La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desató una nueva controversia al atacar directamente al juez federal James Boasberg, a quien calificó como un “activista demócrata”, luego de que este frenó la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
“El juez intenta básicamente afirmar que el residente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro territorio estadounidense. Eso constituye un flagrante abuso de poder. Este juez no puede, no tiene esa autoridad. Y es clarísimo que se trata de un juez activista que intenta usurpar la autoridad del presidente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”, declaró Leavitt.
El pasado fin de semana, Boasberg intentó bloquear la salida de aviones con migrantes y exigió al gobierno detalles sobre los itinerarios de vuelo para verificar si se estaba cumpliendo con su orden judicial. Esto provocó una respuesta inmediata de la administración Trump.
Orígenes de Boasberg: un juez con respaldo bipartidista
Leavitt criticó duramente la decisión del juez y acusó a Boasberg de sobrepasar su autoridad. Según Leavitt, el fallo de Boasberg es un intento de “usurpar” la autoridad presidencial en materia migratoria.
Pese a las acusaciones de Leavitt, Boasberg mantiene un fuerte apoyo bipartidista. Fue designado inicialmente por el republicano George W. Bush como juez en la Corte Superior del Distrito de Columbia y, posteriormente, fue promovido al tribunal federal por el demócrata Barack Obama. Esta información, sin embargo, no detuvo los ataques de la Casa Blanca.
Cuando un reportero le recordó los antecedentes de Boasberg, Leavitt insistió en su narrativa: “La mayoría de las medidas cautelares contra esta administración han sido impuestas por jueces designados por demócratas. Esto es un esfuerzo concertado de la izquierda para frenar la agenda del presidente”, declaró la secretaria de prensa.
Trump pide la destitución del juez
Leavitt reafirmó que Trump considera que Boasberg debería ser destituido, aunque admitió que esto es políticamente inviable. Además, expresó su confianza en que la Corte Suprema intervendrá en el caso.
“Es responsabilidad de la Corte Suprema poner freno a estos jueces activistas”, dijo.
El enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Poder Judicial se produce en un contexto en el que Trump ha intensificado su postura contra la inmigración, utilizando su autoridad ejecutiva para implementar medidas drásticas como la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Sin embargo, sus políticas han generado una fuerte oposición legal, lo que ha resultado en bloqueos judiciales que podrían afectar el rumbo de su administración. Las posturas de Trump desataron una fuerte respuesta del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien enfatizó que el desacuerdo con una decisión judicial no justifica atacar la independencia de los jueces ni pedir su destitución.
“El proceso de apelación existe precisamente para estos casos”, subrayó Roberts.
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