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Un juez federal en Washington D. C. impidió temporalmente al presidente Donald Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cinco ciudadanos venezolanos. La decisión judicial representa un revés para la administración de Trump, que había intentado acelerar deportaciones masivas invocando esta ley históricamente reservada para tiempos de guerra.
La Casa Blanca emitió el sábado una proclamación presidencial en la que se refería a la pandilla venezolana Tren de Aragua como una “Organización Terrorista Extranjera” y alegaba que sus miembros estaban llevando a cabo una “guerra irregular” contra Estados Unidos.
Con base en esta declaración, el gobierno de Trump ordenó la deportación de cinco venezolanos, invocando esta Ley de Enemigos Extranjeros para eludir los procesos migratorios tradicionales.
Sin embargo, grupos de libertades civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, presentaron una demanda el mismo sábado, argumentando que la aplicación de la ley en este caso era inconstitucional e injustificada.
¿Cuál es el problema con la ley?
La ley está diseñada para usarse principalmente en tiempos de guerra, y solo el Congreso tiene la autoridad para declarar una guerra. Según la ley, las personas podrían ser deportadas sin una audiencia judicial o una entrevista de asilo, y sus casos serían regidos por la autoridad de tiempos de guerra en lugar de por la ley de inmigración.
“Esta ley no debería invocarse porque la migración no es una invasión y no estamos en tiempos de guerra. Es sumamente horroroso que a nosotros, como inmigrantes, se nos etiquete de terroristas, de invasores”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de defensa federal de United We Dream, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes.
Según la demanda de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Ley de Enemigos Extranjeros solo ha sido utilizada tres veces en la historia de EE. UU.: durante la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial para detener a unos 120.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés. Estos casos refuerzan la teoría de que la ley solo es invocada en tiempos de guerra, y Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela, foco de la acción dirigida de Trump.
El juez de distrito James Boasberg falló a favor de la demanda y emitió una orden de restricción temporal que impide la deportación de los venezolanos durante 14 días, mientras se programa una audiencia sobre el caso.
“Dadas las circunstancias exigentes de las que (el tribunal) ha tenido conocimiento esta mañana, ha determinado que se justifica una orden inmediata para mantener el statu quo hasta que se pueda fijar una audiencia”, escribió Boasberg en su decisión.
La proclamación de Trump permitía la deportación inmediata de cualquier persona designada como “enemigo extranjero” sin necesidad de revisión judicial ni garantías procesales. La ACLU y Democracy Forward argumentaron que esta medida podría llevar a expulsiones arbitrarias sin pruebas de que los individuos representaran una amenaza real.
La decisión de Boasberg podría sentar un precedente para futuros intentos del gobierno de Trump de endurecer las políticas migratorias mediante la utilización de leyes de emergencia. A pesar de este obstáculo legal, la administración ha reafirmado su postura dura sobre la inmigración, con la promesa de seguir persiguiendo deportaciones masivas.
La demanda presentada por la ACLU busca ampliar la orden de restricción para proteger a todas las personas en riesgo de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Mientras tanto, la comunidad inmigrante y los defensores de los derechos humanos continúan observando de cerca los movimientos de la administración y el desarrollo del caso en los tribunales.
Sin embargo, el presidente también tiene la facultad discrecional de invocarla para defenderse de una “invasión o incursión depredadora, ya sea amenazada o en curso”, según el Centro Brennan para la Justicia, una autoridad no partidista en derecho y política, por lo que la invocación de esta ley está bajo estudio.
La Casa Blanca tiene hasta el lunes para presentar una moción si quiere anular la pausa, y en su defecto la próxima audiencia será el 21 de marzo, según la resolución judicial.
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