Recordado por muchas personas como un líder contra la corrupción en su paso como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, ahora es sujeto de investigaciones del Ministerio Público (la Fiscalía) guatemalteco por su labor en ese país.
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“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, afirmó el fiscal de Guatemala José Rafael Curruchiche. Cabe mencionar que este último fue sancionado por la justicia de Estados Unidos por una supuesta obstrucción a la justicia en casos aislados al de Velásquez.
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El hoy ministro es señalado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación que Curruchiche describe como “anómalos”. Dentro de las pesquisas, el fiscal también acusa a Velásquez de tener nexos con directivos de la constructora brasileña Odebrecht, que dejó una huella de corrupción por toda Latinoamérica. La Cicig, organismo para el que trabajó Velásquez, expuso más de 120 casos de corrupción en el país centroamericano hasta 2019, año en el que el entonces presidente Jimmy Morales puso fin al trabajo de la Comisión (que contaba con el respaldo de Naciones Unidas) y expulsó a Velásquez, declarándolo persona non grata en ese país.
Cabe resaltar que Guatemala lleva un buen tiempo con la atención de la comunidad internacional encima por los límites que cruza en cuanto al respeto de derechos humanos (DD. HH). Hostigamiento y actos violentos contra periodistas y defensores de DD. HH han sido polémicas recurrentes en la nación desde antes de la llegada del gobierno de Alejandro Giammattei, hoy presidente de Guatemala. Unos meses atrás causó preocupación la detención del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, señalado de lavado de activos, chantaje y tráfico de influencias en su calidad de empresario, es decir, nada que ver con su labor periodística.
Ahora, el anuncio contra el ministro Velásquez ha encendido las alarmas en el gobierno colombiano, que llamó a consultas a su embajadora en Ciudad de Guatemala, Victoria González, lo que, en pocas palabras, es una forma de protestar.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca”, afirmó en un comunicado la Cancillería de ese país.
“En reciprocidad”, este martes Guatemala también llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Reagan Vega, dijo la Cancillería, que lamentó que Colombia “vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.
Para Miguel Gomis, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, la investigación contra Velásquez responde más a asuntos internos de Guatemala que a una posible afrenta a las relaciones bilaterales con Colombia. “Está orientado a una justificación de cara a narrativas políticas internas, sin preocuparse mucho por las consecuencias y no forzosamente, pasar a mayores, pero es un paso que es sorprendente. Es un movimiento que yo calificaría de arriesgado por parte del sistema judicial guatemalteco”, afirma.
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En cuanto si se tensan o no las relaciones bilaterales entre Colombia y Guatemala, Gomis recalca que no necesariamente son estrechas las relaciones entre nuestro país y el denominado triángulo del norte que conforman Honduras, el Salvador y Guatemala.
“Tiene repercusión sobre posibles operaciones triangulares con Estados Unidos, pero no es algo que forzosamente dañe una relación que era buena por sí sola. Es más preocupante para Guatemala en sí, porque se pone en la diana, sienta un precedente en este movimiento, pero no es algo distinto a lo que ya venía pasando. ¿Por qué? Desde Estados Unidos, grupos de los fiscales exiliados y el Departamento de Estado en Estados Unidos también han metido presión sin mucho éxito”, continúa Gomis.
Cabe recordar que Giammattei es considerado un político conservador y de derecha, siendo elegido con el apoyo de partidos conservadores, además de contar con el respaldo de sectores militares y cristianos de Guatemala. También es reconocido por sus fuertes posturas a favor de la pena de muerte y la influencia militar en cuanto a seguridad ciudadana; y contrarias al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Para Gomis, la permanencia de Velásquez al frente del Ministerio de Defensa no debería ser puesta en duda, como exigieron voces de la oposición al gobierno Petro, como el exsenador del Centro Democrático Ernesto Macías. “Estamos ante estrategias políticas que no forzosamente responden a acusaciones fundamentadas, lo dudo fuertemente. La Cicig fue es un organismo que está bajo una clara supervisión, fue constantemente puesta en duda ante la prensa y gozó de gran apoyo popular en un cierto momento. Si bien las acciones de los líderes de estas instituciones estaban sometidas a polémicas, eran polémicas que tenían funciones políticas internas”, concluye.
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Por Hugo Santiago Caro
