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Los 2.844.488 migrantes venezolanos son el 5,3 % de la población de Colombia, lo que implica que los venezolanos son la segunda minoría del país después de la población afrocolombiana, que se cifra en aproximadamente el 9,3 %, y por delante de los 4,4 % de la población indígena. Una realidad que abre una importante conversación sobre la permanencia de los venezolanos en Colombia y su acceso a los derechos políticos.
El próximo 19 de agosto se cumplen 11 años desde que se inició la crisis migratoria proveniente de Venezuela, momento en que el régimen chavista en cabeza de Nicolás Maduro desencadenó la salida de más de 32.000 colombianos que habían hecho de Venezuela su hogar. La crisis que se inició con la llegada de miles de colombianos y sus familias venezolanas se convirtió rápidamente en el mayor fenómeno de movilidad humana de la región, con episodios dolorosos como el de “los caminantes” o el de “la ruta por la selva del Darién”.
Si bien la denominada “respuesta colombiana” se convirtió en un ejemplo de cómo un país de ingreso medio logró salir adelante de una de las mayores crisis migratorias del mundo, en los últimos cuatro años la falta de voluntad política desaceleró el proceso de integración de la población venezolana. Al presidente Juan Manuel Santos le correspondió la atención humanitaria, al presidente Iván Duque la plena identificación y regularización, pero el proceso de integración perdió ritmo durante el gobierno de Gustavo Petro.
La administración saliente subordinó el tema migratorio a las narrativas del régimen venezolano para armonizar la relación binacional, si bien en los encuentros presidenciales, en los que se entregó agenda, se incluía el tema migratorio poco se avanzó en la materia. Para agosto de 2022, aproximadamente 2.477.096 venezolanos se encontraban en Colombia según los datos extraídos por la Bitácora Migratoria de las plataformas de Migración Colombia y del R4V, plataforma multiagencial para el seguimiento de la crisis venezolana en la región, en ese momento se implementaba el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos diseñado por la administración Duque.
La migración venezolana creció aproximadamente un 14,8 % en los últimos cuatro años, en otras palabras, la migración no se detuvo ni los venezolanos regresaron a su país como tantas veces afirmó el expresidente Gustavo Petro, por el contrario, para finales de 2022 incluso llegó a hasta los 2.896.748, la cifra más alta registrada por las autoridades, en medio de la crisis de los migrantes que se dirigían a los Estados Unidos cruzando la selva del Darién (2022 a 2024). La irregularidad también creció, el 23,8 % de los venezolanos en Colombia se encuentra en condición de irregularidad en el país, unas 812.652 personas, más que la población de Cúcuta o la de Bucaramanga. Si todos los venezolanos irregulares se reunieran en un punto de la geografía colombiana serían la sexta ciudad.
Y a pesar de las afirmaciones de la saliente directora de Migración Colombia, quien dice que bajo el “Gobierno del Cambio” se regularizaron “un millón y medio de venezolanos”, la verdad es que para finales de mayo de 2022 se habían regularizado un millón de migrantes que contaban con el Permiso de Protección Temporal, el PPT. En junio de ese mismo año la cifra llegó al 1.124.403 PPT entregados, para julio ya eran 1.280.106 y en agosto de 2022 cerró con 1.377.067 migrantes regularizados con su PPT en la mano, datos extraídos por la Bitácora Migratoria de la plataforma de Migración Colombia que en ese momento publicaba en tiempo real la información. Según los datos públicos de Migración Colombia a mayo de 2026 hay 1.966.329 migrantes regularizados con PPT, es decir que en los cuatro años del “Gobierno del Cambio” solamente se regularizó a 589.262 venezolanos con PPT, y otros 29.708 se encuentran regularizados con otros instrumentos, solo el 29,5% de los venezolanos se regularizaron durante el gobierno Petro y gracias al Estatuto, instrumento de política pública creado por la administración Duque.
La principal política de regularización de la administración que cierra fue el PEP Tutor, un instrumento diseñado para padres y cuidadores irregulares de los niños, niñas y adolescentes venezolanos regularizados con PPT, y precisamente ese es su principal problema, retomó la figura del Permiso Especial de Permanencia que se usó de 2017 a 2021 y que fue remplazado por el PPT. Como lo afirma la directora saliente de Migración Colombia en redes sociales este instrumento ha beneficiado a 3.000 migrantes, el 0,11 % de los migrantes venezolanos en el país. Más allá del cuestionable desgaste institucional por la formulación de una política pública con tan baja cobertura en la práctica el PEP Tutor es un instrumento insuficiente, basta con entrar a las diferentes plataformas públicas o privadas de servicios: bancos, EPS, cajas de compensación, servicios públicos, etc., para ver que la opción de documento del PEP-Tutor no existe en la mayoría, de hecho, la falta de claridad de las autoridades salientes en materia de coordinación con actores territoriales y privados frenó la socialización hasta del propio PPT. Sin olvidar que los padres venezolanos de niños colombianos beneficiarios de “Primero la Niñez” no fueron incluidos en la política.
El gobierno del saliente presidente Gustavo Petro le apostó a la “desvenezolanización de la migración” y se quedó en los discursos y las narrativas, presentó como propios los éxitos y el trabajo institucional de Migración Colombia y cerró con un Viceministerio en la Cancillería que no tiene capacidad para abordar el reto que representa la migración venezolana para Colombia.
El principal reto del nuevo gobierno
Hoy la migración venezolana representa la segunda minoría de Colombia, una minoría que no tiene derechos políticos lo que de entrada cuestiona el talante democrático del Estado colombiano. La exvicepresidenta saliente pertenece a la primera minoría, la candidata del Pacto Histórico a la vicepresidencia y hoy representante en el Congreso por el Estatuto de Oposición pertenece a la tercera minoría, pero la segunda minoría no puede elegir ni ser elegida.
La conversación sobre los derechos políticos de los migrantes es una conversación compleja que requiere diálogo y consenso en un sistema político que ya atraviesa profundas dificultades, pero es una conversación inaplazable. Al tomar los datos más recientes de Migración Colombia y la proyección demográfica del DANE ajustada después de la Pandemia para 2026, el 16,5 % de la población de Inírida son migrantes venezolanos; el 22,5 % de la población de Riohacha; el 27,5 % de la población de Cúcuta; el 43,1 % de la población de Puerto Carreño; y el 51,8 % de la población de Arauca, cinco capitales de departamento que no pueden dar largas a esa conversación. ¿Puede considerarse que hay democracia cuando más de la mitad de la población de una capital no puede participar políticamente en las elecciones de sus autoridades locales?
En 2031 los 1.966.329 migrantes venezolanos regularizados con PPT deberán transitar al sistema ordinario de regularización y tener visas de residencia lo que les permitiría participar en elecciones locales. En cinco años el Estado colombiano enfrentaría las primeras elecciones territoriales en las que esa segunda minoría del país, los migrantes venezolanos que han hecho de Colombia su hogar, tendrían el derecho de expresar su voluntad electoral. La participación política de los migrantes venezolanos es un tema para el cual se debe preparar a la sociedad colombiana y evitar la instrumentalización de la izquierda como tristemente pasó con nuestros nacionales en Venezuela con el chavismo o la instrumentalización de la derecha como lo ha hecho el presidente Donald Trump en los Estados Unidos con la exacerbación de la xenofobia y la radicalización nacionalista de la sociedad.
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