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Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump repatriar a Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado por error y actualmente permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Abrego García, quien residía legalmente en Maryland bajo protección migratoria, fue arrestado en marzo y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel salvadoreña conocida por las denuncias de abusos de derechos humanos.
La Casa Blanca reconoció la expulsión como un “error administrativo”, pero también aseguró que el hombre de 29 años “no regresará” al país, al tiempo que lo vinculó sin pruebas con la pandilla MS-13, considerada organización terrorista por Washington.
El Departamento de Justicia admitió ante la jueza Paula Xinis que no tenía autoridad para detenerlo ni deportarlo y que no contaba con pruebas concretas para sostener la acusación de vínculos con pandillas.
“Estoy frustrada porque no tengo respuestas para muchas de sus preguntas”, dijo en audiencia el abogado del gobierno, Erez Reuveni, citado por The Guardian.
Xinis calificó la deportación como “un acto ilegal” y ordenó a la administración facilitar el regreso del migrante “a más tardar el lunes 7 de abril antes de la medianoche”, por considerarlo víctima de un daño irreparable.
La historia de Abrego García ha generado conmoción y protestas, encabezadas por su esposa, Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense. Durante una manifestación en Hyattsville, Maryland, antes de la audiencia judicial, la mujer pidió justicia para su esposo y para otras familias afectadas por deportaciones injustas.
“Es un viaje que nadie debería tener que sufrir, una pesadilla interminable”, expresó Vásquez.
Los abogados del joven salvadoreño aseguran que su cliente contaba con un permiso de trabajo válido emitido por el Departamento de Seguridad Nacional y que no tiene antecedentes penales. La acusación de pertenecer a MS-13 se basa en el testimonio de un informante confidencial en 2019, quien afirmó que Abrego pertenecía a una célula en Nueva York, aunque él nunca vivió allí.
El caso se ha convertido en un símbolo de las políticas migratorias agresivas del segundo mandato de Trump, donde las deportaciones se han intensificado, incluso hacia personas con estatus legal. La situación también ha reabierto el debate sobre la jurisdicción de los tribunales estadounidenses en casos donde los afectados ya han sido expulsados del país.
La jueza Xinis enfatizó que, más allá de las acusaciones sin sustento, lo ocurrido vulnera derechos fundamentales. Su decisión se da en un contexto de creciente presión contra la política migratoria de Trump, particularmente tras otros casos recientes de personas deportadas a cárceles en El Salvador bajo señalamientos infundados de vínculos con pandillas, como el del maquillador venezolano Andry José Hernández Romero.
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