“En Venezuela no hay desplazados, ¿no ve que Maduro les da todo?”, grita el dueño de un comercio a un hombre que está en la calle arreglando un carro.
–“¡Cuáles que todo! ¿No me ve aquí trabajando?”, responde el último con acento venezolano.
Puerto Carreño, capital del Vichada, separada de Venezuela por el majestuoso río Orinoco y, por el norte, con el río Meta, también tiene la frontera cerrada. “Lleva alrededor de 17 días así y según las noticias parece que el cierre va hasta los seis meses”, advierte Felipe Sánchez, vigilante de los botes que durante dos semanas han estado quietos en el puerto.
Para la persona que acaba de llegar, con ojos desprevenidos, parecería que en Carreño no está pasando nada. El puerto se abre amplio a orillas del Orinoco, las personas cumplen su rutina diaria y cuando se despejan las últimas lluvias que por las tardes anuncian la llegada del verano, al otro lado se ve la silueta de Venezuela. Tranquila a distancia. Pero Puerto Carreño es frontera, ese híbrido que los gobiernos no han sabido descifrar, y ahora sus habitantes sienten los efectos por estar incomunicados con el vecino país.
“Esto nos ha caído pésimo, porque hay cosas básicas, como la verdura, que uno sólo la consigue allá. Por ejemplo, un plátano lo conseguía por 500 pesos y ahora ya va por los mil”, advierte Sánchez, quien ha visto cómo en estos días los precios han empezado a variar. El galón de gasolina pasó de $2.000 a $7.000, el litro de aceite que antes llegaba a la puerta de la casa por $1.500 se encuentra en los supermercados a $3.800 y de las veinte personas que antes andaban alrededor del puerto dedicándose al cambio de bolívares, ahora solo se ve una esporádicamente. “Nuestros ingresos han disminuido en 80 %, ahora no tenemos clientes”, afirma Hernán Herrera, sentado detrás de un letrero donde se lee “Se cambian bolívares”.
Según explican los habitantes, Puerto Páez y El Burro, como se conoce a Puerto Nuevo, ya están militarizados. Por esto, la única esperanza que tienen para poder seguir moviendo el comercio con Venezuela está en Puerto Ayacucho. El único puerto que sigue abierto, a unos 100 kilómetros de distancia, frente a la población de Casuarito.
Precisamente por esta ruta es que acaba de llegar Francisco Reyes, un colombiano que reside en Venezuela desde hace 20 años y se dedica a vender material didáctico: enciclopedias, textos escolares y libros para niños. Para él es costumbre atravesar el Orinoco de dos a cuatro veces por mes. Cruzar ese gigante que se extiende entre Colombia y Venezuela era tan simple como atravesar la puerta de su casa. “Antes hacia el viaje por 3.000 bolos (bolívares)”, dice. Pero hoy, con la frontera cerrada, se le hizo más largo el camino.
“A mí me toca venir aquí por el cambio y porque tengo que ir a comprar libros a Bogotá. En este momento lo que más me ha afectado es el costo, porque de 1.500 ‘bolos’ el trayecto, se me subió como a 8.000 ‘bolos’ el viaje entero. Antes era agarrar por Puerto Páez, pero hoy me tocó salir desde Venezuela, llegar a Casuarito y de allá embarcarme hasta Carreño”, explica.
“Desde que yo vivo allá es la primera vez que escucho que cierran la frontera, porque Chávez, con sus ideales, aciertos y desaciertos, nunca lo hizo. Y tampoco maltrató a los colombianos, más bien les dio cédulas para que votaran por él. Pero ahora es una cacería de brujas, mucha gente está pensando en venirse antes de que los saquen o buscando venezolanos de confianza para poner sus bienes a nombre de ellos”, afirma Reyes. ¿Que si el consideraría venirse a Colombia? No. “No aguanta la pela venirme pa’cá a perder mis ahorros a como está el cambio”.
Según informó Gestión de Riesgo Municipal de Puerto Carreño a El Espectador, hasta el 25 de septiembre 191 personas han sido registradas en el RUD (Registro Único de Damnificados) por retorno voluntario; aproximadamente 56 personas han sido atendidas en los albergues de paso y solo se ha registrado un deportado. Con la ayuda de la FAC y la Policía, 38 personas han sido evacuadas a su ciudad de origen y otras cinco lo han hecho por sus propios medios. El cierre de la frontera se anunció el 16 de septiembre en el municipio de Apure, Venezuela.
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Justo al frente de la Terpel, cerrada porque es hora de la siesta, en el puerto están desembarcando coca-colas venezolanas. La gasolinera tiene por primera vez una fila de motos que esperan ser tanqueadas –antes solo la usaban los militares colombianos–. Al contrabando de coca-cola el cierre de la frontera no le ha afectado nada. “Que cierren la frontera no significa que el contrabando se acabe, porque que los que manejan esto son los de la Guardia”, se atreve a decir uno de los hombres que la descargan.
En eso coincide Felipe Sánchez, el vigilante de botes, quien asegura que los afectados no son los grandes contrabandistas, sino los que pasaban unos kilos de arroz o unas cositas para poder vender en el día a día. “Uno a veces los ve salir de noche, pero se arriesgan a que del otro lado los agarren las ‘pirañas’”, como llaman a la Guardia Venezolana. Reyes lamenta que los afectados siempre sean los habitantes. “Al gran contrabandista, como al mafioso, no le pasa nada, siempre joden al más pendejo con sus políticas de estado. Y eso sin contar que hay elecciones de allá y acá... para empeorar la cosa”.
Por María Mónica Monsalve
