Hoy se podría conocer la decisión de la Corte de Apelaciones de Venezuela sobre el recurso presentado el 16 de octubre por la defensa del opositor político Leopoldo López, quien el pasado 10 de septiembre fue condenado a casi 14 años de prisión por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, por los hechos violentos ocurridos en una marcha a la que él convocó el 12 de febrero de 2014.
No es coincidencia que en los días previos a que se conozca el veredicto surjan fuertes cuestionamientos sobre el encarcelamiento de López. Uno de los fiscales que lo acusaron, Franklin Nieves, decidió salir de Venezuela y declaró, en un video publicado en Youtube, que las pruebas presentadas contra López eran falsas. “Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaban ejerciendo el Ejecutivo nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado” a López, afirmó. La instrucción para que “continuara defendiendo las pruebas falsas (...) se tenía que hacer contestando la apelación y argumentando para defender la condena” de primera instancia.
De ser verídicas estas declaraciones, se confirmaría un problema que ha sido denunciado de manera reiterada: la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. En la región, la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) lleva más de una década advirtiendo sobre ello y expresando su preocupación ante la falta de independencia de jueces y la falta de mecanismos para garantizarla (estabilidad laboral, ejercicio libre de sus funciones, seguridad y protección). La Comisión reiteró esta preocupación respecto a la sentencia contra López, porque “lo declara culpable por los delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y sus derechos políticos” y por la presunta ausencia de garantías de debido proceso en las investigaciones y el juicio.
Además, de ser ciertas las palabras de Nieves sería necesaria la inmediata liberación y reparación de López por su injusto encarcelamiento y se sembrarían serias dudas —además de las ya existentes— sobre el carácter democrático del gobierno venezolano. En cualquier democracia, el video de un fiscal presentando pruebas sobre la cooptación por parte del Ejecutivo para reprimir opositores políticos generaría un escándalo mayúsculo. En el caso venezolano, hasta ahora, el cubrimiento mediático ha sido discreto y no se conocen respuestas oficiales de la Fiscalía o el Gobierno.
Los que sí se han manifestado son los opositores. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) argumentó que la declaración de Nieves “vicia de total nulidad el proceso” judicial y demandó la libertad de López y otros 82 “presos políticos” ante lo que consideró una confesión de la manipulación partidista de la administración de justicia.
Nieves no se ha convertido en héroe por presentar estas pruebas. El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio de Miami (Veppex) lo calificó como un “nefasto violador de los derechos humanos”, responsable del encarcelamiento de otros presos políticos, del cierre de casos sobre torturas, de la protección a los torturadores y de la manipulación de expedientes.
¿Y las elecciones?
Las declaraciones de Nieves se dan a menos de dos meses de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en las que el oficialismo lleva la desventaja. La acusación sobre manipulación del Poder Judicial para reprimir opositores políticos supone otro golpe de impopularidad para el chavismo.
Antes de las elecciones, Maduro ha tomado medidas fuertemente cuestionadas. La semana pasada prorrogó 60 días más el estado de excepción en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, donde había impuesto la medida el 21 de agosto. Esto quiere decir que seguirá en pie durante los comicios del 6 de diciembre.
La oposición teme que la declaratoria del estado de excepción sea una manera de dilatar las elecciones. La medida se extiende justamente en Táchira, que es el estado opositor de Venezuela. Carlos Vecchio, el segundo al mando del partido Voluntad Popular, después de Leopoldo López, ya había advertido en entrevista con este diario que la estrategia del Gobierno era extender la medida hasta las elecciones. Dijo, además, que “ya hay alertas encendidas de cara al proceso electoral: el Gobierno comenzó inhabilitando a diez candidatos y líderes de la oposición para que no participaran en el proceso. También ha usado a la justicia para intervenir a dos partidos opositores. Eso no reúne el estándar de un proceso democrático”.
Por Daniel Salgar Antolínez
