La batalla en Arizona no está perdida

Cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley más estricta en materia migratoria en la historia reciente de los Estados Unidos, en un acto transmitido en directo por televisión estatal, su objetivo era muy claro, hacer llegar el mensaje a los cerca de 460.000 inmigrantes ilegales en el estado de Arizona, en su mayoría latinos, sobre la cacería que se ejercerá sobre ellos desde principios de septiembre.

La ley, que tantos titulares de prensa ha acaparado en los últimos días en el mundo por ser comparada con leyes propias de la Alemania nazi o de la Rusia comunista como lo señaló en un su último sermón el arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles, Roger Mahony, no responde solamente a la intención de su artífice, el Partido Republicano, de controlar la migración de indocumentados a Arizona, sino a su vez busca ponerle tranca al ascenso político de la comunidad hispana en la ciudad fronteriza.

En la última década, la población latina en Arizona creció 44%, convirtiéndose en el sexto estado con mayor población latina en los Estados Unidos. Con cerca de 2 millones de habitantes, en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, suman hoy en día el 30% de su población. Según las proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, de ser contabilizados todos los inmigrantes en Arizona, debido a su aumento poblacional, recibirá dos asientos adicionales en el Congreso.

“Implantar un estado de miedo y pánico en nuestra comunidad para impedir que participemos en el censo de este año y que seamos efectivamente contabilizados es una herramienta para evitar que el mapa político se altere”, explica Arturo Vargas, presidente de Naleo, Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos.

El senador por Arizona y ex candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, John McCain, justificó su promulgación en declaraciones a la cadena de televisión CBS. “La situación migratoria de mi estado es la peor que he visto jamás. Esta ley es la respuesta al presidente y a la incapacidad de su administración para proteger nuestras fronteras”, dijo.

Sin embargo, la batalla no está perdida para los inmigrantes, pues ya se trabaja en la demanda que se entablará en los próximos días ante una Corte Federal para revocar la controversial medida. “Esperamos que pase justo lo que ocurrió con la proposición 187 en California, la cual prohibía el acceso de inmigrantes ilegales al sistema de salud y a la educación pública”, concluye Vargas al referirse a la medida que fue aprobada por votación popular en 1994, pero que posteriormente fue derogada por inconstitucionalidad por una Corte Federal.

De no ser así, las repercusiones serán nefastas, aseguran los analistas. “El impacto será muy fuerte en nuestra comunidad. Nuestros jóvenes no podrán acceder a la educación por miedo a ser deportados, tampoco se acudirá al sistema de salud o el sistema de justicia por falta de seguridad y confianza”, explicó César Aguirre, coordinador de la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Arizona, al condenar la cacería de brujas que se intenta implantar con esta medida.

La Ley SB1070 convierte en delito no portar papeles que sustenten el estatus migratorio de todos los habitantes del estado de Arizona. Las penas van desde seis meses de cárcel, multas de US$2.500 hasta la deportación. La medida también obliga a los agentes policiales a solicitar dichos documentos so pena de ser demandados por infringir la ley.

Por eso y luego de que centenares de personas marcharan en distintas ciudades durante el fin de semana repudiando la medida, y el ministro de Relaciones Exteriores de México y distintos lideres de toda Centroamérica elevaran su voz de protesta y preocupación por el futuro de sus ciudadanos, el presidente Barack Obama le ha salido al paso de la controversia señalando que una reforma migratoria integral será la única respuesta para evitar que medidas como estas se repliquen en distintos lugares del país, hecho que llena de optimismo a la comunidad latina.

Por ahora, a siete meses de las elecciones de Congreso y Gobernaciones, asociaciones pro inmigrantes comienzan una titánica tarea por registrar el mayor número de votantes latinos en el estado de Arizona para lograr ejercer mayor poder político. “La intolerancia nos terminará de unir. Es hora de juntar nuestra voz y nuestro voto. Ha llegado el momento de que la ola latina crezca a lo largo y ancho de Arizona y el resto del país”, concluyó César Aguirre.

Si bien la ley entrará en vigor en 90 días, gobiernos como el de México ya están tomando medidas. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) emitió una “alerta” para los  nacionales que tengan viajes programados a Arizona, estudien o residan en esa región. “Existe un ambiente político adverso para las comunidades migrantes y para todos los visitantes mexicanos”, advirtió la Cancillería de este país.

Cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley más estricta en materia migratoria en la historia reciente de los Estados Unidos, en un acto transmitido en directo por televisión estatal, su objetivo era muy claro, hacer llegar el mensaje a los cerca de 460.000 inmigrantes ilegales en el estado de Arizona, en su mayoría latinos, sobre la cacería que se ejercerá sobre ellos desde principios de septiembre.

La ley, que tantos titulares de prensa ha acaparado en los últimos días en el mundo por ser comparada con leyes propias de la Alemania nazi o de la Rusia comunista como lo señaló en un su último sermón el arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles, Roger Mahony, no responde solamente a la intención de su artífice, el Partido Republicano, de controlar la migración de indocumentados a Arizona, sino a su vez busca ponerle tranca al ascenso político de la comunidad hispana en la ciudad fronteriza.

En la última década, la población latina en Arizona creció 44%, convirtiéndose en el sexto estado con mayor población latina en los Estados Unidos. Con cerca de 2 millones de habitantes, en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, suman hoy en día el 30% de su población. Según las proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, de ser contabilizados todos los inmigrantes en Arizona, debido a su aumento poblacional, recibirá dos asientos adicionales en el Congreso.

“Implantar un estado de miedo y pánico en nuestra comunidad para impedir que participemos en el censo de este año y que seamos efectivamente contabilizados es una herramienta para evitar que el mapa político se altere”, explica Arturo Vargas, presidente de Naleo, Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos.

El senador por Arizona y ex candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, John McCain, justificó su promulgación en declaraciones a la cadena de televisión CBS. “La situación migratoria de mi estado es la peor que he visto jamás. Esta ley es la respuesta al presidente y a la incapacidad de su administración para proteger nuestras fronteras”, dijo.

Sin embargo, la batalla no está perdida para los inmigrantes, pues ya se trabaja en la demanda que se entablará en los próximos días ante una Corte Federal para revocar la controversial medida. “Esperamos que pase justo lo que ocurrió con la proposición 187 en California, la cual prohibía el acceso de inmigrantes ilegales al sistema de salud y a la educación pública”, concluye Vargas al referirse a la medida que fue aprobada por votación popular en 1994, pero que posteriormente fue derogada por inconstitucionalidad por una Corte Federal.

De no ser así, las repercusiones serán nefastas, aseguran los analistas. “El impacto será muy fuerte en nuestra comunidad. Nuestros jóvenes no podrán acceder a la educación por miedo a ser deportados, tampoco se acudirá al sistema de salud o el sistema de justicia por falta de seguridad y confianza”, explicó César Aguirre, coordinador de la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Arizona, al condenar la cacería de brujas que se intenta implantar con esta medida.

La Ley SB1070 convierte en delito no portar papeles que sustenten el estatus migratorio de todos los habitantes del estado de Arizona. Las penas van desde seis meses de cárcel, multas de US$2.500 hasta la deportación. La medida también obliga a los agentes policiales a solicitar dichos documentos so pena de ser demandados por infringir la ley.

Por eso y luego de que centenares de personas marcharan en distintas ciudades durante el fin de semana repudiando la medida, y el ministro de Relaciones Exteriores de México y distintos lideres de toda Centroamérica elevaran su voz de protesta y preocupación por el futuro de sus ciudadanos, el presidente Barack Obama le ha salido al paso de la controversia señalando que una reforma migratoria integral será la única respuesta para evitar que medidas como estas se repliquen en distintos lugares del país, hecho que llena de optimismo a la comunidad latina.

Por ahora, a siete meses de las elecciones de Congreso y Gobernaciones, asociaciones pro inmigrantes comienzan una titánica tarea por registrar el mayor número de votantes latinos en el estado de Arizona para lograr ejercer mayor poder político. “La intolerancia nos terminará de unir. Es hora de juntar nuestra voz y nuestro voto. Ha llegado el momento de que la ola latina crezca a lo largo y ancho de Arizona y el resto del país”, concluyó César Aguirre.

Si bien la ley entrará en vigor en 90 días, gobiernos como el de México ya están tomando medidas. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) emitió una “alerta” para los  nacionales que tengan viajes programados a Arizona, estudien o residan en esa región. “Existe un ambiente político adverso para las comunidades migrantes y para todos los visitantes mexicanos”, advirtió la Cancillería de este país.