Kraft, conflicto incómodo

Trancones, protestas y enfrentamientos policiales son, desde hace dos meses, parte del día a día en Buenos Aires, Argentina.

El conflicto laboral generado por el despido de 160 trabajadores de la fábrica de galletas Kraft Foods ha permeado lentamente  las altas esferas del poder y ha provocado enfrentamientos entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el poder ejecutivo nacional, y entre éste último y el gobierno estadounidense.

Cuando a finales de agosto se dieron los despidos, comenzaron las protestas. La autopista Panamericana fue cortada en numerosas oportunidades por los sindicalistas. Demoras de hasta cinco horas tuvieron que padecer quienes durante la semana se movilizaban desde y hacia Buenos Aires.

Al mismo tiempo, estudiantes y sindicalistas realizaron marchas y “piquetes” en puntos clave de la ciudad, haciendo colapsar por momentos el tránsito porteño.

Los manifestantes decidieron además tomarse la empresa, hasta que hace dos semanas las autoridades realizaron un operativo de desalojo que dejó una docena de heridos y cerca de 100 detenidos.

La medida de fuerza ordenada por la justicia molestó a las autoridades locales. El gobernador de la provincia, Daniel Scioli, protestó por la medida y le reclamó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, “más respeto institucional”.

“El fin a este conflicto tiene que ponerse y a corto plazo”, habría pedido Fernández, pero hoy no se ve una pronta salida al problema.

Tras reuniones con los ministros de Trabajo de la nación y de la provincia, los representantes de Kraft se comprometieron la semana pasada a evaluar la situación de los despedidos. Hasta ahora cuatro empleados han sido reintegrados, pero ayer, en un aviso pago en los diarios argentinos, la multinacional se quejó por la “intransigencia” de los trabajadores, la cual, aseguró, ha “impedido avanzar” en la resolución de la controversia.

Con menos de un mes en su cargo, la embajadora de Estados Unidos en Argentina, Vilma Socorro Martínez, reclamó una “solución apropiada y duradera”. En nombre de la administración de Barack Obama, Martínez expresó ante las autoridades del país el apremio de Washington por la situación de la compañía, en lo que fue interpretado en ámbitos nacionales y provinciales como un reclamo para que se garantice el normal desarrollo de las operaciones de la firma.

“La embajada quiere proteger las inversiones norteamericanas que emplean a unos 155.000 argentinos”, dijo la embajadora, quien durante la semana había pactado una entrevista protocolar con la presidenta Cristina Fernández para presentar sus credenciales.

La audiencia fue cancelada por el jefe de Gabinete, quien explicó que cuando estuvieran frente a los medios de comunicación sería inevitable la pregunta incómoda sobre el conflicto laboral. En Washington pidieron a la embajada tomar cartas en un asunto que hace ya varias semanas se les salió de las manos a las autoridades.

Reaccionan a Ley de medios

El Congreso argentino aprobó la polémica Ley de medios propuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La nueva legislación ha sido duramente criticada por la oposición y los medios de comunicación, los cuales aseguran que el gobierno busca elevar el control estatal sobre  la prensa.

Según la nueva norma, una empresa no podrá tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y  tampoco podrá ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad.

Desde diversos sectores ya se anuncian demandas de inconstitucionalidad.