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El bufete de abogados del exjuez español Baltasar Garzón confirmó este miércoles que asumirá la coordinación de la defensa del empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y requerido por las autoridades de Estados Unidos.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla, en respuesta a una petición de Washington cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
El equipo legal que lidera Garzón buscará presentar al empresario colombiano como una víctima de una estrategia política de presión contra Maduro, en la que se estarían entrometiendo “los intereses políticos y diplomáticos” de Washington.
“Consideramos que existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense”, señala el International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD) a través de un comunicado.
“Es importante destacar cómo muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”, agregan.
La defensa de Saab se enfocará en el carácter político de su detención para evitar su extradición a Estados Unidos, que inquieta a Nicolás Maduro y sectores importantes del chavismo.
“El señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado”, manifiesta la defensa.
El despacho de Garzón considera, en definitiva, que el colombiano quedó en el medio de un cerco diplomático internacional, liderado por Estados Unidos, contra Venezuela, “una estrategia política de guerra jurídica inaceptable por parte de aquel país”.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, es señalado por Estados Unidos de ser el supuesto testaferro del presidente venezolano y se le relaciona con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
El bufete de Garzón, con sede en Madrid, tiene entre sus clientes al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.