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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se dispone a decidir sobre un caso que podría sentar un precedente para los procesos judiciales de las violaciones sexuales en la región. Casi 20 años le ha tomado a Brisa de Angulo, colombiana de origen, llegar hasta esta instancia en busca de la justicia que le ha sido negada en Bolivia, país en el que se crió y en el que denunció haber sido víctima de violación durante ocho meses por parte de un primo, colombiano, que en ese momento tenía 27 años, mientras ella tenía apenas 15.
Hasta mayo, el tribunal recibirá los alegatos de las partes en un proceso en el que Bolivia es acusado de violar el derecho de acceso a la justicia. En esta entrevista, De Angulo, quien lidera la organización A Breeze of Hope, que acompaña a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, cuenta la razón de su interés por llegar hasta la última instancia: que en la región se sienten precedentes como considerar el incesto un crimen y replantear definiciones como la de violación sexual, pues en la comisión de estos delitos no siempre se usa la fuerza o la intimidación.
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¿Por qué ha tomado tanto tiempo su búsqueda de justicia?
Hace 20 años fui repetidamente víctima de violencia sexual. Llevé el caso a las autoridades en Bolivia y hubo muchas violaciones de derechos por parte de los jueces en primera instancia. La Corte Suprema reinicia un nuevo juicio, un segundo juicio, en donde hubo más violaciones de derechos humanos. Termina el juicio y de nuevo en la Corte Suprema se pide un nuevo juicio. Vamos para el tercero, y el agresor se escapa. Desde entonces es fugitivo; en este momento está detenido en Colombia, hace más o menos un mes, y se está esperando la extradición a Bolivia. Estudié neuropsicología e hice el doctorado en derecho para poder algún día llegar a instancias de la Corte IDH. En ese proceso se llevaron a cabo audiencias temáticas ante la CIDH y después de varios años ellos deciden que es evidente la cantidad de violaciones de derechos humanos; toman el caso y hacen recomendaciones a Bolivia. Primero tratan de hacer un acuerdo amistoso, eso no funciona y el caso ingresa a la Corte IDH, la Corte lo acepta… Es un proceso largo.
Usted es de origen colombiano, pero se crio en Bolivia. ¿Cómo es esa historia?
Llegué a Bolivia cuando tenía 2 años. Mis papás han trabajado en sectores humildes en la parte de salud materno-infantil. Estudiaba en casa y todo el tiempo estábamos involucrados en los proyectos de mis papás, vivimos en la comunidad, hacía mucho voluntariado con los niños de la comunidad en una escuela, con los abuelos, los alimentábamos… Esa era mi vida. Después el agresor llega a Bolivia, había estudiado veterinaria, era un adulto. Estaba yendo a hacer una pasantía y al mes y medio de que llega empieza a agredir sexualmente a mí y a mis hermanitas menores y luego empieza a violarme. Es ahí donde desarrollo bulimia, anorexia, intento suicidarme. Estaba en el equipo de natación, competía, y dejé de nadar; tocaba piano y violín, dejé de tocar música; dejé los estudios. Mi vida completamente se estaba acabando en frente de los ojos de mis papás y ellos no sabían qué pasaba. El agresor está muy involucrado con iglesias, la esposa de él es una pastora de iglesia. Él siempre ha sido pastor de jóvenes, quién sabe a cuántos niños más no habrá lastimado. Y él usaba mucho la religión, les decía a mis papás que iba a averiguar lo que estaba pasando conmigo. Los agresores buscan espacios donde tienen acceso a personas vulnerables, que no tienen un escudo de protección, porque se supone que estoy en un lugar seguro: la casa, la iglesia…
Entiendo que sus papás siempre la apoyaron, pero no el resto de la familia…
En ese momento (a los 16 años), mi hermano vivía en Estados Unidos y se estaba graduando. Cuando fui a Estados Unidos intenté cometer suicidio y ahí me llevaron a una psicóloga especializada, que nos refirió a un centro especializado, y conté por primera vez lo que estaba pasando. Llamaron a la policía, médicos forenses, y sale todo a la luz. Lo que realmente ha hecho la diferencia para ser la persona que soy hoy y que mi vida no se haya acabado es que mis papás nunca dudaron de mí y me apoyaron. Lastimosamente de los 40 tíos y tías, y ochenta y pico de primos no hubo una sola persona que quisiera escuchar mi historia. Hubo tías que viajaron a Bolivia para hablar en nuestra contra, pese a que ellos vivían en Colombia y yo en Bolivia, y que no me conocían prácticamente. Incluso un tío que viaja a testificar en mi contra es un tío que ha estado en la cárcel por violencia sexual y mostramos la sentencia en el juicio. Durante el proceso tías y primas decían cosas horribles, como que yo era la que lo había seducido y que hago esto porque quiero volverme famosa, como si esto no hubiera traído ya tantísimo dolor y cosas horribles a mi vida. Y 20 años después siguen amenazando, culpando, y eso es lo que pasa con las familias incestuosas: se hace cualquier cosa para silenciar a la víctima, revictimizar y castigar a quienes decidan apoyar. En la región la mayoría de los países no consideran el incesto como un crimen. Una de las cosas que estoy pidiendo a la Corte es que eso cambie, pues si la ley no lo visibiliza como un crimen, mucho menos como sociedad vamos a empezar a hablar sobre el crimen de una violación incestuosa.
