“La guerra de drones llegó a Colombia”, así se lee en un artículo publicado esta semana en The Economist, medio que aseguró que eso “se está convirtiendo en la última innovación criminal de América Latina”. Si bien destacó que grupos al margen de la ley llevan una década usando esos artefactos, como cuando en 2016 el Clan del Golfo recurrió a ellos para contrabando y dos años después el ELN lo hizo para vigilar, ahora se están usando drones armados en medio de la ola de violencia que vive el país.
Al menos desde 2023 se tiene registro de eso, detalló el medio internacional, que recordó que el año pasado un niño de diez años murió asesinado por un dron, y desde entonces ofensivas de ese estilo han ido en aumento. Armed Conflict Location and Event Data, un grupo de investigación con sede en Estados Unidos, ha registrado más de 80 ataques con drones en Colombia por parte de grupos no estatales desde principios de año, en comparación con menos de 20 en 2024.
Catatumbo, en Norte de Santander, y el departamento del Cauca fueron mencionados por el reporte como focos de especial violencia perpetrada a través de drones. El aumento en el uso de ellos tiene que ver con la disponibilidad de artefactos baratos, fabricados principalmente en China, que los grupos armados pueden modificar para transportar bombas. Otra razón tiene que ver con la guerra de Ucrania.
Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, citado por The Economist, detalló que los videos sobre esa guerra “marcaron un momento decisivo” en esto, pues les mostraron a los grupos armados latinoamericanos lo que se puede lograr con ello. A eso se suma el hecho de que varios colombianos se han ido como mercenarios a la guerra en medio de la invasión rusa de territorio ucraniano, donde han adquirido experiencia en el manejo de drones. Se cree que miembros de pandillas mexicanas han hecho lo mismo.
Entretanto, las Fuerzas Armadas de Colombia están tratando de contrarrestar esas acciones. Un ejemplo de ello es el desarrollo de Dragom, el primer dron de ataque de fabricación nacional en el país. En octubre, la Fuerza Aérea puso en marcha su propia unidad de drones. El Gobierno también ha invertido USD 25 millones en equipos de interferencia de fabricación estadounidense que utilizará para defender las bases militares.
La efectividad de esas medidas aún no se conoce, más aún porque es difícil contrarrestar los drones con inhibidores sin interrumpir las comunicaciones civiles. Otra posibilidad es restringir las cadenas de suministro, pero puede que la criminalidad se adapte a ello. Entretanto, otras partes de la región no han sido ajenas a este problema: en septiembre, un dron atacó una prisión en Guayaquil, Ecuador. El mes pasado, en Brasil, las pandillas utilizaron drones para lanzar granadas contra la policía que realizaba una redada en Río de Janeiro.
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