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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que le confiera una mayor autoridad para gestionar la prisión militar de la base de Guantánamo, en Cuba, siendo un centro penitenciario abierto por Washington para personas sospechosas de cometer actos de terrorismo.
Biden formuló su petición en un comunicado en el que expresó su rechazo a algunas de las provisiones del presupuesto de defensa para 2022, valorado en 768.000 millones de dólares, que refleja la nueva política de Washington de dejar atrás Afganistán y centrar sus esfuerzos en China y Rusia.
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Este presupuesto, contenido en la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), incluye restricciones para la transferencia de presos de Guantánamo a otros países o a territorio estadounidense, lo que obstaculiza directamente el objetivo del presidente de cerrar esa cárcel. El presidente Biden expresó, mediante el comunicado, que instaba “al Congreso a eliminar esas restricciones tan pronto como sea posible”. Pese a los desacuerdos, el mandatario firmó esa legislación, que incluye 24.000 millones de dólares adicionales de los que había solicitado al Congreso originalmente, lo cual supone un crecimiento del 5 % en el presupuesto de defensa con respecto al año anterior.
Biden ha dicho que quiere cerrar Guantánamo, sin embargo, ha adoptado un enfoque más discreto que Barack Obama, quien no pudo clausurar esa prisión y se tuvo que contentar con reducir la población carcelaria mediante trasferencias a otros países.
En 2015, Obama llegó a amenazar con vetar la Ley de Autorización de Defensa Nacional por las cláusulas que contenía sobre Guantánamo, pero finalmente la firmó. Actualmente, hay 39 detenidos en Guantánamo, lejos de los 780 que llegaron a pasar por sus instalaciones desde que George W. Bush la abrió en 2002.
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