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El Proyecto de Ley 036 de 2019, por el cual se busca establecer una “Política Integral Migratoria” para Colombia, pasó a segundo debate en la Comisión Segunda del Senado. Pero para un grupo de organizaciones de la sociedad civil, dentro de las que se encuentra Codes, el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia y el Centro de Estudios de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), entre otras, este proyecto no genera cambios estructurales ni representa un avance para la protección de derechos de los migrantes en el país. Y el Congreso debería tener en cuenta una serie de condiciones que por ahora no han hecho parte del debate.
“Una ley con estas características debe estar fundada en los principios de inclusión, igualdad y pluralidad, y garantizar la participación de personas con distintos perfiles migratorios, las entidades territoriales y la sociedad civil. Así mismo, debe ser el resultado de un debate amplio, transparente y democrático, en el que participen las universidades y centros de investigación y, principalmente, las personas migrantes, refugiadas, retornadas y colombianas en el exterior”, señalan el conjunto de organizaciones en un comunicado.
Después de un examen al proyecto de ley, las organizaciones de la sociedad civil mencionadas encontraron que no se establecen rutas de regularización permanentes, accesibles y de largo plazo a la población migrante indocumentada. Tampoco involucra la participación de personas migrantes y refugiadas y deja las decisiones clave en cabeza del Ejecutivo, como la determinación de las condiciones de refugiado y apátrida.
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Según las organizaciones, el proyecto de ley debe incluir un enfoque de derechos humanos que incorpore medidas efectivas que respondan a las obligaciones del Estado colombiano. También asignar responsabilidades institucionales a las entidades pertinentes, como los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Trabajo y Justicia, y garantizar una amplia participación de la ciudadanía en la inclusión y en el principio de no discriminación hacia la población migrante.
A través de un documento de investigación, las organizaciones civiles hacen énfasis en otros puntos clave ausentes del actual proyecto de ley, como la necesidad de un sistema sancionatorio que garantice el debido proceso en los procedimientos de control a la población migrante cuando está en curso una expulsión o una deportación, así como un sistema que garantice la protección de esta población frente a delitos en el país. También se debería incorporar un enfoque diferencial que permita mecanismos orientados a la protección de los grupos más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, mujeres y las poblaciones LGBTI, los indígenas y los afrodescendientes.
“Hacemos un llamado a que el Congreso tenga en cuenta estos aportes y los incorpore en los próximos debates del proyecto de ley. Una ley migratoria que no contenga estos mínimos no debería ser aprobada”, concluyen las organizaciones civiles en un comunicado.
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