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El 1.° de marzo se espera una decisión importante de un tribunal internacional, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), que podría afectar cómo se lleva a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La situación llegó a este punto debido a una disputa legal sobre cómo se ha manejado la investigación hasta ahora. Durante unas audiencias en noviembre, se discutieron varios problemas: si Venezuela fue informada adecuadamente sobre qué casos específicos serían investigados, si la Fiscalía de la CPI falló al no traducir documentos importantes al idioma que se usa en el tribunal, si se debieron haber considerado ciertos documentos no oficiales que Venezuela presentó y si las investigaciones realizadas en Venezuela sobre estos crímenes fueron adecuadas.
La decisión determinará si la Fiscalía de la CPI puede seguir adelante con su investigación en Venezuela. Esto podría implicar establecer responsabilidades penales a altos niveles, dependiendo de lo que se encuentre. Básicamente, el tribunal tiene tres opciones: puede permitir que la investigación continúe sin cambios, detener la investigación o pedir que se revise de nuevo la decisión de continuar investigando, lo cual cambiaría cómo se lleva a cabo la investigación.
Además de estas cuestiones legales, hay un esfuerzo por mejorar la justicia en Venezuela de manera más amplia. La Fiscalía de la CPI está intentando establecer una oficina de cooperación técnica en Caracas, que sería el resultado de un acuerdo previo entre la Fiscalía de la CPI y Venezuela. Esto es importante porque, en muchos casos, la justicia eficaz en el país puede prevenir la necesidad de que la CPI intervenga.
*Defiende Venezuela
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Por Defiende Venezuela
