Mediante una publicación del domingo en X, el presidente Nayib Bukele ofreció a Nicolás Maduro intercambiar a 252 venezolanos detenidos en territorio salvadoreño por un número igual de opositores encarcelados en Venezuela, lo que fue rápidamente rechazado por el líder chavista.
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Más allá de las aparentes razones políticas inmediatas, expertos aseguran que detrás de esta propuesta y su rechazo hay estrategias discursivas para ganar legitimidad y popularidad regional por parte de ambos líderes. Nastassja Rojas, directora adjunta para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela, enfatiza en que “las personas no pueden ser bienes de canje”, pues esto violaría cualquier estándar internacional de derechos humanos.
La instrumentalización de la migración para Trump, Bukele y Maduro
Ronal Rodríguez, internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que el presidente salvadoreño instrumentaliza la migración con fines políticos. Según él, Bukele utiliza la criminalización de la migración venezolana, específicamente vinculándola con grupos criminales como el Tren de Aragua, para reforzar su imagen ante sectores de derecha en América Latina y mejorar sus relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump.
“Bukele busca confrontaciones públicas que generen atención mediática, llenen titulares y movilicen las redes sociales”, dice el internacionalista, y afirma que “este tipo de liderazgos populistas buscan tener enemigos, adversarios con los cuales mantener confrontaciones discursivas”. Por lo tanto, la oferta de intercambio no solo está orientada a solucionar problemas concretos, sino también a generar polémica y visibilidad pública, consolidando así su imagen de líder en oposición a otro.
Rojas coincide en que la propuesta es fundamentalmente mediática: “Era clarísimo para Bukele que Maduro no iba a aceptar una propuesta de este tipo”, y añade que El Salvador mantiene un acuerdo económico con Estados Unidos que implica recibir recursos por acoger a personas deportadas, por lo que liberar a estos migrantes sería contraproducente económicamente para Bukele, lo que reafirma la intención mediática y discursiva del ofrecimiento.
Estos 252 venezolanos fueron deportados en marzo en tres vuelos desde Estados Unidos, bajo la acusación de Trump de ser parte del grupo criminal Tren de Aragua, ejerciendo la Ley de Enemigos Extranjeros para deportarlos.
Funcionarios estadounidenses reconocieron en un documento judicial que muchas personas enviadas a El Salvador no tienen antecedentes penales, aunque insistieron en que todos son sospechosos de pertenecer a pandillas. Según varias denuncias, han sido apresados a partir de criterios arbitrarios, como tatuajes o estilos de peinado. “La falta de antecedentes penales no indica que representen una amenaza limitada”, decía una declaración en el expediente.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador incluye una compensación de aproximadamente US$6 millones por un año de detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con pagos hasta de US$20.000 por cada migrante. Este acuerdo fue negociado entre Bukele y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuando estuvo de gira por Centroamérica.
Maduro y su narrativa de defensor de los DD. HH.
Según el internacionalista Rodríguez, por su parte, Maduro encuentra en la crisis un espacio estratégico de beneficio político, y subraya que utiliza la migración para negociar indirectamente con Estados Unidos, consiguiendo cierta tolerancia hacia su régimen. Además, “al confrontar públicamente a Bukele, Maduro busca presentarse como defensor de los derechos humanos ante la comunidad internacional y especialmente frente a su audiencia interna”. Esto, en un contexto de casi 1.000 presos políticos (según Foro Penal), la mayoría en medio de la represión poselectoral del régimen y una emergencia humanitaria compleja que ha expulsado del país liderado por Maduro a cerca de ocho millones de personas.
El líder chavista ha encontrado en la migración un punto de diálogo con el gobierno de Trump, “al punto de negociar casi que la tolerancia del presidente norteamericano a la dictadura que él enarbola en Venezuela”, añade el docente. Esta dinámica convierte a la migración en una “moneda de cambio” valiosa para Maduro, más allá de las sanciones simbólicas impuestas contra su régimen, como mencionó Rojas con su postura de que “las personas no pueden ser bienes de canje”.
La analista está de acuerdo en que el rechazo tajante de Maduro le permite posicionarse públicamente como defensor de los derechos humanos. “Maduro aprovecha la situación para criticar las condiciones en las que Bukele mantiene detenidos a los venezolanos, fortaleciendo así su narrativa interna y externa como supuesto garante de DD. HH., pese a las críticas internacionales sobre su propio historial de violaciones”.
Rodríguez destaca la paradoja de que ambos líderes, pese a sus diferencias ideológicas, recurren a estrategias similares de instrumentalización discursiva de la migración: “Estos dos regímenes, en aristas ideológicas diferentes, terminan usando las mismas herramientas”; al final, “ninguno de los dos está resolviendo ni atendiendo las necesidades de la población migrante”.
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Por Alana Barguil
