cámara de Diputados en julio.
"Básicamente, lo que enfrentamos hoy es una pregunta acotada: si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres, a su libertad, a su autonomía y a sus decisiones reproductivas", expuso en la primera intervención del histórico debate Paola Bergallo, abogada e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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La diversidad de los actores que han protagonizado el debate se debe a que cada diputado y diputada pudo elegir a cuatro ponentes que forman un grupo "muy bueno" para representar un debate que les "debía la democracia", según Lipovetsky.
Como señaló posteriormente el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chellier, su penalización "no disuade a las mujeres de practicarse abortos, solo hace que sean clandestinos, se practiquen de forma insegura y aumente la mortalidad de mujeres, en su mayoría las pobres y jóvenes".
En esta línea coincidió Mirta Alanis, titular de la organización 'Católicas por el derecho a decidir', quien aseguró que las "mujeres católicas también abortan" y si hacen "cálculos" de los abortos que se producen anualmente, "también se refleja esa proporción (la de mujeres que se identifican como católicas) en las prácticas que van al circuito clandestino".
Otro de los expertos que estuvo a favor y que aseguró haber asistido al debate de forma voluntaria fue Martín Bohmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia: “La penalización del aborto es la más grave intervención del Estado en nuestras vidas, es la amenaza de quitarnos los valores más importantes que tenemos: la relación con los otros, la libertad, la posibilidad de llevar adelante nuestro plan de vida. Nos convertimos en alguien respecto de los cuales otros disponen de nosotros. Esta enorme intervención del Estado tiene que estar justificada”.
Luego de que terminaron de hacer sus declaraciones las personas a favor del aborto comenzaron lo que están en contra. Uno de ellos fue Oscar Botta, director de la ONG ProFamilia: “La posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley que autorice el aborto criminal no admite dudas: los violadores, los narcos y los grandes estafadores, quedan libres. A los únicos que se les va a aplicar la pena de muerte es a los niños o niñas no nacidos. El Congreso nacional no puede arbitrar un debate para tratar cuándo y cómo matar a argentinos inocentes".
Gustavo Carrara, uno de los sacerdotes que intervinieron durante el debate, aseguró: "Cuando una mujer humilde se hace la primera ecografía, no dice ‘vengo a ver cómo está mi embrión’, dice ‘vengo a ver cómo está mi hijo’". Luego, remató: “Si una ley define en qué momento una vida humana puede ser eliminada, entonces todo queda sometido a necesidades circunstanciales, a la conveniencia de los que tengan más poder o a las modas del momento".
Desde antes de que arrancara la discusión parlamentaria, numerosas manifestaciones tanto a favor como en contra de la legalización del aborto se personaron a las puertas del edificio del Congreso para reivindicar sus pedidos.
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Los pañuelos verdes, característicos del mensaje que transmite la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina (precursora del proyecto que ha trascendido a las sesiones parlamentarias), protagonizaron la estampa a las afueras del Congreso, donde a partir de las seis de la tarde se organizará, precisamente, un "pañuelazo".
Entre sus reclamos, predomina la denuncia de que el aborto es la principal causa de muerte materna en más de la mitad de las provincias argentinas y que nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, según datos de organizaciones sociales.
La nueva legislación busca autorizar a las mujeres a interrumpir su embarazo libremente durante las primeras 14 semanas o en caso de que existe una malformación grave del feto y se enmarca en una medida presentada hasta siete veces ante los diputados por la Campaña Nacional previamente citada.
Una vez pasado ese plazo, se contempla realizar el aborto en el caso de que exista peligro para la salud de la mujer o de que el embarazo sea fruto de una violación, dos situaciones que ya contempla la ley actual, recogida en el Código Penal.
Pese a que la discusión cuenta con numerosos opositores en las filas del Congreso, se afronta con una expectativa diferente debido a que el presidente Mauricio Macri, en contra de la interrupción voluntaria, accedió a que sus legisladores debatan y voten libre e individualmente acerca de esta cuestión.
Otros casos en Latinoamérica
La situación en otros países de la región es similar a la de Argentina. CNN publicó hoy cifras sobre dónde legal y donde no es abortar. Países como Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela tienen prohibido abortar a no ser que sea para salvar la vida la mujer.
Otra parte de la lista, en la que están incluidos Argentina, Bolivia, Colombia, Pérú y Costa Rica dejan realizar este tipo de procedimiento si es para preservar la salud de la madre. Solamente Cuba permite a las mujeres decidir si seguir con el proceso de embarazo o no.
Precisamente hoy, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, urgió al Congreso de El Salvador para la prohibición total del aborto antes de que concluya la actual legislatura, con el único fin de que se garanticen “los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho a la vida, a la salud; el derecho a la intimidad y a la prohibición de la tortura y a otras formas de trato cruel, inhumano y degradante".
Esto se debe a que la legislación salvadoreña establece penas de entre seis meses y doce años para delitos relacionados con la interrupción del embarazo, pero los fiscales suelen acusar de homicidio u homicidio agravado a las mujeres que sufren complicaciones en la gestación que dan lugar a abortos espontáneos.
Las organizaciones sociales que promueven la despenalización de la interrupción del embarazo, cerca 30 mujeres guardan prisión, la mayoría condenadas a penas superiores a los 20 años, por delitos vinculados por las autoridades con el aborto.