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El rápido avance de la violencia en Venezuela parece estar fuera de toda rienda. “Más de 10 personas son asesinadas en Caracas cada día”. Es una de las frases con las que el centro de pensamiento International Crisis Group, con sede central en Bruselas (Bélgica), abre su más reciente informe: “Violencia y política en Venezuela”, que hoy es lanzado a la luz pública.
Si bien de la violencia no se puede culpar al presidente Hugo Chávez, el informe sí deja en claro una noción: a partir de 1999 —año en el que llegó al gobierno— los índices han crecido paulatinamente hasta alcanzar el punto actual, cuando no se duda en afirmar que Venezuela es uno de los países más peligrosos del planeta. Después de que la tasa de homicidios se estableciera en ocho por cada 100.000 durante los años 80, la cifra de 75 que hoy maneja el Instituto Nacional de Estadística luce como un exabrupto, el doble de un país históricamente violento como Colombia (33 homicidios cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el general Óscar Naranjo). Los 4.550 homicidios que se registraron en 1998 parecen una cifra mínima si se comparan con los 17.600 del año pasado, según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia.
El informe, un documento de 40 páginas que recoge los registros de múltiples entes estatales e independientes de Venezuela, estudios del gobierno de Estados Unidos, así como encuestas y entrevistas realizadas por International Crisis Group en territorio venezolano, sostiene que en 2005, ante el considerable aumento de las cifras de violencia, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela cerró su oficina de prensa y, en 2004, el Ministerio del Interior y de Justicia cesó de publicar estadísticas de violencia.
El reporte, muy poco complaciente con el gobierno de Hugo Chávez, asegura además, citando fuentes de las Naciones Unidas, que en los últimos años Venezuela se ha convertido en uno de los principales corredores de transporte de droga de Latinoamérica a Estados Unidos, Europa y el este de África: el 40% de los cargamentos de cocaína incautados en mar europeo, entre 2004 y 2010, habían zarpado de puestos clandestinos venezolanos. La cifra es más preocupante cuando se reporta que durante 2010 el 90% de los vuelos no comerciales que transportaban cocaína colombiana habían despegado de Venezuela.
Internacional Crisis Group afirma que dos terceras partes de la cocaína que transita por el país vecino son de las Farc, “en gran parte concentradas en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, mientras que el Eln ha estado basado mayoritariamente en el este de Apure y el sureste de Táchira”. Aunque el informe retoma la supuesta presencia de guerrilleros a lo largo de los más de 2.000 kilómetros de frontera que comparten Colombia y Venezuela, contempla también la presencia de grupos derivados de las desmovilizadas autodefensas, como las ‘Águilas Negras’ y bandas criminales como ‘Los Rastrojos’, que actúan allí en función del tráfico de drogas.
La presencia de estos grupos, invisible —dice International Crisis Group por el poder del dinero sucio que circula entre los organismos de seguridad— está originando un impacto violento en la población fronteriza, representada en extorsiones y apropiaciones ilegales de tierra. Después de que este tema, fundamentalmente en el aspecto de la presencia guerrillera, fuera en el último tiempo la principal fuente de fricciones entre el expresidente Álvaro Uribe y Hugo Chávez, la llegada de Juan Manuel Santos a la jefatura del Estado colombiano dio un giro hacia la cooperación y dejó las críticas de lado, gracias a la política de “cero descalificaciones a Chávez”, como dice un exagente de inteligencia militar colombiano, citado en el documento.
“Los grupos armados y la complicidad de alto nivel con el crimen han quedado impunes, mientras que existen milicias de ciudadanos armados y entrenados para defender la revolución por la fuerza. La violencia o su amenaza se ha convertido en elementos inherentes al proyecto político del presidente Chávez”, concluye el informe.
Crisis institucional
International Crisis Group sugiere que el retiro de la oposición venezolana de las elecciones legislativas de 2005 permitió al gobierno de Hugo Chávez monopolizar órganos estatales claves, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, y abrió la puerta a la corrupción institucional y a la impunidad. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2009 el 91% de las investigaciones por asesinato no contaron con ningún sospechoso, mientras que en ese mismo año, según el ministro del Interior y Justicia, Tarek el Aissami, la Policía estuvo envuelta entre el 15 y 20% de los crímenes.