La frontera de la desinformación

Los dos funcionarios que la Cancillería envió a Ipiales para apostillar los certificados judiciales virtuales de los colombianos que quieren entrar a Ecuador, no paran de atender a docenas de personas que requieren información para poder pasar. Un estudiante se acercó el martes a realizar el trámite, que consiste en una especie de autenticación del pasado judicial que le expidieron por internet. Tuvo que pagar $25.500 en el Banco Popular de Ipiales y a cambio le entregaron una hoja impresa en computador que certifica que su documento digital es real.

Así pretende este colombiano cumplir con las nuevas medidas migratorias que impuso el gobierno ecuatoriano a nuestros nacionales. El decreto, expedido por el gobierno de Rafael Correa, exige el trámite del apostillado (la validación de la Cancillería colombiana) a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que tienen certificado judicial expedido en la tradicional libreta verde. Por ahora, sin embargo, las autoridades migratorias del vecino país sólo lo están exigiendo a quienes poseen el documento expedido por internet.

Esto ha generado confusión entre los cientos de colombianos que atraviesan la frontera por el paso del Puente de Rumichaca. El director del DAS en Nariño, Enrique Galvis, explicó que oficialmente no se conoce la nueva medida del gobierno ecuatoriano y la única información proviene de los medios de comunicación. “El certificado judicial virtual nunca fue reconocido ni aceptado por las autoridades migratorias de Ecuador y por eso se está apostillando en Ipiales. En cuanto a los documentos expedidos en libreta verde, no hay ninguna novedad aún”.

Los funcionarios de la pequeña oficina de la Cancillería en Ipiales aseguran que sólo están autorizados para apostillar certificados virtuales (no lo hacen con los de libreta).

Entre los ciudadanos reina la confusión. Por ejemplo, aunque las normas migratorias exigen a los colombianos residentes en Ecuador presentar el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla, las autoridades ecuatorianas están exigiendo el carné a todos los ciudadanos que pasan la frontera. Esta situación obligó al centro de salud de Ipiales a desplazar dos enfermeras hasta el Puente de Rumichaca para atender la fuerte demanda.

“Desde el sábado que estamos aquí, hemos puesto un promedio de cien vacunas diarias”, dijo Elina Vallejo, una de las enfermeras que atienden el puesto de vacunación. La medida evita que los viajeros sean estafados por timadores colombianos que les cobran por la vacuna o incluso que policías ecuatorianos corruptos, según denuncian, les cobren entre 10 y 15 dólares por obviar el supuesto requisito.

“¿Por qué el presidente Uribe no hace algo para que nos respeten? Aquí los ecuatorianos pasan sólo con la cédula y nadie les dice nada”, refunfuñaban dos señoras que se quejan del trato discriminatorio que recibieron en Ecuador. “Cuando saben que somos colombianos, nos requisan las maletas, nos molestan y nos interrogan”.

Y en parte tienen razón. Aunque cada país es soberano para aplicar su política migratoria, el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1997 por los países de la Comunidad Andina, establece que por ser zona de integración fronteriza, los colombianos pueden llegar hasta Quito sin más requisito que su cédula de ciudadanía y que los ecuatorianos pueden ir hasta Cali en iguales condiciones.

El comercio

Rafael Correa, además, impuso nuevos aranceles a productos colombianos que ingresan a su territorio, afectando el comercio bilateral. El objetivo, aduce su gobierno, es incentivar el consumo de productos locales y tratar de equilibrar la balanza comercial entre los dos países que viene siendo deficitaria para Ecuador.

 Según el DANE, el año pasado Colombia obtuvo un superávit de US$484,1 millones. Las cifras del Banco Central del Ecuador indican que en 2007, las ventas externas alcanzaron US$739 millones en comparación con los US$1.522,2 millones en importaciones.

Sin embargo, en Ecuador ya se escucharon voces inconformes como la de Julio Bonilla, vicepresidente de la Asociación de Franquiciadores, quien aseguró que la medida afectará el negocio de marcas internacionales en el país, que han aumentado desde que se implantó la dolarización en 2000. “Se desestimula la competitividad, porque el país no tiene una producción interna altamente competitiva. El consumidor no se verá satisfecho y se fomentará el contrabando”.

