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Diferentes organizaciones disidentes de Nicaragua condenaron la inminente expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea en Managua, Bettina Muscheidt, luego de ser interpelada en la víspera por la Cancillería nicaragüense.
“Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional con el objetivo de condenar la expulsión de la embajadora Bettina Muscheidt, representante permanente de la Unión Europea en el país, bajo falsos y repetitivos argumentos de ejercer ‘injerencia a la soberanía nacional’”, señaló un grupo de 12 organizaciones opositoras en una declaración. La presunta expulsión de Muscheidt, precedida de una declaración de ‘non grata’ por parte del gobierno de Daniel Ortega, fue anunciada por medios independientes de Nicaragua en el exilio, que citaron fuentes vinculadas al Parlamento Europeo.
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Hasta ahora, ni el gobierno de Nicaragua ni la delegación de la Unión Europea en el país se han pronunciado sobre la situación de Muscheidt en Managua. La interpelación de la embajadora en la Cancillería nicaragüense fue confirmada por el portavoz del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, Peter Stano. Hasta el mediodía de este jueves, Muscheidt se encontraba en Nicaragua y se espera que abandone el país el próximo sábado, según conoció Efe.
Muscheidt saldrá el sábado de Nicaragua
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, mencionó el sábado como posible día de partida de la diplomática de origen alemán, como un plazo establecido por el canciller, Denis Moncada. “La embajadora de Unión Europea dejaría Nicaragua el sábado. El Artículo 9 de la Convención de Viena establece plazos razonables para la salida de un embajador, pero la dictadura quería la salida inmediata de la embajadora. Finalmente, Moncada dijo que el ‘plazo prudencial’ era el 1 de octubre”, indicó McFields.
Las organizaciones que condenaron la situación de Muscheidt, todas dirigidas desde el exilio, insistieron en que la representante europea no cometió injerencia. “No es injerencia abogar por el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense y de cualquier otro país del mundo, demandar democracia y respeto a los acuerdos internacionales de los que el Estado de Nicaragua es parte, buscar espacios de diálogo reales con un régimen ilegítimo para superar esta crisis democrática y de derechos humanos”, indicaron las organizaciones.
Las relaciones entre Nicaragua y la Unión Europea se han mantenido tensas en los últimos cuatro años, debido a sanciones establecidas por Europa a familiares y allegados del presidente Ortega, así como a funcionarios e instituciones del gobierno, por señalamientos de violaciones a los derechos humanos. Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La crisis se agudizó en noviembre pasado, con la reelección de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con siete rivales de la oposición en la cárcel y dos en el exilio, tras lo cual se desató una segunda ola de cientos de miles de migrantes hacia el exterior.
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