Irregularidades en entierro de 119 cadáveres en México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el 28 de marzo de 2014 fueron sepultados los cuerpos en un terreno irregular sin cumplir los protocolos establecidos.
EFE
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció graves irregularidades cometidas en el estado mexicano de Morelos en el proceso de inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, y pidió la reparación del daño causado a los familiares de las víctimas.
Las irregularidades derivan en la violación al derecho a la verdad y acceso a la justicia de los familiares de los 119 fallecidos, entre ellos Oliver Wenceslao Navarrete, un joven secuestrado y asesinado en 2013, dijo la institución al presentar los resultados de la investigación del caso.
Los 119 fueron inhumados el 28 de marzo de 2014 en un terreno irregular sin cumplir los protocolos establecidos y sin que en la mayoría de los casos se realizaran las investigaciones para conocer las causas de muerte.
En 44 casos hay indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en continuar la investigación para identificar a los responsables, propiciando impunidad, denunció la CNDH en su informe.
Además, dijo, se violó el derecho de los familiares de cuatro personas a recibir los restos de sus seres queridos, ya que fueron inhumanos sin su consentimiento pese a que ya estaban identificados y de que se había solicitado la entrega de los cuerpos.
Las fosas fueron descubiertas gracias a que María Hernández, madre de Navarrete, logró que el 9 de diciembre de 2014 se realizara una diligencia para exhumar el cuerpo de su hijo, durante la cual se detectó la presencia de otros cadáveres.
Ese mismo día otro cuerpo fue recuperado, pero otros 117 fueron enterrados nuevamente en las fosas hasta que en mayo y junio pasados todos los cadáveres fueron exhumados.
En rueda de prensa, el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama, destacó que los restos mortales deben "ser tratados con respeto" y las circunstancias de las muertes tienen que ser investigadas por la autoridad cuando se presume la existencia de un ilícito.
Los familiares "tienen derecho de conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas", algo que no ocurrió en este caso, apuntó.
Nueve cadáveres fueron sepultados sin contar con una carpeta de investigación, indicó la CNDH, que solo recibió de la Fiscalía de Morelos 99 expedientes con irregularidades o deficiencias en su integración, tales como la ausencia de registro de necropsia en 15 de ellas o la identificación por su nombre de solo 21 cadáveres.
Los 98 cuerpos restantes están sin identificar, un trabajo que, dijo, se complicará por el indebido manejo de los cadáveres y la ausencia de protocolos y de materiales necesarios para la inhumación y posterior exhumación.
La Comisión pidió al Gobierno de Morelos que brinde reparación integral del daño a los familiares de las cuatro víctimas que fueron inhumadas pese a ser identificadas y que recabe información de otros terrenos que hayan sido utilizados como cementerios de manera irregular.
A la Fiscalía de Morelos le instó a ofrecer una disculpa a los familiares y colaborar con la CNDH en la denuncia contra quienes participaron en la inhumación y la integración irregular de las carpetas de investigación, así como superiores que ordenaron, autorizaron o toleraron las acciones.
También recomendó capacitar a los agentes del Ministerio Público y peritos sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, procesamiento de indicios, cadena de custodia y preservación del lugar de los hechos.
Al Ayuntamiento de Cuautla, donde se encuentra Tetelcingo, pidió un reglamento para cementerios y trabajar con el Gobierno estatal sobre posibles sitios de inhumación irregular y, en caso de hallarlos, elaborar un calendario para realizar la exhumación y recolección de datos para la identificación de cadáveres.
Después de que se difundiera la denuncia de la CNDH, el fiscal de Morelos, Javier Pérez, confirmó la existencia de una nueva fosa clandestina en el municipio de Jojutla que ya había sido denunciada por familiares de personas desaparecidas.
En declaraciones a Radio Fórmula, Pérez indicó que en noviembre próximo empezarán los trabajos en el lugar, donde la Fiscalía presume que fueron depositados cuerpos en 2011 y 2014.
