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La decisión de devolver al Estado el manejo de los fondos de pensión en Argentina (AFJP), ha sido un motivo más para que la fuerte oposición que enfrenta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el principio de su mandato se haga presente. Las cacerolas se han vuelto a escuchar y las marchas y manifestaciones han vuelto a ocupar las calles aledañas a la Casa Rosada en Buenos Aires y a la residencia presidencial de Olivos.
A pesar de generar un leve caos financiero pocos días después de su anuncio, la medida fue aprobada ya en la Cámara Baja y se votará la próxima semana en el Senado, donde, según los cálculos oficiales, será ratificada por mayoría. Varios analistas coinciden en aplaudir la medida que busca proteger a los futuros jubilados de una posible reducción en la rentabilidad de los fondos privados, afectados por la crisis financiera mundial.
Sin embargo, la oposición asegura que el gobierno busca quedarse con ese dinero para engrosar sus arcas y financiar los próximos vencimientos de la deuda externa, que suman unos US$18.500 millones. Hoy es un secreto a voces que el país no puede cubrir los pagos del próximo año.
“Todo esto tiene olor a 2001”, dice el economista Roberto Cachanosky, quien recuerda que la crisis que vivió Argentina a principios de siglo tuvo características similares a la situación actual. También en ese entonces, “el Estado se financió con las AFJP colocándoles bonos por la fuerza. En esta oportunidad, directamente fueron por los ahorros de la gente, argumentando que el Estado es más confiable para administrarlos”, agrega.
El problema de las AFJP es, sin embargo, uno más de los conflictos que ha tenido que enfrentar el complejo mundo político de los Kirchner. Desde que asumió la primera magistratura, Cristina Fernández recibió el peso del agotamiento que traía ya la presidencia de su esposo. Además de los problemas propios de su mandato, tuvo que asumir el lastre del mal manejo en las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la lucha contra la inflación, que caracterizaron el gobierno de Néstor Kirchner.
Fernández, que fue elegida con un 40% de los votos, en un país donde la votación es obligatoria, pasó a tener un índice de aceptación de 20% durante el conflicto del campo, según varias encuestas de consultoras privadas. Hoy, ese porcentaje no superaría el 15%. La llegada de Cristina a la Presidencia se caracterizó desde el principio por crisis difíciles de sortear. Tal es el caso de la investigación judicial del caso bautizado como ‘valija-gate’, sobre posibles fondos venezolanos empleados ilegalmente en la campaña electoral de la presidenta. La investigación es encabezada hoy por el FBI y la oposición pide que se llame a indagatoria al ex mandatario.
Igualmente, la crisis del campo, que duró un poco más de cien días y que paralizó el consumo interno de carne y granos, y su exportación, devastó la popularidad del gobierno y enemistó al matrimonio con su vicepresidente, Julio Cobos. Ahora, el turno es para la decisión de nacionalizar los fondos privados de pensiones, que se da en el marco de la crisis económica global y que asusta a los argentinos con el olor añejo del corralito financiero.
Hoy, cuando todos los ojos en Argentina vigilan la evolución del precio del dólar (el Banco Central ha empleado más de 500 millones de dólares para controlar su alza), los Kirchner se preparan para comenzar un año electoral, con poco dinero en los bolsillos y una ciudadanía que confía poco en quien los gobierna.
Para el politólogo Lorenzo Anzelini, más allá de la decisión que se tome en el Senado, los Kirchner tendrán que pensar en un cambio de estrategia. “El relanzamiento del gobierno sólo podrá concretarse –y los tiempos se acortan– si Cristina comprende que la mayor debilidad de su gobierno no son los errores cometidos, sino la incapacidad para admitirlos”, afirma.
Por Nicolás Cuéllar Ramírez / Buenos Aires
