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“La abeja Ágata toma la miel de las flores amarillas de la casa”. Esa es una frase bastante simple, ¿verdad? Sin embargo, cuatro de cada cinco niños y niñas de 10 años serían incapaces de leerla o entenderla, según un informe del Banco Mundial, Unicef y Unesco de 2022. La región de América Latina y el Caribe, y el mundo de manera mucho más amplia, pasa por una severa crisis de aprendizaje que se profundizó aún más durante la pandemia de coronavirus. Y dicha crisis es mucho más grave en el interior de la población migrante y refugiada que, aunque tenga muchas intenciones de estudiar, no ha podido retomar sus clases por diversos factores.
Algunas condiciones que impiden la reincorporación a esa carrera educativa básica son fácilmente identificables y se ha hablado bastante de ellas, como el desplazamiento al que son empujados los menores de edad. En promedio, según Unicef, un niño pierde dos años de oportunidades de aprendizaje al estar por fuera del sistema educativo mientras viaja y se asienta en el nuevo país. A esto hay que sumarle las barreras burocráticas que existen en muchos países de acogida.
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“Mi mamá insistía con lo del cupo, pero nada. Mientras tanto me preparaba en la casa, porque sabía que algún día iba a volver a estudiar. Hasta que salió el cupo, pero ya me había pasado de edad”, dice Abraham Báez, un niño migrante que estuvo tres años sin estudiar por falta de cupo.
Mientras no había cupo para que estudiara en una institución colombiana, el pequeño Abaraham se iba quedando rezagado frente a otros jóvenes de su edad. Así, entrar al curso del nivel educativo apropiado para su edad se iba haciendo más y más difícil. Si bien Colombia como país de acogida ha hecho lo posible por derribar las barreras burocráticas para que miles de jóvenes migrantes en edad estudiantil puedan retomar sus estudios, todavía queda pendiente el gran reto de profundizar esfuerzos para ayudar a que se sientan cómodos con el nivel educativo que van a cursar. Como es el caso de Abraham, la ayuda para él fue la de los modelos de aceleración educativa, los cuales ayudan a los niños a recuperar su trayectoria escolar.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, la Unicef ha resaltado la urgencia de unir esfuerzos para que se repitan más historias como la de Abraham, quien ya ve materializado su derecho a la educación sin importar su lugar de origen y nivel de escolaridad. Para Tanya Chapuisat, representante de Unicef Colombia, “no es solo asegurar que los niños y niñas migrantes y refugiados puedan ir a la escuela, sino que esta entregue educación pertinente y de calidad, sin dejar a nadie atrás: que quienes han estado por fuera del sistema educativo por su condición de movilidad puedan sentirse parte de un entorno escolar seguro, ponerse al día, nivelarse académicamente, recuperar los aprendizajes postergados y, lo más importante, que logren mantenerse dentro del sistema y terminar sus estudios como parte fundamental de su proyecto de vida”.
El asunto con esto es que la respuesta necesita ser más integral, y con esto no solo se les hace un llamado a las organizaciones, donantes, sociedad civil y al Gobierno colombiano, sino que también se hace una alerta al país vecino. El rezago escolar de estos menores no solo se está produciendo porque los niños, niñas y adolescentes pierden tiempo de estudio al salir del sistema educativo por la movilización hacia un nuevo país, sino también porque el mismo sistema educativo del país del que salen presenta un gran problema. En octubre de 2022, Elsa Castillo, dirigente de la Federación Venezolana de Maestros, admitió que hay retrocesos significativos en la educación venezolana en el diario el Correo del Caroní. Ante esta desmejora, los padres han tenido que reforzar los vacíos que dejan las clases.
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Según un informe de Hum Venezuela, una plataforma independiente de la sociedad civil que vigila la emergencia humanitaria en ese país, al menos 3,8 millones de estudiantes y 310.000 docentes no contaban con conexión a internet. Eso es grave porque, además, las clases en muchas instituciones continúan siendo de manera virtual debido a las obras de reparaciones en las instalaciones. Así, los niños, niñas y adolescentes están perdiendo un derecho fundamental que les afecta en muchas otras áreas.
“El acceso a la educación, como prioridad de una política pública inclusiva con las personas migrantes y refugiadas, es a su vez catalizador de otros derechos: las escuelas son entornos protectores que les permiten a los niños y niñas contar además con alimentación, acceso al cuidado, participación y protección frente a diversas formas de violencia o ante las consecuencias del conflicto armado”, aseguró Chapuisat.
Luis Eduardo Ríos, oficial de Protección de Unicef Colombia y funcionario de la organización desde hace 13 años, señala que lo que le puede ocurrir a un niño, niña o adolescente que se quede por fuera del sistema educativo es catastrófico. “Aumentan los riesgos de estar en entornos que no son protectores, como la calle. También se incrementan los riesgos de ser víctimas del conflicto armado, violación o actividades delictivas. En términos educativos, significa que son años sin obtener las herramientas básicas y fundamentales para avanzar en su trayectoria educativa”, explica el experto.
Pero Ríos hace énfasis en un asunto importante: no solo son las implicaciones en la trayectoria educativa, sino también en la social. “Imagine que está en una fiesta con karaoke y no pueda leer las líneas para cantar con sus amigos, o que no pueda leer los subtítulos de una película. Todo se empieza a complicar en la vida social. Y es que la escuela no es solo donde uno aprende cosas, sino también donde uno socializa y enriquece culturalmente. En este momento, 135.000 niños y niñas están privados de participar de esos entornos”, resalta.
Colombia, por su lado y gracias a la cooperación internacional, continúa haciendo la tarea. Según cifras del Ministerio de Educación, el país pasó de contar con 34.030 niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados matriculados en 2018 a 590.489 en abril de 2023. Esto, en palabras de Chapuisat, “demuestra el compromiso del Gobierno de Colombia con la garantía de derechos y la promoción de una educación sin barreras”. Un compromiso que también rescata Ríos y que se ha sostenido, según explica, a pesar de los cambios de gobierno. Eso sí: los funcionarios dicen que hay que motivar a los gobiernos a nivel local y a sus instituciones a tener más corresponsabilidad para alcanzar los objetivos sobre la población migrante.
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Sin embargo, plantea al mismo tiempo retos, pues hay que hacer un esfuerzo adicional por los más de 135.000 niños y niñas migrantes que todavía están fuera del sistema. Para Unicef, el sistema educativo debe seguir creando planes de aceleración y nivelación para que recuperen el tiempo perdido, se actualicen y puedan completar sus trayectorias educativas. Otros testimonios recogidos por la organización dan muestras de que este es el camino que hay que seguir.
“Me adapté mucho más, y a la profesora del refuerzo también le agarré mucho cariño, porque ella fue como una segunda mamá para mí. Ahorita estoy en sexto (primero de bachillerato), ya pasé a la escuela oficial y ahorita estoy empezando… ojalá y Dios quiera que pueda ganar este año y seguir así hasta llegar a tener una carrera buena y poder estudiar profesionalmente. Dentro de unos años me imagino estudiando criminología, me parece un tema muy interesante sobre misterios, sobre tener que investigar, ayudar a las personas, me imagino que seré buena en eso. Ese logro tiene que ver con el empeño en querer estar, creo que lo importante es que los estudiantes logran visualizarse acá en estos modelos de aprendizaje”, dijo Josveglys, una niña migrante de 13 años que se acogió a los programas de nivelación.
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