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John G. Roberts Jr., presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, apoyó la solicitud del gobierno de Donald Trump de frenar el plazo que un tribunal inferior fijó para que la administración reanudara a medianoche del miércoles casi US$2.000 millones en pagos de ayuda exterior suspendidos durante semanas, bajo el argumento de reducir el número de trabajadores y la cantidad de gasto en USAID.
El juez federal de distrito Amir H. Ali le había dado al liderazgo republicano hasta las 11:59 p. m. para cumplir con sus obligaciones contractuales y reiniciar los pagos a las organizaciones en el extranjero que se vieron afectadas por la decisión de congelar la ayuda internacional. De hecho, trabajadores de la agencia para el desarrollo describieron estos recortes como un “golpe catastrófico” que conducirá al “cierre para siempre de programas importantes y que salvan vidas”.
La decisión del tribunal supremo se dio a conocer luego de que la procuradora general interina, Sarah M. Harris, le pidiera bloquear la orden del juez Ali, pues, según ella, excede la autoridad del poder judicial. A su criterio, eso “sumió en el caos a lo que debe ser una revisión ordenada por parte del Gobierno”, que está “comprometido a pagar las reclamaciones legítimas por el trabajo que se completó correctamente. Lo que no puede hacer es pagar demandas determinadas arbitrariamente en un plazo arbitrario elegido por el tribunal de distrito”.
La decisión de Trump de desmantelar USAID la comunicó pocos días después de su investidura, tiempo en el que también se dio a conocer que los fondos de ayuda extranjera estarán congelados por al menos 90 días, exceptuando los destinados a Israel y Egipto. Con un presupuesto de US$40.000 millones, USAID brindaba asistencia humanitaria en más de 100 países, donde ahora en muchos de ellos puede haber riesgo de hambre y enfermedades, además de que miles de personas están sin trabajo.
Según The Associated Press (AP), la entidad puso bajo licencia a 4.080 empleados en todo el mundo el lunes y a algunos se les dijo que se les dará un breve período el jueves y el viernes para despejar sus espacios de trabajo. A cada uno se le dará solo 15 minutos en su antiguo puesto. El representante demócrata de Virginia, Gerald Connolly, dijo en una declaración que el ataque a los empleados de la agencia es “injustificado y sin precedentes”.
El juez Ali, designado por el expresidente Joe Biden, emitió su orden después de la demanda que presentaron la Coalición para la Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo Mundial de Salud. Si bien el letrado emitió una orden el 13 de febrero que prohibía a la administración detener los pagos de ayuda, los funcionarios de Trump desafiaron la disposición, y continuaron despidiendo a miles de empleados y contratistas, al tiempo que comenzaron a cancelar miles de subvenciones que no se ajustaban a la agenda de la administración “Estados Unidos primero”.
El Gobierno también intentó apelar la decisión judicial inferior en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, que rechazó la solicitud. Para entonces, la Procuraduría General de la República ya había solicitado la intervención de la Corte Suprema.
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