En los últimos tres años (2020-2022), El Salvador, según cifras de la Policía Nacional, reportó 4.060 denuncias por desaparición. Sin embargo, para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) estos números pueden ser más altos debido al subregistro oculto (estiman que solo para el primer semestre de 2022 se presentaron 560 casos), la ausencia de reportes oficiales desde junio del año 2022 y la no adscripción del gobierno de Nayib Bukele a la convención interamericana sobre Desaparición Forzada y la convención internacional para la protección de todas las personas.
“Existe un silencio total por parte de este gobierno, como si quisieran mantener en reserva permanente todos los casos de desaparición de civiles”, señala Kerlin Belloso, colaboradora técnico-jurídica en el área de acceso a la justicia para la Fundación de estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD).
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Según ella, “también existe una burla a las víctimas por parte del partido de gobierno del presidente Nayib Bukele, llamado “Nuevas Ideas”, con mensajes de “Búsquenlos ustedes” o “Mejor busquen a los corruptos”. Es muy triste saber esto y que ahora mismo haya una posibilidad muy grande de que Bukele se reelija como presidente el próximo año” .
Igualmente, la prórroga del denominado Estado de Excepción en el país (el viernes 24 de marzo cumplió un año) pone en entredicho las labores de búsqueda por parte de las autoridades de los cientos de desaparecidos y suspende temporalmente algunos derechos, dando vía libre a casos de abuso jurídico y policial amparados constitucionalmente.
Sobre esto, Belloso agrega: “Este régimen de excepción permite detener a los jóvenes por ser jóvenes, por tener cualquier tipo de tatuajes sospechosos o por verlos nerviosos (claro que se ponen nerviosos porque la policía desaparece y golpea jóvenes). El régimen de excepción a su vez viene acompañado con reformas en el código penal que elevan los años de prisión, lo que ha llevado a que jóvenes inocentes purguen penas más altas porque sí. Aquí se violan los derechos humanos amparados en la ley”.
El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Ante la ausencia institucional de escenarios para la búsqueda de sus seres queridos en el país, 27 madres decidieron organizarse en febrero del año 2022 y crear una organización denominada Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya principal tarea consiste en gestar, a través de la unidad de familiares víctimas de desaparición, escenarios para posibilitar la búsqueda de civiles desaparecidos e iniciativas colectivas ante las autoridades nacionales e internacionales correspondientes.
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Dentro de sus proyectos mas destacados se encuentra “El bus de la esperanza”, un espacio en el cual familiares de los desaparecidos llenaron un bus con fotografías de sus hijos, hermanos y nietos para, posteriormente, trasladarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de que su director entablara un diálogo con ellos y diera respuestas reales sobre la búsqueda de sus familiares.
Igualmente, el bloque se ha acercado al intercambio de experiencias con otros países de la región, como Colombia. Entre el 8 y 10 de noviembre del 2022, madres vinculadas al proceso viajaron hasta Bogotá para reunirse con representantes de la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y aproximarse a experiencias y aprendizajes que puedan ser replicados en el contexto salvadoreño.
El caso Joshua: la búsqueda de Sandra Romero
Sandra Romero, una de las madres fundadoras del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, perdió a su hijo Joshua, de tan solo 17 años, el 11 de septiembre de 2021 en la ciudad de Santa Tecla después de salir de una fiesta. A pesar de su búsqueda incansable en toda la región y de la recurrencia ante las autoridades en busca de información sobre su hijo, ni la fiscalía, ni la policía han dado mayores avances en su caso. Incluso, según cuenta ella, fue persuadida por agentes policiales para no interponer la denuncia inicialmente, bajo el argumento de que su hijo “seguramente andaba de joda”. Firmemente, ella cree que su caso no obedece a una desaparición individual, sino principalmente a una continua desaparición de jóvenes colectiva en todo el país.
“Para la misma fecha en la que me hijo fue desaparecido, se dio una ola grande de desapariciones. Una semana después del caso de Joshua, una pareja de hermanos fue desaparecida también. Así sucesivamente durante el lapso de un mes en todo el país. La policía salvadoreña no trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas. Ellos siempre tienen un pero sospechoso ante las denuncias”, relata Sandra, acongojada por la situación.
Sandra, a su vez, ha sido consciente de las situaciones de riesgo a las que se puede ver expuesta, tanto ella como el bloque de búsqueda, por liderar estas denuncias, dirigidas principalmente contra el actuar del gobierno en torno a la ausencia de iniciativas para la búsqueda de desaparecidos en el país y el constante atropello contra los derechos humanos. Esto le parece aún más evidente teniendo en cuenta las palabras de Bukele, el 16 de octubre de 2022, en contra de las oenegés que velan por los derechos humanos, al llamarlas “defensoras de los derechos de los delincuentes”.
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“Yo sé que al decir esto nos exponemos no solo con las autoridades, sino con el mismo gobierno salvadoreño y hasta con la delincuencia, pero ya cualquier cosa puede pasar desde la desaparición de nuestros familiares. Ya sé que nunca voy a vivir bien, tranquila y mucho menos segura. Estoy preparada para lo que sea, incluso la muerte, pero la verdad siempre tiene que salir a flote”, agrega.
Finalmente, Sandra sabe que las elecciones presidenciales en El Salvador están a la vuelta de la esquina (4 de febrero de 2024), con un Nayib Bukele abiertamente participando por su reelección y una popularidad regional al alza. Es consciente de que su vida en el llamado sarcásticamente “país de las maravillas” puede empeorar en materia de derechos humanos con una extensión del mandato por cinco años más.
“Yo les puedo decir que nosotros no podemos endiosar a una persona que no tiene empatía por las familias que están viviendo la desaparición de un ser querido. Nayib Bukele es una persona que actúa como un dictador”, asegura. Y concluye: “Las personas, tanto en Colombia como en América Latina, deben buscar informarse mejor. Es importante que le pongan atención no solo a su supuesta buena imagen, la del hombre joven, exitoso y bien hablado que envuelve, sino ponerse a pensar en lo que hay del otro lado de la moneda, lo que se esconde tras su supuesta exitosa gestión de gobierno”.
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