La crisis, vista desde Caracas

Bajo el sol canicular de Caracas transitan las versiones polares del régimen chavista. La orilla oficialista critica con veneno al gobierno Uribe, le cargan la promoción de una campaña de desprestigio hacia Chávez y la calentura política binacional; le endilgan un DAS corrompido por el paramilitarismo que espía más allá de las fronteras permitidas o dicen que se entregó la soberanía colombiana al aceptar el acuerdo de las bases con Estados Unidos (yanquis, dirán ellos). La otra esquina, en cambio, ve el enemigo adentro. Cuenta que hay una componenda para perpetuar la tensión entre ambos países con el fin de exacerbar el patriotismo, mientras el venezolano de a pie olvida los descalabros en la gestión del coronel y que permitir estatuas de Tirofijo es una provocación inaudita.

En el entretanto, la frontera padece los estragos continuados del bloqueo comercial, la economía ilegal atiza el polvorín y las denuncias de lado y lado por presuntos excesos de militares con civiles ya están en conocimiento de la ONU y la OEA. Es el epílogo de una semana perturbada, que se inició el lunes con un multitudinario desfile en Caracas por el Bicentenario de la Independencia, evento al que asistieron varios jefes de Estado de Latinoamérica —sin Uribe, claro—. El miércoles trascendieron denuncias de paramilitares asesinando a diestra y siniestra en Cúcuta y arrojando los cuerpos al río Táchira; y apenas el jueves una efigie del extinto comandante de las Farc, Manuel Marulanda, erigida en el fronterizo municipio de El Amparo, volvió a encrespar los ánimos. El canciller Jaime Bermúdez declaró contrariado que nadie puede “arrogarse el derecho de hacerle reconocimiento a un terrorista que le ha traído a Colombia muerte y terror”. El presidente Uribe dejó ver su irritación.

Aunque las relaciones binacionales, con pasos de animal grande, profundizaron sus grietas en el último año, fue la detención de ocho colombianos en Barinitas (estado de Barinas), hace un mes, la que desató la tempestad política. Fueron rotulados como espías por unas fotografías —dicen que 50.000— de plantas termoeléctricas e hidroeléctricas y “unos sospechosos documentos en inglés”. Todos están recluidos en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), aunque en cuestionario respondido a El Espectador, publicado ayer, dos de las implicadas aseguraron que confían en la justicia venezolana, que todo se trata de un malentendido y punto. Ángel Pastor Giraldo, padre de tres de los detenidos, hermano de Cruz Elba Giraldo y cuñado de Juan Carlos Cossio —pareja de esta última—, cuenta que de espionaje nada sabe. Lo suyo son los helados, dice, desde hace 21 años se trasladó a Venezuela para hacer paletas y así ha sobrevivido con su empresa Maky Helados.

El presidente Chávez dijo otra cosa: que la compañía de Ángel Giraldo y su familia en Barinitas era una fachada para soplones. Y hasta sugirió que ellos podrían estar detrás de un plan para atentar contra instalaciones eléctricas. Una acusación bien peculiar, pues resulta que hace tres años Giraldo le envió una carta a Hugo Chávez en la que le comenta las estrategias que viene desarrollando su empresa para ahorrar energía. “Sugerimos que si se hace un estudio minucioso a los aspectos antes expuestos, puede resultar una gran sorpresa y un gran complemento en las estrategias de ahorro de energía”, le escribió entonces. Hoy, quién lo creyera, a “los espías heladeros”, como algunos burlonamente los identifican, los acusa el propio Chávez de tener fotos sospechosas de plantas termoeléctricas e hidroeléctricas. Quizá buscaban ideas para proponerle nuevamente al Gobierno de la Revolución cómo economizar energía en estos tiempos de escasez.