Sobre las recomendaciones emitidas por la CNDH en torno a las fosas de Tetelcingo, Pérez dijo que van a acatar todos los puntos y van a dar una "repuesta pronta".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció graves irregularidades cometidas en el estado mexicano de Morelos en el proceso de inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, y pidió la reparación del daño causado a los familiares de las víctimas.
Las irregularidades derivan en la violación al derecho a la verdad y acceso a la justicia de los familiares de los 119 fallecidos, entre ellos Oliver Wenceslao Navarrete, un joven secuestrado y asesinado en 2013, dijo la institución al presentar los resultados de la investigación del caso.
Los 119 fueron inhumados el 28 de marzo de 2014 en un terreno irregular sin cumplir los protocolos establecidos y sin que en la mayoría de los casos se realizaran las investigaciones para conocer las causas de muerte.
En 44 casos hay indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en continuar la investigación para identificar a los responsables, propiciando impunidad, denunció la CNDH en su informe.
Además, dijo, se violó el derecho de los familiares de cuatro personas a recibir los restos de sus seres queridos, ya que fueron inhumanos sin su consentimiento pese a que ya estaban identificados y de que se había solicitado la entrega de los cuerpos.
Las fosas fueron descubiertas gracias a que María Hernández, madre de Navarrete, logró que el 9 de diciembre de 2014 se realizara una diligencia para exhumar el cuerpo de su hijo, durante la cual se detectó la presencia de otros cadáveres.
Ese mismo día otro cuerpo fue recuperado, pero otros 117 fueron enterrados nuevamente en las fosas hasta que en mayo y junio pasados todos los cadáveres fueron exhumados.
En rueda de prensa, el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama, destacó que los restos mortales deben "ser tratados con respeto" y las circunstancias de las muertes tienen que ser investigadas por la autoridad cuando se presume la existencia de un ilícito.
Los familiares "tienen derecho de conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas", algo que no ocurrió en este caso, apuntó.
Nueve cadáveres fueron sepultados sin contar con una carpeta de investigación, indicó la CNDH, que solo recibió de la Fiscalía de Morelos 99 expedientes con irregularidades o deficiencias en su integración, tales como la ausencia de registro de necropsia en 15 de ellas o la identificación por su nombre de solo 21 cadáveres.
Los 98 cuerpos restantes están sin identificar, un trabajo que, dijo, se complicará por el indebido manejo de los cadáveres y la ausencia de protocolos y de materiales necesarios para la inhumación y posterior exhumación.
La Comisión pidió al Gobierno de Morelos que brinde reparación integral del daño a los familiares de las cuatro víctimas que fueron inhumadas pese a ser identificadas y que recabe información de otros terrenos que hayan sido utilizados como cementerios de manera irregular.
A la Fiscalía de Morelos le instó a ofrecer una disculpa a los familiares y colaborar con la CNDH en la denuncia contra quienes participaron en la inhumación y la integración irregular de las carpetas de investigación, así como superiores que ordenaron, autorizaron o toleraron las acciones.
También recomendó capacitar a los agentes del Ministerio Público y peritos sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, procesamiento de indicios, cadena de custodia y preservación del lugar de los hechos.
Al Ayuntamiento de Cuautla, donde se encuentra Tetelcingo, pidió un reglamento para cementerios y trabajar con el Gobierno estatal sobre posibles sitios de inhumación irregular y, en caso de hallarlos, elaborar un calendario para realizar la exhumación y recolección de datos para la identificación de cadáveres.
Después de que se difundiera la denuncia de la CNDH, el fiscal de Morelos, Javier Pérez, confirmó la existencia de una nueva fosa clandestina en el municipio de Jojutla que ya había sido denunciada por familiares de personas desaparecidas.
En declaraciones a Radio Fórmula, Pérez indicó que en noviembre próximo empezarán los trabajos en el lugar, donde la Fiscalía presume que fueron depositados cuerpos en 2011 y 2014.
Sobre las recomendaciones emitidas por la CNDH en torno a las fosas de Tetelcingo, Pérez dijo que van a acatar todos los puntos y van a dar una "repuesta pronta".