¿Regresaron a Bolivia?
Mis papás dijeron que no volvíamos, pero les dije que si hacíamos eso era como si él hubiera ganado. Cuando volvimos hicimos una denuncia y entonces aparecen las intimidaciones de parte de la familia, de la comunidad, los malos tratos del gobierno, mi casa fue incendiada dos veces, ponían cabezas de animales muertos en la puerta, pedradas… Por seguridad mis papás deciden enviarme a Estados Unidos, no terminé colegio. En Estados Unidos tomé un examen, me gradué, entré a estudiar psicología, mi maestría en neuropsicología enfocada en el trauma y mi doctorado en derecho. A los 17 años empecé el primer centro para víctimas de violencia sexual en Bolivia, para niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento hemos ofrecido servicios gratuitos legales y psicológicos a 2.200, hemos llevado más de 670 sentencias de casos de violencia sexual y he dedicado mi vida a la prevención de esta violencia en Bolivia y el mundo con muchas organizaciones.
¿Se refiere a su organización A Breeze of Hope?
Es la que creé desde 2004, pero también soy parte del Brave Movement, un movimiento mundial para víctimas de violencia sexual, junto con la ONU y la OEA.
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¿Por qué sería tan importante la decisión de la Corte IDH en este caso como precedente?
Mi caso es el primero que la Corte escucha sobre una adolescente víctima de incesto, cualquier cosa que ellos escriban se convierte en un precedente. Pese a que en Bolivia se trató de que hubiera arreglos entre el Estado y yo, quería irme hasta el final, porque con arreglos no se crean precedentes. No quiero plata, lo que quiero es que se creen estándares legales. Entre lo que estamos pidiendo es que el incesto sea un crimen en sí. Pedimos que la Corte reconozca que casos de violencia sexual deberían ser imprescriptibles, porque sabemos que la mayoría de las víctimas de violencia sexual se demoran años o décadas en contar lo que les ha sucedido. Lo otro es el tema del consentimiento: en casos de incesto eso no debería siquiera considerarse, así haya consentido, el adulto tiene que proteger. En Bolivia y otros países el crimen de violación sexual se basa en si hubo violencia física o intimidación, pedimos que se enfoque en el consentimiento y que en situaciones en las que así se hable de consentimiento se vean otras variables, como el uso del poder, por ejemplo, en el caso de un jefe y una secretaria. Se pide que haya capacitaciones y certificación en el personal involucrado en estos casos. Muchos países, cuando vamos a audiencias, dicen que capacitan, pero son dos o tres horas que les dan. Buscamos certificación por parte de instituciones especializadas en violencia sexual. Por ejemplo, las investigaciones muestran que más del 86 % de las víctimas de violación no van a mostrar ninguna evidencia en el himen, varios médicos forenses dicen que no hubo violación, pero los médicos no pueden decir si hubo o no violación, solo que no puede confirmar o desconfirmar si la hubo. Esas personas tienen que estar certificadas por instituciones especializadas en trauma, entrevistas forenses, entre otras.
¿Cómo sopesar esas complejidades con la presunción de inocencia?
Es importante la parte de psicología forense, que se sepa cómo hacer entrevistas a niños, niñas y adolescentes. Si se conoce del tema, con la forma en que la niña cuenta, las cosas que recuerda, es muy fácil saber cuándo está mintiendo o no, pero eso solo pasa con personas especializadas en el tema, porque hay síntomas que en otras situaciones parecerían que está mintiendo, por ejemplo, la historia no es coherente, salta de una cosa a otra, hay elementos contradictorios, pero en una niña esas son las consecuencias normales del trauma. Ambas partes tienen derecho a la representación y a saber cuáles son las leyes.
¿Y qué sucede cuando hay diferencias de poder, no solo jefe-secretaria, sino por ejemplo una madre que no pueda pagar el arriendo y el arrendador la extorsiona con relaciones sexuales?
En esa situación hay presunción en contra del consentimiento, hay una diferencia de poder y la persona está en situación de riesgo si no accede, eso se toma en consideración y la ley tiene que responder. Incluso en situaciones entre dos personas adultas se presume que no hubo consentimiento.
¿Y el precedente obligaría a los Estados a modificar sus legislaciones?
Serían estándares internacionales. Bolivia acepta los estándares internacionales como ley. Uno podría irse a un juicio y citar lo que la Corte vaya a decir, por ejemplo, en casos de incesto. Ayudaría a hacer cambios regionales.
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