Y algo más, la última lectura de energía a su empresa en Barinitas registra el consumo de 2.023 kilovatios. Hace dos años, por las mismas fechas, fue de 4.166 kilovatios. “Somos ahorradores de energía —dice Giraldo—, pero ahora el señalamiento es que se pretendía atentar contra la infraestructura energética. Esperemos que el error que se está cometiendo se corrija pronto”. Reitera que, queriéndolo o no, sus familiares, un trabajador de Maky Helados y otros dos colombianos que también fueron detenidos por sospecha, quedaron atrapados en la confrontación política que impone la agenda de los gobiernos Chávez-Uribe. Si su firma es una fachada para encubrir espías, como afirmó el mandatario venezolano, cómo entender que hubiera prestado las instalaciones de Maky Helados para promover un referendo para destituir al ex alcalde Iván Maldonado, con quien tenía serias diferencias Narciso Chávez, hermano del presidente.

Documentos en poder de este diario demuestran el recorrido comercial de la firma de Giraldo. Certificados notariales señalan que Maky Helados se constituyó con un capital de 80.000 bolívares hace muchos años y, para más señas, en una valoración que le hizo Veninsa (entidad gubernamental encargada de otorgar créditos a microempresas) a la compañía en abril de 2007, se reportó que el año anterior la empresa de Giraldo vendió más de 1’200.000 paletas. Este recorrido financiero e incluso la cercanía de los Giraldo al chavismo arrojan muchas dudas sobre la tan mentada conspiración. Vuelve a ubicarse el asunto en la tensión política. Desde su lugar de detención, Cruz Elba Giraldo y su sobrina Isabel, en respuesta al cuestionario de El Espectador, ponen las cosas en perspectiva: “Somos países hermanos desde siempre y, por tanto, debemos tener las mejores relaciones”.

Los diputados Norexa Pinto, Mario Isea y Víctor Hugo Morales, afectos al gobierno Chávez, ofrecen criterios parecidos. Critican las declaraciones del presidente Uribe en relación con que en Venezuela no existen garantías procesales para los colombianos detenidos y la nota de advertencia de la Cancillería sobre los peligros que corren los nacionales en tierras bolivarianas. “Es una campaña de desprestigio”, riposta Pinto, al tiempo que pide que se respete el curso natural de los procesos judiciales. “Se trata de un plan de agresión contra Venezuela para justificar las bases militares a EE.UU.”, añade Isea. “¿Y por qué el acuerdo de cooperación entre Brasil y Estados Unidos no lo critican de igual manera?”, pregunta El Espectador. “Es distintísimo —advierte Isea—, el presidente Lula lo va a mostrar en la Unasur pronto”.

El diputado Víctor Hugo Morales es más preciso. “El infausto comunicado de la Cancillería es casi una declaratoria de guerra, desdice de la diplomacia colombiana y fue un error. El gobierno Uribe debe replantear escenarios de confianza con los vecinos”, advierte. “Que Venezuela se está armando, dicen, pero Colombia ha gastado más en guerra que nuestro país, Ecuador y Bolivia juntos”. Una visión diametralmente opuesta de la que tiene el asambleísta Juan José Molina: “Chávez quiere mantenernos a todos en ascuas, sembrar el temor en los venezolanos creando tensiones para evitar que se examine la vorágine de su gobierno y el descalabro de su gestión. Aquí el gobierno nos robó la democracia y toca rescatarla a como dé lugar del secuestro en que la mantienen”.

La voz autorizada del escritor y analista de El Universal de Caracas, Roberto Giusti, va más allá. Refiere que la devaluación de la economía, la crisis energética —a excepción de Caracas, en el resto del país hay racionamientos—, las 18 mil muertes violentas al año y la caída paulatina en la imagen de Chávez buscan distraerlas el coronel con la carta de siempre: exacerbando el nacionalismo. “Ambos gobiernos sacan dividendos políticos del episodio de los supuestos espías. El fenómeno imprevisto de Antanas Mockus en la carrera presidencial ha obligado al uribismo en Colombia a posicionar a Chávez en la confrontación y a mostrar a Juan Manuel Santos como el más habilitado para continuar las políticas de Uribe”. Sin tantas elucubraciones, la fundación Colombianos en Venezuela aporta cifras al debate: en el ‘sándwich ’de intereses de los mandatarios, cuatro millones de compatriotas sortean como pueden en el vecino país las talanqueras de las disputas.