En Colombia, los comerciantes prevén carestía, desempleo y una profundización en la crisis que vive la zona por el derrumbe de las pirámides. Jaime Pérez, uno de los intermediarios aduaneros que operan en la frontera, cree que en un mes, las 37 compañías que se dedican a estas labores empezarán a despedir personal.

Con las trabas a las exportaciones de Colombia hacia Ecuador se están viendo afectados también los transportadores, taxistas, dueños de bodegas, cambistas y en general los 117 mil habitantes de Ipiales que viven exclusivamente del comercio con el vecino país.

La crisis está dañando también las relaciones comerciales. Para Gustavo Estupiñán, comerciante de fruta, el clima de negocios es muy negativo. “Desde mediados de diciembre hay zozobra y ya no podemos hacer contratos como antes, en cualquier momento cambian las reglas de juego y podemos perder dinero, como el año pasado, cuando Correa suspendió la exportación de arroz a Colombia”.

Darío Pantoja, alcalde encargado de Ipiales, se une a las voces pesimistas. “Ipiales no sólo es frontera con Ecuador, es paso de Suramérica por la cordillera y nuestra economía es muy sensible al comercio y al cambio del dólar. En dos meses empezaremos a sentir la carestía, porque para los colombianos era rentable comprar ciertos productos de la canasta básica en Tulcán, ahora ya no existe ese incentivo”.

Los gremios, la Cámara de Comercio y la Alcaldía preparan un plan de choque para hacer frente a estas medidas del gobierno de Ecuador y están, desde ya, pidiendo ayuda a nivel nacional.

Las condiciones de Ecuador a Colombia

El gobierno ecuatoriano impuso cinco condiciones a Colombia para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas desde marzo del año pasado tras un ataque no autorizado de militares colombianos sobre territorio ecuatoriano.

Éstas son:

1. Que desvirtúe y termine con la campaña de vincular a Ecuador y sus autoridades con las Farc.

2. Asuma un compromiso con la presencia efectiva de la fuerza pública en la zona fronteriza.

3. Viabilizar la entrega de la información solicitada sobre la incursión del 1° de marzo.

4. Hacer efectiva la entrega de información sobre las computadoras encontradas en Angostura.

5. Que Colombia ayude al Acnur en relación con los refugiados.

Los dos funcionarios que la Cancillería envió a Ipiales para apostillar los certificados judiciales virtuales de los colombianos que quieren entrar a Ecuador, no paran de atender a docenas de personas que requieren información para poder pasar. Un estudiante se acercó el martes a realizar el trámite, que consiste en una especie de autenticación del pasado judicial que le expidieron por internet. Tuvo que pagar $25.500 en el Banco Popular de Ipiales y a cambio le entregaron una hoja impresa en computador que certifica que su documento digital es real.

Así pretende este colombiano cumplir con las nuevas medidas migratorias que impuso el gobierno ecuatoriano a nuestros nacionales. El decreto, expedido por el gobierno de Rafael Correa, exige el trámite del apostillado (la validación de la Cancillería colombiana) a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que tienen certificado judicial expedido en la tradicional libreta verde. Por ahora, sin embargo, las autoridades migratorias del vecino país sólo lo están exigiendo a quienes poseen el documento expedido por internet.

Esto ha generado confusión entre los cientos de colombianos que atraviesan la frontera por el paso del Puente de Rumichaca. El director del DAS en Nariño, Enrique Galvis, explicó que oficialmente no se conoce la nueva medida del gobierno ecuatoriano y la única información proviene de los medios de comunicación. “El certificado judicial virtual nunca fue reconocido ni aceptado por las autoridades migratorias de Ecuador y por eso se está apostillando en Ipiales. En cuanto a los documentos expedidos en libreta verde, no hay ninguna novedad aún”.

Los funcionarios de la pequeña oficina de la Cancillería en Ipiales aseguran que sólo están autorizados para apostillar certificados virtuales (no lo hacen con los de libreta).

Entre los ciudadanos reina la confusión. Por ejemplo, aunque las normas migratorias exigen a los colombianos residentes en Ecuador presentar el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla, las autoridades ecuatorianas están exigiendo el carné a todos los ciudadanos que pasan la frontera. Esta situación obligó al centro de salud de Ipiales a desplazar dos enfermeras hasta el Puente de Rumichaca para atender la fuerte demanda.

