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Desde el 2020 y tras las protestas masivas del 2019, los chilenos decidieron cambiar la constitución que rige al país, la cual fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Para esto, se estableció la Convención Constituyente, una asamblea que fue creada únicamente para redactar la nueva carta magna y cuenta con 155 miembros.
A finales del mes de abril finalizará el trabajo de esta comisión. Antes del 5 de julio deberá estar completamente lista y el 4 de septiembre todos los chilenos, de forma obligatoria, tendrán que respaldar o rechazar la nueva carta magna mediante un plebiscito. No obstante, pese a que originalmente el 80 % de los chilenos decidieron renovar su constitución, una encuesta de Feedback, publicada por El País de España, muestra una tendencia al alza de quienes rechazarán la propuesta en el plebiscito. “La opción de rechazar va por delante: 44 % contra 41 %”, se lee en el diario español.
Ante esto, el presidente Gabriel Boric mostró su preocupación y le solicitó a esta convención “buscar la mayor transversalidad y amplitud posible” aunque también ha asegurado que cualquier cambio que realice la nueva constitución será mucho mejor que la antigua carta magna que fue escrita por cuatro generales chilenos, según el periódico El País de España.
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Adicionalmente, Boric ha afirmado que las dudas sobre este trabajo “no pueden ser ignoradas”. Para él, el éxito de este proceso es crucial, ya que, según varios analistas, mucho de su capital político está puesto allí, pues el mandatario ha sido uno de sus principales promotores, de acuerdo con la BBC.
¿Adiós al Senado?
La nueva carta magna traería varios cambios a la vida política de Chile, entre esos se encuentra la eliminación del Senado chileno. No obstante, esta decisión, que aún no ha sido efectuada, ha sembrado descontento en varios sectores políticos de Chile.
El Senado fue una de las primeras instituciones del país y fue implementada a comienzos del siglo XIX. De acuerdo con la comisión constituyente, la decisión de eliminar el Senado debe contar con 103 votos para que pueda hacer parte del borrador final, que será plebiscitado el 4 de septiembre.
La nueva propuesta por dicha comisión consiste en crear dos cámaras. No obstante, pese a que actualmente el poder legislativo chileno ya cuenta con dos cámaras, este nuevo proyecto sugiere establecer el Congreso de Diputadas y Diputados, que tendrá una conformación paritaria, y una Cámara de las Regiones, que representaría a los diferentes territorios chilenos en el Congreso, lo que reemplazaría al Senado.
Esta nueva iniciativa, según describe El País, “apunta a un sistema asimétrico, porque en la cámara política empezará y terminará la discusión legislativa, con evidente preeminencia sobre la cámara territorial, que solo revisará y no podrá cambiar sustancialmente lo decidido por los diputados. Solamente podrá pronunciarse sobre algunas materias específicas, a diferencia de la actualidad”. Según un analista entrevistado por este medio, dicha propuesta le quitaría a la Cámara Alta la posibilidad de revisar los proyectos legislativos, lo que causaría que el Senado perdiera bastante poder.
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Aunque con este nuevo modelo “la Cámara Alta tendría dos definiciones claras. Por un lado, será una cámara revisora y, por otro, de representación regional que hoy no tiene, pues es cámara política igual que la Cámara de Diputados. Lo que está pendiente es engrosar sus atribuciones para que cumpla también una función de contrapeso de poder”, indicó Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado, al diario El País.
Por otro lado, varios sectores políticos también han expresado su descontento hacia esta propuesta indicando que la eliminación del Senado es “un grave error”, ya que “la división de poderes viene de Montesquieu, de hace 200 años (…). Discutir ahora si el Poder Judicial es poder o no es poder, me deja incómodo”, de acuerdo con una entrevista hecha a Ricardo Lagos, expresidente socialista, por dicho medio.
Para la mayoría de los partidos políticos que conforman dicha convención, los cuales son de izquierda, el Poder Legislativo no funciona de forma correcta, ya que presenta un problema con el Poder Ejecutivo, cada vez que un presidente no cuente con la mayoría en ninguna cámara (lo que le sucedió al expresidente Sebastián Piñera y al actual presidente Gabriel Boric). Por lo tanto, la relación entre ambos poderes se dificulta, puesto que paraliza los cambios políticos. Además, cuenta con un bajo apoyo de parte de los ciudadanos, ya que la cámara se vio envuelta en varios escándalos de corrupción.
Adicionalmente, esta nueva constituyente también propone un presidencialismo atenuado, lo que eliminaría la figura del vicepresidente y el ministro de Gobierno. Entre otras cosas, esta iniciativa también reduciría la edad mínima para postularse a la presidencia, que cambiaría de 35 a 30 años; permitiría la reelección presidencial y el voto para las personas de 16 y 17 años.
Desaprobación en aumento
La disminución del apoyo, según analistas citados por BBC, se debe a que el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial e incierta, pero cuando ya las nuevas normas sean aprobadas, la aprobación pública aumentará. De acuerdo con este citado medio, hay tres factores que han contribuido a la inconformidad ciudadana.
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El primer factor es la poca integración de miembros de diferentes partidos políticos chilenos. Durante las últimas elecciones para el Congreso, los representantes de los partidos de izquierda y de derecha perdieron varios escaños, lo que ha causado que sus representantes ya no cuenten con la mayoría de los votos y hayan sido excluidos de algunas de las negociaciones.
Según analistas citados por la BBC, “el mayor problema de que ciertos sectores no participen de los acuerdos es que algunas normas terminan siendo cuestionadas. Y eso se traspasa a la opinión pública”.
El segundo factor es la polarización que hay en Chile respecto a la nueva carta magna, ya que debido a la complejidad de la situación, los debates realizados por la Convención no han sido constructivos gracias a las posturas contrapuestas de sus miembros, lo que ha contribuido a una percepción pública de caos y polarización, según este citado medio.
Finalmente, el tercer factor ha sido la desinformación sumada a los problemas comunicativos que presentan los miembros de la Convención. No obstante, el mismo Boric ha afirmado que “la discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo. También hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso”.