Luis Alberto Russian, director ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana (Cavecol), detalla números concretos. En comparación con el primer trimestre de 2009, la caída del intercambio binacional cayó un 70%. En el año 2008 los negocios entre ambos países le reportaron a Colombia US$6.091 millones. Tras el bloqueo impuesto por Chávez desde junio del año pasado por el acuerdo de bases militares con EE.UU, apenas se superaron los US$4.000 millones. El drama en la frontera, explica, no tiene comparación. “El 70% del PIB en Táchira depende del intercambio binacional. Al caer el comercio en estas magnitudes, del empleo formal se pasa al informal, el tejido social sufre demasiado y las capacidades productivas merman. Esto acentúa en Venezuela la dependencia del petróleo como negocio, olvidando las otras fuentes de economía”.

Si de polémicas o desencuentros se trata, la estatua de Tirofijo en El Amparo concentró buena parte de las pullas de esta semana. “Es una provocación, así como mantener ese nombre en una escuela en Aragua”, comenta el diputado Juan José Molina. En los arrabales de Caracas, en el barrio 23 de Enero, hace un par de años se rindió homenaje al comandante guerrillero y se elevó un busto. El hecho provocó un rechazo generalizado en Colombia. Muchos recordaron, uno a uno, crímenes horrendos, secuestros, asesinatos y otra infinita cadena de violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de las Farc. El Espectador llegó hasta allá. La inscripción que acompaña el busto dice: “Héroe insurgente de la Colombia de Bolívar”. Algunos habitantes que se percataron de la presencia del equipo periodístico preguntaron por qué se tomaban fotos. El reportero gráfico se identificó.

“¿Ese busto no es una afrenta al pueblo colombiano?”, interrogó El Espectador al diputado Morales. “No hay que hacer una montaña de una roca. En Venezuela también tenemos bustos del Che Guevara o de Emiliano Zapata, promotor de la revolución mexicana”. Es cierto. No muy lejos del 23 de Enero, en el Boulevard de la Revolución, están además las imágenes de Manuela Sáenz, Augusto César Sandino, Agustín Farabundo Martí, Ho Chi Minh y Martin Luther King. Una ondeante bandera de Estados Unidos —quizá la única en todo Caracas— se ubica encima del busto de King, cuya inscripción rememora su célebre discurso “I have a dream”. Es apenas una radiografía de lo que ocurre hoy en tierras bolivarianas. Entretanto, los Giraldo siguen en una encrucijada judicial, el presidente Chávez insiste en sus sospechas, el intercambio binacional continúa estático y las pullas van y vienen. “Es por el ego de los gobernantes”, cuenta un caraqueño reposado.

Lo que dijeron las ‘espías’

Isabel Giraldo y Cruz Elba Giraldo, dos de las colombianas detenidas en una reclusión militar en Caracas, manifestaron a El Espectador que están esperanzadas en recuperar su libertad muy pronto y manifestaron que creen en la justicia venezolana. Las dos mujeres rechazaron las acusaciones que en su contra han elevado las autoridades del vecino país por presunto espionaje y señalaron que de las fotos que les fueron decomisadas sólo algunas fueron tomadas en inmediaciones de instalaciones eléctricas de Venezuela. En cuanto a su situación en el lugar donde han estado recluidas desde hace más de un mes, dijeron que han recibido buen trato y esperan la colaboración de las autoridades de ambos países para recobrar pronto su libertad.

El caso del detective Tocora

Fuentes consultadas por El Espectador señalan que la fecha límite para que se iniciara formalmente el juicio en contra de Julio Enrique Tocora, detective del DAS detenido en Venezuela desde octubre pasado y también señalado de supuesto espionaje, venció hace mucho tiempo, lo cual podría traducirse en una violación de sus derechos porque, hasta la fecha, no ha podido conocer pruebas efectivas en su caso.

La Fiscalía Militar lo acusó en enero de espionaje, pero cuando iba a empezar el juicio, el Tribunal Militar de Caracas se declaró fuera de competencia y lo remitió al Tribunal Militar de Maracaibo. Mientras tanto, Tocora sigue sin poder conocer los presuntos elementos que lo incriminan.

Felipe Muñoz, director del DAS, ha reiterado en varias ocasiones que ignora por qué Tocora sigue retenido. Ha expresado también que los familiares del funcionario pusieron el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.