“Desde el sábado que estamos aquí, hemos puesto un promedio de cien vacunas diarias”, dijo Elina Vallejo, una de las enfermeras que atienden el puesto de vacunación. La medida evita que los viajeros sean estafados por timadores colombianos que les cobran por la vacuna o incluso que policías ecuatorianos corruptos, según denuncian, les cobren entre 10 y 15 dólares por obviar el supuesto requisito.

“¿Por qué el presidente Uribe no hace algo para que nos respeten? Aquí los ecuatorianos pasan sólo con la cédula y nadie les dice nada”, refunfuñaban dos señoras que se quejan del trato discriminatorio que recibieron en Ecuador. “Cuando saben que somos colombianos, nos requisan las maletas, nos molestan y nos interrogan”.

Y en parte tienen razón. Aunque cada país es soberano para aplicar su política migratoria, el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1997 por los países de la Comunidad Andina, establece que por ser zona de integración fronteriza, los colombianos pueden llegar hasta Quito sin más requisito que su cédula de ciudadanía y que los ecuatorianos pueden ir hasta Cali en iguales condiciones.

El comercio

Rafael Correa, además, impuso nuevos aranceles a productos colombianos que ingresan a su territorio, afectando el comercio bilateral. El objetivo, aduce su gobierno, es incentivar el consumo de productos locales y tratar de equilibrar la balanza comercial entre los dos países que viene siendo deficitaria para Ecuador.

 Según el DANE, el año pasado Colombia obtuvo un superávit de US$484,1 millones. Las cifras del Banco Central del Ecuador indican que en 2007, las ventas externas alcanzaron US$739 millones en comparación con los US$1.522,2 millones en importaciones.

Sin embargo, en Ecuador ya se escucharon voces inconformes como la de Julio Bonilla, vicepresidente de la Asociación de Franquiciadores, quien aseguró que la medida afectará el negocio de marcas internacionales en el país, que han aumentado desde que se implantó la dolarización en 2000. “Se desestimula la competitividad, porque el país no tiene una producción interna altamente competitiva. El consumidor no se verá satisfecho y se fomentará el contrabando”.

En Colombia, los comerciantes prevén carestía, desempleo y una profundización en la crisis que vive la zona por el derrumbe de las pirámides. Jaime Pérez, uno de los intermediarios aduaneros que operan en la frontera, cree que en un mes, las 37 compañías que se dedican a estas labores empezarán a despedir personal.

Con las trabas a las exportaciones de Colombia hacia Ecuador se están viendo afectados también los transportadores, taxistas, dueños de bodegas, cambistas y en general los 117 mil habitantes de Ipiales que viven exclusivamente del comercio con el vecino país.

La crisis está dañando también las relaciones comerciales. Para Gustavo Estupiñán, comerciante de fruta, el clima de negocios es muy negativo. “Desde mediados de diciembre hay zozobra y ya no podemos hacer contratos como antes, en cualquier momento cambian las reglas de juego y podemos perder dinero, como el año pasado, cuando Correa suspendió la exportación de arroz a Colombia”.

Darío Pantoja, alcalde encargado de Ipiales, se une a las voces pesimistas. “Ipiales no sólo es frontera con Ecuador, es paso de Suramérica por la cordillera y nuestra economía es muy sensible al comercio y al cambio del dólar. En dos meses empezaremos a sentir la carestía, porque para los colombianos era rentable comprar ciertos productos de la canasta básica en Tulcán, ahora ya no existe ese incentivo”.

Los gremios, la Cámara de Comercio y la Alcaldía preparan un plan de choque para hacer frente a estas medidas del gobierno de Ecuador y están, desde ya, pidiendo ayuda a nivel nacional.

Las condiciones de Ecuador a Colombia

El gobierno ecuatoriano impuso cinco condiciones a Colombia para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas desde marzo del año pasado tras un ataque no autorizado de militares colombianos sobre territorio ecuatoriano.

Éstas son:

1. Que desvirtúe y termine con la campaña de vincular a Ecuador y sus autoridades con las Farc.

2. Asuma un compromiso con la presencia efectiva de la fuerza pública en la zona fronteriza.

3. Viabilizar la entrega de la información solicitada sobre la incursión del 1° de marzo.

4. Hacer efectiva la entrega de información sobre las computadoras encontradas en Angostura.

5. Que Colombia ayude al Acnur en relación con los refugiados.